La Sala I de la Cámara Federal resolvió hoy dejar en libertad a Cristóbal López y a su socio Fabián De Sousa, dos de los empresarios más cercanos al kirchnerismo, informó esta mañana La Nación. Los jueces consideraron que su libertad no pone en riesgo la investigación por haber retenido impuestos a los combustibles por 8000 millones de pesos de su petrolera Oil.
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La Sala I de la Cámara Federal resolvió hoy dejar en libertad a Cristóbal López y a su socio Fabián De Sousa, dos de los empresarios más cercanos al kirchnerismo, informó esta mañana La Nación. Los jueces consideraron que su libertad no pone en riesgo la investigación por haber retenido impuestos a los combustibles por 8000 millones de pesos de su petrolera Oil.
Además, los magistrados resolvieron cambiar la carátula de la causa: estaban procesados como partícipes necesarios de administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado nacional y ahora serán investigados por evasión, un cambio que favorece al "zar del juego".
Los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah votaron por revocar la detención de López y de De Sousa. Leopoldo Bruglia, por el contrario, consideró que debían seguir detenidos. El delito de administración fraudulenta prevé una pena mayor que el delito de evasión, por lo que el cambio beneficia a los empresarios dueños del Grupo Indalo.
López, detenido en prisión preventiva desde el 20 de diciembre último por orden del juez federal Julián Ercolini por la retención indebida del impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC), sería liberado esta tarde. En esta causa también está procesado, pero sin prisión preventiva, Ricardo Echegaray , extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), acusado de permitir que López no pagara sus deudas fiscales.
El dictamen firmado por Ballestero y Farah consideró que tanto López como su socio pueden esperar el desenlace de la causa en libertad, según informaron fuentes judiciales.
El cambio de delito no haría peligrar el desarrollo de la causa en la justicia penal federal, ya que la Cámara de Casación había ordenado el año pasado que este fuero investigara la maniobra del Grupo Indalo.
El expediente se inició en marzo de 2016 tras una investigación de LA NACION que motivó una denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió .