Un empleado de la fiscalía a cargo de Guillermo Marijuan atendió un llamado con una amenaza y presentó una denuncia ante la Cámara Federal. Salió sorteado el juzgado de Sebastián Casanello.
“Si apela, matamos a sus hijas”, dijeron al teléfono; según confirmaron fuentes judiciales.
Marijuan es el fiscal federal que investiga al empresario kirchnerista Lázaro Báez, quien el viernes último quedó imputado formalmente en la causa que investiga presunto lavado de dinero.
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Un empleado de la fiscalía a cargo de Guillermo Marijuan atendió un llamado con una amenaza y presentó una denuncia ante la Cámara Federal. Salió sorteado el juzgado de Sebastián Casanello.
“Si apela, matamos a sus hijas”, dijeron al teléfono; según confirmaron fuentes judiciales.
Marijuan es el fiscal federal que investiga al empresario kirchnerista Lázaro Báez, quien el viernes último quedó imputado formalmente en la causa que investiga presunto lavado de dinero.
El fiscal federal volvió de su licencia y amplió la acusación a Báez y a su hijo Martín; al contador Daniel Pérez Gadín y a Fabián Rossi. El caso tomó así una nueva dimensión. Hasta entonces, la fiscalía sólo había apuntado a movimientos de fondos puntuales de dos supuestos lavadores de dinero: Leonardo Fariña y Federico Elaskar.
El dictamen de Marijuan fue durísimo contra los fiscales que actuaron en su ausencia, especialmente contra Carlos Gonella, titular de la flamante Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que creó la procuradora Alejandra Gils Carbó.
“No puedo iniciar esta presentación sin manifestar mi enorme sorpresa y desagrado”, reza la primera línea de su escrito. Según el fiscal, quienes lo reemplazaron “obviaron” pedir que se investigara buena parte de lo denunciado “vaya a saber con qué propósito”.
Este fin de semana, Marijuan ya había sufrido intimidaciones. Según un abogado que dijo haber presenciado el incidente , un desconocido le dejó una carta en la mesa de un bar en la que le advertían que lo iban a “limpiar”. Marijuan negó esta información, no presentó ninguna denuncia y sólo admitió ante sus colaboradores que sufrió “aprietes”.
Fuente: La Nación