Destacó que ellos defienden el cultivo, el consumo, la industrialización, todas las etapas de un mercado para su legalización y regularización.
Bolivia desconoció un tratado internacional y volvió adherirse a él con la reserva de que ahora pueden consumir tradicionalmente la hoja de coca.
Aclaró que ellos defienden que deben ejercer una política soberana, el derecho de diseñar sus propias leyes y que no se apeguen a los tratados internacionales o a ciertas directrices estadounidenses. Es que encontró una preocupación por regular el mercado de tal manera que no existan excedentes que se desvíen a la producción de cocaína; y un control social bastante efectivo para lograrlo; un consenso en cuanto a la imagen de coca que puede apoyar la industrialización del país.
Por ello son los mismos productores quienes realizan una vigilancia y control social para evitar que la producción desvíe hojas para el narcotráfico. "Ellos vigilan qué cantidad tienen de la planta, si se exceden en el área que tienen delimitado que llaman "el cato'' entonces la producción no está siendo muy legitima, la controlan y le dicen que no es correcto, y dentro de una comunidad un uso indebido es penalizado y la planta erradicada", dijo.
Sin embargo muchas veces la erradicación es voluntaria. El área delimitada y permitida, llamada "el cato" corresponde a un cultivo de 50 metros por 50 metros en las Yungas de La Paz, y en Chapare de 40 metros por 40 metros.
"Encuentro también el respeto a la tierra y a un cultivo orgánico que se está impulsando desde los Yungas de La Paz, y una sociedad bastante movilizada en cuanto a los derechos del consumo que tienen de la hoja de coca. Es una sociedad que llevó a las Naciones Unidas sus esfuerzos por despenalizar este consumo y que lo logra finalmente en 2013, bastantes características que hacen al caso boliviano uno muy particular en América Latina", precisó.
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Destacó que ellos defienden el cultivo, el consumo, la industrialización, todas las etapas de un mercado para su legalización y regularización.
Bolivia desconoció un tratado internacional y volvió adherirse a él con la reserva de que ahora pueden consumir tradicionalmente la hoja de coca.
Aclaró que ellos defienden que deben ejercer una política soberana, el derecho de diseñar sus propias leyes y que no se apeguen a los tratados internacionales o a ciertas directrices estadounidenses. Es que encontró una preocupación por regular el mercado de tal manera que no existan excedentes que se desvíen a la producción de cocaína; y un control social bastante efectivo para lograrlo; un consenso en cuanto a la imagen de coca que puede apoyar la industrialización del país.
Por ello son los mismos productores quienes realizan una vigilancia y control social para evitar que la producción desvíe hojas para el narcotráfico. "Ellos vigilan qué cantidad tienen de la planta, si se exceden en el área que tienen delimitado que llaman "el cato'' entonces la producción no está siendo muy legitima, la controlan y le dicen que no es correcto, y dentro de una comunidad un uso indebido es penalizado y la planta erradicada", dijo.
Sin embargo muchas veces la erradicación es voluntaria. El área delimitada y permitida, llamada "el cato" corresponde a un cultivo de 50 metros por 50 metros en las Yungas de La Paz, y en Chapare de 40 metros por 40 metros.
"Encuentro también el respeto a la tierra y a un cultivo orgánico que se está impulsando desde los Yungas de La Paz, y una sociedad bastante movilizada en cuanto a los derechos del consumo que tienen de la hoja de coca. Es una sociedad que llevó a las Naciones Unidas sus esfuerzos por despenalizar este consumo y que lo logra finalmente en 2013, bastantes características que hacen al caso boliviano uno muy particular en América Latina", precisó.