En defensa de la mediación
La semana pasada la Cámara de Senadores de la Provincia de Salta trató el proyecto para la incorporación al sistema judicial de los juzgados de paz en nuestra provincia. El proyecto nace como iniciativa legislativa que mediante acordada N§ 12.158 remitió la Corte de Justicia de la Provincia de Salta por ante esa Cámara en fecha 01/08/2016.
El proyecto en cuestión es objetable en cuanto, de no hacerse modificaciones adecuadas, deja al instituto de la mediación al margen de la sostenida política pública que este gobierno hiciera de este instituto, el que, por otra parte, tantos reconocimientos ha logrado a nivel nacional e internacional por la aplicación del mismo sobre todo en nuestro interior, donde resulta ser el primer escalón de acceso a la justicia por parte de los ciudadanos.
La principal objeción, por nuestra parte como mediadores, es que el proyecto en su artículo 8 excluye a los procesos que se tramitan por juzgado de paz letrada de la mediación obligatoria, que fuera instituida por la ley 7.324/04- Dto 3456/09.
De ser así la pregunta que se impone es: ¿qué pasaría en las localidades donde no se creen estos juzgados? ¿Existiría la mediación obligatoria?
Y en los lugares donde se creen estos juzgados, si la mediación no es obligatoria: ¿quién acudiría a un centro de mediación? ¿Qué pasa con el principio de igualdad ante la ley?
Si así fuera, esto vulneraría los derechos constitucionales de los ciudadanos, creando, en consecuencia, desigualdad. Así las cosas y ante esta inconstitucionalidad manifiesta, nace evidente la derogación de la ley de mediación, advirtiendo una total incoherencia con la férrea voluntad del Gobierno de Salta con respecto a la mediación como política pública que no merece ser desvirtuada por intereses mezquinos o ignorancia.
Cabe destacar que de acuerdo a la modificación de la ley de mediación, en su artículo 44, el proceso de mediación pasó a ser un paso previo y obligatorio en toda la extensión de la provincia y esto fue aprobado ante ésta misma Cámara. Llama la atención la ausencia de un serio debate ante un cambio tan drástico en materia de política pública que tenga como protagonistas a los diferentes actores: Ministerio de DDHH y Justicia, como autoridad de aplicación de la vigente ley de mediación, referentes en mediación, mediadores, etc.
Pareciera que se desconoce que en la mayoría de los municipios donde se crearían estos juzgados de paz, existen centros de mediación comunitarios en pleno funcionamiento.
Por otra parte, prestamos el apoyo total al pronunciamiento efectuado a este respecto por el Colegio de Abogados, en el entendimiento de que el proyecto afecta la defensa en juicio, el debido proceso y el acceso a la Justicia. Estamos convencidos de que debemos sumar esfuerzos para acercar la justicia a los ciudadanos, no restar. La justicia de paz letrada y la mediación pueden coexistir. Derogar la mediación obligatoria sería retroceder en lo que tanto ha costado conseguir.
Salta es una provincia extensa y compleja en cuanto a su diversidad territorial y geográfica. La mediación ha sido la única herramienta en muchos casos con que la gente ha contado como un primer acercamiento a la Justicia. No podemos permitirnos, como salteños, perder un instituto que es nuestro orgullo y que resulta una extraordinaria herramienta de pacificación social.

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Sección Editorial

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