En entrevista con El Tribuno, Sergio Usandivaras, coordinador de Tierra y Hábitat, señaló que aún no se llega a una solución ante la ocupación de terrenos privados en Cafayate a manos de unas 900 familias desde hace un mes, porque las familias se oponen a cumplir con los requisitos demandados por el organismo para la entrega de terrenos.
“El lunes pasado personal de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat debía entrevistarse con cada familia para determinar sus necesidades, pero se negaron rotundamente.Para entregar tierras, debemos constatar la realidad de cada familia”, señaló Usandivaras.
Informó que los requisitos para acceder a un terreno son ser mayor de edad, tener hijos a cargo, no poseer un bien a su nombre y cinco años de residencia en el lugar.
De los 900 expedientes que ingresaron al organismo resta en muchos casos comprobar la residencia en la zona y llevar adelante las evaluaciones ambientales, que consisten en entrevistas con cada familia para determinar la necesidad real de vivienda y la posibilidad de pago del terreno.
“No solo las familias se negaron, sino que tampoco garantizaron la seguridad física de nuestro personal. Por eso, debieron retornar a Salta sin poder avanzar en el tema. Al analizar los expedientes se detectó que muchos no tenían los cinco años de residencia solicitados. Ahí fue cuando comenzó la discusión con los vecinos, ya que muchos poseen el DNI nuevo, donde no consta el domicilio anterior. En ese caso se les ofreció presentar boletas de servicio o carné de vacunación de los hijos, para acreditar la residencia”, destacó el coordinador del organismo público.
No obstante, las familias se oponen a la aplicación de ambos requisitos para la entrega de los terrenos, porque señalan que todos tienen la necesidad de contar con un terreno propio y que no quieren más dilaciones en el asunto.
“Este es el procedimiento que se emplea en todos los casos. Tenemos más de 100 denuncias de adjudicaciones irregulares de las 628 unidades habitacionales entregadas el año pasado y no queremos que la situación se repita”, dijo Usandivaras.
Al respecto, agregó que el organismo detectó 20 unidades en dicha barriada que se encuentran deshabitadas.
“Necesitamos saber quiénes están en condiciones de pagar los terrenos y poder negociar con la empresa que realice los loteos. De hecho, ya estamos en conversaciones con dos firmas, pero si las familias no acceden a cumplir con los requisitos, no se destrabará el problema”.
“Si no nos permiten hacer este relevamiento no se llegará a una solución, que debe darse según la necesidad detectada en los relevamientos y las posibilidades del Gobierno. No vamos a dejar sola a la gente, les vamos a dar solución en la medida de lo posible. Entendemos la necesidad real que existe y vamos a dar una solución”, finalizó Usandivaras.
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En entrevista con El Tribuno, Sergio Usandivaras, coordinador de Tierra y Hábitat, señaló que aún no se llega a una solución ante la ocupación de terrenos privados en Cafayate a manos de unas 900 familias desde hace un mes, porque las familias se oponen a cumplir con los requisitos demandados por el organismo para la entrega de terrenos.
“El lunes pasado personal de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat debía entrevistarse con cada familia para determinar sus necesidades, pero se negaron rotundamente.Para entregar tierras, debemos constatar la realidad de cada familia”, señaló Usandivaras.
Informó que los requisitos para acceder a un terreno son ser mayor de edad, tener hijos a cargo, no poseer un bien a su nombre y cinco años de residencia en el lugar.
De los 900 expedientes que ingresaron al organismo resta en muchos casos comprobar la residencia en la zona y llevar adelante las evaluaciones ambientales, que consisten en entrevistas con cada familia para determinar la necesidad real de vivienda y la posibilidad de pago del terreno.
“No solo las familias se negaron, sino que tampoco garantizaron la seguridad física de nuestro personal. Por eso, debieron retornar a Salta sin poder avanzar en el tema. Al analizar los expedientes se detectó que muchos no tenían los cinco años de residencia solicitados. Ahí fue cuando comenzó la discusión con los vecinos, ya que muchos poseen el DNI nuevo, donde no consta el domicilio anterior. En ese caso se les ofreció presentar boletas de servicio o carné de vacunación de los hijos, para acreditar la residencia”, destacó el coordinador del organismo público.
No obstante, las familias se oponen a la aplicación de ambos requisitos para la entrega de los terrenos, porque señalan que todos tienen la necesidad de contar con un terreno propio y que no quieren más dilaciones en el asunto.
“Este es el procedimiento que se emplea en todos los casos. Tenemos más de 100 denuncias de adjudicaciones irregulares de las 628 unidades habitacionales entregadas el año pasado y no queremos que la situación se repita”, dijo Usandivaras.
Al respecto, agregó que el organismo detectó 20 unidades en dicha barriada que se encuentran deshabitadas.
“Necesitamos saber quiénes están en condiciones de pagar los terrenos y poder negociar con la empresa que realice los loteos. De hecho, ya estamos en conversaciones con dos firmas, pero si las familias no acceden a cumplir con los requisitos, no se destrabará el problema”.
“Si no nos permiten hacer este relevamiento no se llegará a una solución, que debe darse según la necesidad detectada en los relevamientos y las posibilidades del Gobierno. No vamos a dejar sola a la gente, les vamos a dar solución en la medida de lo posible. Entendemos la necesidad real que existe y vamos a dar una solución”, finalizó Usandivaras.