El juez federal Daniel Rafecas declaró ayer válidos los múltiples allanamientos que se realizaron en Río Gallegos y otras localidades del sur del país en el marco del caso Hotesur, ordenados por el magistrado Claudio Bonadio y efectuados por la Policía Metropolitana.
Lo hizo luego de que este jueves la Sala I de la Cámara Federal evitara pronunciarse sobre la validez de esos operativos ante un pedido del fiscal Germán Moldes para definir el alcance de la nulidad que ese mismo cuerpo había decretado.
Así, Rafecas declaró válidos los allanamientos que había dispuesto el anterior juez del caso, Bonadio, y que se llevaron a cabo, entre otros lugares, en la inmobiliaria de Máximo Kirchner, de donde se secuestró documentación.
A la vez, el juez denegó el pedido de la diputada nacional Margarita Stolbizer, denunciante del caso, de ser aceptada como parte querellante, lo que le permitiría pedir medidas de prueba.
Rafecas recordó que los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, de la Sala I de la Cámara Federal, decretaron la nulidad a raíz de una convocatoria a peritos contables que había hecho Bonadio para colaborar en el expediente y porque no le permitió tener acceso a las partes.
"Cuando se admite estar en presencia de un acto viciado, lo que devenga del mismo y hubiese sido a través de él obtenido, trae aparejado como efecto inmediato, conforme lo explican la doctrina y la jurisprudencia imperante en la materia, su eliminación del proceso", explicó el juez en su resolución.
La causa, con tintes de escándalo, es por una presunta maniobra de lavado de dinero a raíz de que la firma Hotesur, que explota el hotel Alto Calafate, había alquilado plazas hoteleras a personal de la empresa Valle Mitre, de Lázaro Báez, pero que las mismas nunca llegaron a ser ocupadas por los supuestos clientes.
Según la denuncia, esta peculiar situación podría ser una maniobra de lavado de dinero a la par que se investigan irregularidades por la no presentación de documentación en la Inspección General de Justicia (IGJ).
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El juez federal Daniel Rafecas declaró ayer válidos los múltiples allanamientos que se realizaron en Río Gallegos y otras localidades del sur del país en el marco del caso Hotesur, ordenados por el magistrado Claudio Bonadio y efectuados por la Policía Metropolitana.
Lo hizo luego de que este jueves la Sala I de la Cámara Federal evitara pronunciarse sobre la validez de esos operativos ante un pedido del fiscal Germán Moldes para definir el alcance de la nulidad que ese mismo cuerpo había decretado.
Así, Rafecas declaró válidos los allanamientos que había dispuesto el anterior juez del caso, Bonadio, y que se llevaron a cabo, entre otros lugares, en la inmobiliaria de Máximo Kirchner, de donde se secuestró documentación.
A la vez, el juez denegó el pedido de la diputada nacional Margarita Stolbizer, denunciante del caso, de ser aceptada como parte querellante, lo que le permitiría pedir medidas de prueba.
Rafecas recordó que los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, de la Sala I de la Cámara Federal, decretaron la nulidad a raíz de una convocatoria a peritos contables que había hecho Bonadio para colaborar en el expediente y porque no le permitió tener acceso a las partes.
"Cuando se admite estar en presencia de un acto viciado, lo que devenga del mismo y hubiese sido a través de él obtenido, trae aparejado como efecto inmediato, conforme lo explican la doctrina y la jurisprudencia imperante en la materia, su eliminación del proceso", explicó el juez en su resolución.
La causa, con tintes de escándalo, es por una presunta maniobra de lavado de dinero a raíz de que la firma Hotesur, que explota el hotel Alto Calafate, había alquilado plazas hoteleras a personal de la empresa Valle Mitre, de Lázaro Báez, pero que las mismas nunca llegaron a ser ocupadas por los supuestos clientes.
Según la denuncia, esta peculiar situación podría ser una maniobra de lavado de dinero a la par que se investigan irregularidades por la no presentación de documentación en la Inspección General de Justicia (IGJ).