A principios del mes de enero, la justicia jujeña ordenó la detención de dos hombres luego de ser denunciados por publicaciones en las redes sociales y lesionar los derechos de una niña de apenas dos años, hija del exgobernador de la provincia, Gerardo Morales.
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A principios del mes de enero, la justicia jujeña ordenó la detención de dos hombres luego de ser denunciados por publicaciones en las redes sociales y lesionar los derechos de una niña de apenas dos años, hija del exgobernador de la provincia, Gerardo Morales.
En la jornada de ayer el fiscal habilitado en la feria judicial Walter Rondón brindó una conferencia de prensa junto a su par, Guillermo Beller, donde dieron detalles sobre los avances de la investigación y aclaró a la sociedad los motivos de la promoción de acción penal en contra de los implicados.
Se trata de Roque Villegas y del docente universitario oriundo de la provincia de Salta Nahuel Morandini, quienes son investigados por publicar la imagen de una niña de dos años, mofándose de una presunta situación sentimental, con claro ánimo de ofender.
Al respecto, Rondón dijo que "cuando se ataca a un ser indefenso, el Estado debe estar presente por una manda constitucional e internacional" y además afirmó que el proceso que se sustancia contra el docente salteño y el jujeño y Villegas, por los ataques en redes sociales contra la hija del exgobernador, "se lleva a cabo conforme a derecho y cumple con las etapas procesales" que marca la ley.
"Quiero dejar en claro que el Ministerio Público de la Acusación trabajó con total independencia de la paternidad, es decir de quién es hija la víctima", agregó para poner de relieve que "el expediente judicial se inició, con el fin de dar cumplimiento a la protección integral de los derechos del niño".
"El artículo 46 de la Constitución provincial consagra obligaciones fundamentales del Estado y de todos los actores de la Justicia en la protección integral y del supremo interés del niño", dijo que "esto no es un simple chiste ni un mero posteo", sino que se ha producido un delito tipificado por el artículo 139 inciso 2 del Código Penal, que implica en este caso "un daño inconmensurable en contra de una criatura de dos años". Puntualizó que asimismo se amplió la imputación por acción psicológica en el contexto de violencia de género, ya que "también hay una madre que se ve afectada y se promovió la acción penal".
En cuanto a las publicaciones en las redes sociales, donde se pretendía instalar que con estas medidas judiciales se ponía en tela de juicio la libertad de expresión, el fiscal dijo que "la protección a la víctima no significa poner una mordaza a la libertad de expresión" y en este sentido señaló que "la Constitución de la Nación consagra derechos y garantías, pero no son derechos absolutos; cada derecho uno lo tiene que ejercer dentro de un margen de legalidad".
Consultado acerca de si esto es poner límites sobre la libertad de expresión, estimó que ésta "es un derecho insoslayable, pero uno tiene que publicar con conocimiento y testeo de la información respecto de las personas, que son sujetos de derecho y los niños son sujetos de derechos: entonces, al hacer un comentario se debe ser cuidadoso de no producir un daño mayor".
En la última audiencia que se celebró por este expediente judicial "el ultimo juez de Control (habilitado en la feria) que intervino sacó una resolución en donde a cualquier medio se le va a ordenar abstenerse de continuar (publicando) porque estamos replicando el delito y se van a hacer sanciones condenatorias".
En otro orden, afirmó que en la causa "se cumplieron las etapas procesales que marca el Código" y resaltó que "este nuevo código que tenemos en Jujuy permite una celeridad en las causas que antes no existía porque estábamos con un proceso inquisitivo y los juicios demoraban años y años".
"Se hizo la audiencia de imputación, se consagró la imputación, se acogió por el juez de control la imputación, se pidió prisión preventiva a los imputados y se hizo lugar porque acá hay que considerar el daño, que no es el daño material; pensemos que se ha posteado contra la integridad de una persona menor de dos años, que no se puede defender y no sabemos esas secuelas cuándo pueden terminar y esto es grave", explicó.
Sobre la situación procesal de los detenidos, el agente fiscal sostuvo que "se hicieron dos audiencias pidiendo el cese de detención y el Juzgado de Control no hizo lugar; hubo una cuarta audiencia de impugnación con un Tribunal colegiado por tres jueces y tampoco tuvo resultados para la situación de los imputados. La próxima audiencia es la audiencia de Control de Acusación con requerimiento de citación a juicio, lo que es la antesala del juicio oral", dijo Rondón.
Además, el representante fiscal aclaró que se pudo comprobar que "la intención está" ya que "de la extracción de datos que hicimos del teléfono, esta maniobra estaba pergeñada desde antes del mes de diciembre, cuando se viralizó".
"Acá se puso la cara de la menor y esto es grave, hay una intención clara que tienen algunas personas de invisibilizar el delito, no es una broma de mal gusto, es una clara intención, hay un dolo directo, se quería producir esto", consideró.
"Hay que hacerse cargo"
El fiscal Walter Rondón explicó la gravedad de los hechos que se investigan, "es la intención clara que tienen algunas personas de invisibilizar el delito, no se trata de una broma de mal gusto, es una clara intención y hay dolo directo, esto quiere decir que estas personas querían producir este efecto, porque el código no exige que se altera el estado civil, sino alterar de cualquier modo porque es una protección integral que tiene mandas constitucionales e internacionales, está la Convención Internacional, la Constitución de la Nación, la Constitución de la Provincia, la Ley de Protección Integral de la Mujer, porque también una madre que se ve afectada y se han promovido las acciones penales".
Por otra parte el fiscal dijo que no descarta que se amplíe la imputación sobre estas personas, en el contexto de violencia de género. "Uno puede decir lo que quiera pero se tiene que hacer cargo, uno tiene que decir lo que corresponde y cuando uno ataca una niña, que no se puede defender, el Estado debe intervenir".