El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, confirmó que el Gobierno impulsará un aumento de las tarifas energéticas en noviembre, justo después de las elecciones.
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El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, confirmó que el Gobierno impulsará un aumento de las tarifas energéticas en noviembre, justo después de las elecciones.
La decisión tendrá impacto inflacionario y se enmarca en la exigencia del FMI, que en el texto de la quinta y sexta revisión del Staff Report había planteado que la medida se tomaría el 1 de septiembre, con aumentos para los sectores de bajo y mediano ingreso.
El Gobierno proyecta que el redireccionamiento de los subsidios energéticos contribuirá a acercar el déficit fiscal a la meta de 1,9% del PBI, número que fue confirmado en el proyecto del Presupuesto 2024 ya ingresado al Congreso para su debate. Para analistas, las tarifas presentan un retraso tal, en los últimos cuatro años de la gestión del presidente Alberto Fernández, que deberían subir un 54% para alcanzar a la inflación general, que para septiembre proyecta una suba de alrededor del 11%.
Luego de la devaluación post PASO que implicó una disparada en los precios del 12,4% en agosto, Rubinstein explicó que "se tomó la decisión de posponer los aumentos de tarifas esperando que la situación se calme". "Había un aumento previsto para noviembre, seguramente allí se retomará el sendero", confirmó el funcionario en declaraciones televisivas y aclaró que las tarifas "tuvieron subas durante todo el año".
Septiembre arrancó con una moderación en los precios tras el pico de 4,8% de la tercera semana de agosto. La desaceleración, aun en niveles altos, se mantendrá hasta octubre, según analistas. Sin embargo, la suba del dólar oficial dejó un arrastre estadístico de casi 7 puntos para el IPC de septiembre, que mide promedios mensuales, por lo que se mantendrá en las dos cifras.
Aunque no fue anunciado oficialmente, congelar los precios de la energía formó parte de la batería de medidas encaradas por el ministro de Economía, Sergio Massa, a fin de contener los ingresos frente a la inercia inflacionaria. Esas políticas, que incluyeron sumas fijas, bonos para jubilados y créditos subsidiados para Pymes y devoluciones de impuestos, llevaron a las proyecciones para el déficit primario del 2023 al 2,7% del PBI, casi un punto arriba que el 1,9% que exige el Fondo.
Rubinstein explicó: "El año pasado tuvimos 2,5% de déficit y estamos haciendo un gran esfuerzo por bajar un punto en una economía donde por la sequía se perdieron 3 puntos del PBI. Cuando hay recesión, aumenta el déficit y nosotros lo estamos bajando haciendo un montón de esfuerzo para llegar a la meta convenida con el Fondo".
Sin embargo, en el Staff Report de la quinta y sexta revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas firmado con el FMI a fines de julio, el Gobierno se comprometió a "ajustar los precios de la electricidad desde el 1 de septiembre, para los usuarios residenciales de renta baja y media, de acuerdo con la legislación y los objetivos de recuperación de costes acordados". Lo mismo regiría para los precios del gas natural.
De todos modos, el Gobierno mantiene su optimismo y, en el Presupuesto 2024 que envió al Congreso, conservó el objetivo de déficit del sector público en 1,9%, ya que confía en que se llegará a la meta tras el nuevo redireccionamiento de los subsidios energéticos, un recorte de las transferencias y una revisión del gasto de capital. Lo que suceda después de las elecciones con el descongelamiento de tarifas será clave para aprobar la revisión de noviembre con el FMI y acceder a los DEG que quedan para el 2023.
En esa línea, el jefe de Research de Romano Group, Salvador Vitelli, señaló que durante los cuatro años de la gestión de Alberto Fernández las tarifas presentaron un retraso tal que deberán aumentar un 54% para alcanzar a la inflación general.