El vicegobernador de la provincia, Alberto Bernis, sostuvo que el dictamen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declarándose incompetente en la causa contra la Constitución Provincial, "ratifica que este tema fue y es de los jujeños" y remarcó que "no hay inconstitucionalidad" en el proceso de reforma.
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El vicegobernador de la provincia, Alberto Bernis, sostuvo que el dictamen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declarándose incompetente en la causa contra la Constitución Provincial, "ratifica que este tema fue y es de los jujeños" y remarcó que "no hay inconstitucionalidad" en el proceso de reforma.
"Ahora es la Corte Suprema de Justicia de Jujuy el órgano que deberá atender una cuestión que es de los jujeños", puntualizó.
Por otra parte, resaltó que la Constitución de la Provincia "reconoce y amplía derechos y garantías, aún para los sectores sociales y políticos que reclamaron en su contra".
"Es una Constitución moderna que el pueblo jujeño sabrá entenderla y valorarla con el tiempo", consideró y subrayó que "asegura igualdad, libertades, desarrollo y bienestar para todos".
Bernis estimó que "tal vez seguiremos escuchando chicanas y críticas de parte de quienes no quieren a Jujuy, sin embargo queda claro que el proceso de reforma se hizo como corresponde".
La situación
La Corte de la Nación se declaró incompetente en dos planteos contra la reforma de la Constitución de Jujuy, sancionada en junio de este año, al considerar que no corresponden a su competencia originaria.
En uno de los casos, organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos (Andhes), entre otras, promovieron una acción de amparo para que no se aplique el artículo 67, inciso 4 (referido a la protesta social), de la Constitución provincial reformada.
Las entidades consideraron que esa norma violaba varios artículos de la Constitución Nacional y de tratados internacionales sobre Derechos Humanos.
En el otro caso, ciudadanos de San Salvador de Jujuy buscaron impugnar la reforma y solicitaron la nulidad del proceso, la inconstitucionalidad y una medida cautelar para suspender la aplicación de más de 50 artículos.