El presidente Mauricio Macri fue imputado ayer junto a su padre, el empresario Franco Macri, por la posible comisión de los delitos de "asociación ilícita" y "negociaciones incompatibles", entre otros, en el otorgamiento de rutas aéreas a Avianca.
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El presidente Mauricio Macri fue imputado ayer junto a su padre, el empresario Franco Macri, por la posible comisión de los delitos de "asociación ilícita" y "negociaciones incompatibles", entre otros, en el otorgamiento de rutas aéreas a Avianca.
El fiscal federal en lo Criminal y Correccional número 1, Jorge Di Lello, decidió investigar al mandatario por posibles irregularidades vinculadas con la explotación del espacio aéreo en perjuicio de Aerolíneas Argentinas.
Además del jefe de Estado fueron imputados el titular del grupo Sideco, Franco Macri; su par del grupo de empresas que conforma la línea aérea Avianca, Germán Efromovich; el CEO de Avian Líneas Aéreas, Carlos Benjamín Colunga López; y el de Unidos Air, Diego Martín Colunga López.
También fueron incluidos por Di Lello el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis; el director General de Logística de la Presidencia, Carlos Cobas; el director de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), Juan Pedro Irigoin; y el director nacional de Transporte Aéreo de ese organismo, Hernán Gómez.
En el expediente, el fiscal señaló que podrían haber cometido los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias en el marco de presuntas irregularidades vinculadas a la explotación del espacio aéreo argentino, puntualmente en el otorgamiento de rutas a Avianca.
La firma está en el centro de la polémica porque en 2016 adquirió la firma Macair Jet, propiedad del grupo económico liderado por Franco Macri.
De esta manera, Di Lello retomó la denuncia que habían presentado los diputados nacionales del FPV Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié.
Asimismo, en su dictamen el fiscal apuntó a la decisión del Gobierno de dejar de utilizar la flota de aviones presidenciales y trasladarse con "servicios de empresas privadas". En la presentación judicial, los legisladores opositores criticaban "la privatización del servicio de traslado de funcionarios y las denuncias por el uso de aviones de la empresa familiar".