"Respondabilidad", la obligación de rendir cuentas

Esto que parece mal escrito, en realidad es un término que ya desde hace tiempo se viene utilizando, como traducción del término "accountability" y sería un derivado del término "responderé" y refiere qué o a quiénes se atribuye esta respondabilidad, o esta obligación de responder.
Pues bien, en democracia significa la responsabilidad ante la comunidad de los funcionarios públicos, electos o designados, de rendir cuentas , que no es forzosamente, o solamente la obligación de rendición de la utilización de los fondos públicos bajo su administración, sino que comprende también la obligación de responder como obligación y el compromiso moral y legal frente a los ciudadanos.
Esta obligación no obstante estar incluida tanto en la Constitución Nacional como en la provincial, no ha sido "internalizada", ni por los funcionarios ni tampoco advertida por una parte de los ciudadanos.
Está prevista cuando en la normas se exigen control de gestión, también cuando está previsto la participación ciudadana en determinados actos u acciones de la administración como requisito previo, a la toma de decisiones.
Y que es el control ciudadano, sino la contracara de esta obligación de responder de los funcionarios. Porque tienen la obligación moral, y ética de responder a los ciudadanos cuando estos le requieren información de actos que la administración está proyectando o realizando.
La obligación moral y legal surge desde el momento de la presentación del proyecto de presupuesto a la legislatura, cuando debe explicar cómo y para qué serán destinados los fondos públicos.
Y desde el momento que presentan una plataforma política que se compromete a cumplir cuando requiere el voto de los ciudadanos para acceder a un cargo público.
La respondabilidad involucra a todo acto público, a la obligación de responder, de responsabilizarse moralmente de los resultados de su acción y gestión, sea esto para bien o para mal.
Sean los resultados positivos o negativos. Esto va más allá de lo que establecen los Códigos Penales y Civiles y las normas de Derecho Administrativos, frente al abuso de confianza, la estafa, el embauque, la corrupción, a la que se refirió el Papa Francisco en su mensaje del año Nuevo 2015, cuando señaló: "¡Es necesaria una gran y cotidiana actitud de libertad cristiana para tener el coraje de proclamar, en nuestra Ciudad, que hay que defender a los pobres, y no defenderse de los pobres, que hay que servir a los débiles y no servirse de los débiles. Porque cuando una sociedad ignora a los pobres, los persigue, los criminaliza, los obliga a "mafiarse", esa sociedad se empobrece hasta la miseria, pierde la libertad y prefiere 'el ajo y las cebollas' de la esclavitud."
Esa es la ética del cristiano, es la ética de la verdad, de la transparencia, de la democracia, reitero.
Es devolver la ética, los valores, los principios, a la política pública, la gestión pública.
Ética, que debe primar en toda acción de gobierno. La ética de las decisiones, de las prioridades, de la democracia.
Surge entonces allí la pregunta sobre si hace falta un Código de Ética. Y existen diversas respuestas; algunos dicen que está contemplada en la génesis de la función pública. Otros como yo, creemos que por lo menos en la justicia hace falta un Código de Ética.
Al respecto ya existen varias provincias que lo tienen. Es un elemento más, diríamos una herramienta más para generar confianza en la justicia, la transparencia.
Debería estar implícita también en los otros poderes del Estado, y debería haber una sanción ética, además de una sanción penal o administrativa.
"Esta respondabilidad significa que no puede actuar en el anonimato, porque aunque no pudiese ser juzgado ante tribunales, sí debe ser sometido al juicio de sus pares, de su comunidad, o de la opinión pública bien informada."
"Esa es la real democracia: una sociedad donde el gobernante se sabe juzgado a diario, y donde el ciudadano asume la propia respondabilidad de medir con ecuanimidad y sabiduría a sus gobernantes o autoridades. No hay democracia sin ciudadanos involucrados, y no hay ciudadanos inermes ante el poder ya que su derecho de exigir no se limita al voto, sino que debe ejercerse a través de los medios de comunicación, las organizaciones de base y las redes de interacción comunal que existen en todo grupo humano."
Comparto esta opinión de Lupe Andrade Salmón. (la Prensa de Bolivia junio 1999).
La respondabilidad permite al ciudadano distinguir al funcionario honesto dedicado del que no lo es. Permite igualmente evitar las acusaciones infundadas, muchas veces escondidas en el anonimato.
Significa que los comunicadores tienen la obligación de verificar las denuncias antes de publicarlas y que las acciones positivas tienen tanto derecho a ser pesados en la balanza de la opinión, como las disvaliosas.
"La respondabilidad nos enfrenta a un nuevo reto: las responsabilidades, cargas y tareas compartidas, entre los funcionarios, los candidatos y los ciudadanos comunes, donde el ciudadano debe asumir a plenitud su propio rol; sabedor de que si tiene malas autoridades, es también en parte por culpa suya; que en la hora de elegir tiene su propia carga de obligaciones morales, y que es un actor activo y respondable en lo bueno y malo de su comunidad, su ciudad, su país y su gobierno."
Con esta nueva visión y oportunidad que tenemos de participar, de hacernos escuchar , debemos actuar con mayor seriedad, todos.
Los que están, los que aspiran a estar, y nosotros los ciudadanos que votamos para que dirijan con respondabilidad el destino de nuestra provincia y del país.

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