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Natalia Buira: ?En vez de velar por los derechos, López Viñals los vulnera?

Viernes, 19 de julio de 2013 11:07

La situación de desigualdad e inferioridad laboral de un importante grupo de trabajadores precarizados del Ministerio Público está desnudando la irregularidad con la que maneja al organismo el procurador general de la Provincia, Pablo López Viñals.

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La situación de desigualdad e inferioridad laboral de un importante grupo de trabajadores precarizados del Ministerio Público está desnudando la irregularidad con la que maneja al organismo el procurador general de la Provincia, Pablo López Viñals.

En el Ministerio Público trabaja un importante número de empleados que, desde hace dos a seis años, están en calidad de contratados, pese a que la ley prohíbe este tipo de situaciones.

La defensora oficial Nº 4, Natalia Buira, había presentado un pedido para que López Viñals informe la cantidad de contratados, fecha de ingreso y área en la que se desempeñan. Lo hizo mediante una nota del 25 de junio que nunca fue contestada.

“Tras 16 días sin respuesta, el 11 de julio último presenté una nueva nota reiterando el pedido y recordándole al Procurador la importancia del derecho de acceso a la información pública”, indicó Buira a El Tribuno.

En la nota elevada a López Viñals, Buira le recuerda que luego de que realizara sendas presentaciones ante la Secretaría de Trabajo y el Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia (ambos organismos se declararon incompetentes) por la “vulneración de derechos humanos fundamentales -especialmente de derechos laborales- del personal contratado en el ámbito del Ministerio Público, y contraviniendo estos contratos normas de rango constitucional, es que a los fines de evaluar una eventual presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, solicito la siguiente información: listado completo de agentes del Ministerio Público que a la fecha de esta presentación se encuentran como personal contratado, es decir que no pertenecen a planta permanente del organismo. Así como también fecha de ingreso y área en que se desempeña cada uno de ellos”.

La defensora oficial manifestó a este diario que el pedido que hizo lo puede realizar cualquier ciudadano. “El derecho del acceso a la información pública es uno de los más importantes para el control del poder y el respeto a la democracia porque permite que todos puedan constituirse en auditores del Estado”.

La carta enviada al Procurador le recuerda que “el derecho a la información pública encuentra sustento normativo en los artículos 1, 14 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, artículos 23 y 61 de la Constitución de la Provincia de Salta y en los tratados internacionales de Derechos Humanos, en especial en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.

“López Viñals no responde y vulnera el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la participación social. Esta actitud implica una apropiación y ocultamiento de algo que no le pertenece sino que es del pueblo. Así, el funcionario defrauda la fe pública, es una afrenta”, denunció.

Buira indicó que necesita estos datos para hacer una denuncia ante el Inadi, por discriminación a los empleados en situación precaria; y otra ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, por la vulneración de sus derechos laborales.

“Esta no es información reservada ni confidencial porque son empleados públicos y su situación no puede tener un carácter secreto nunca. La negativa al acceso a la información es inconstitucional y pone a López Viñals en una situación de incumplimiento de deberes de funcionario público”, advirtió la defensora oficial.

Finalmente, Buira advirtió que “el derecho a la información pública previene violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto denegarlo guardando silencio coloca a quien niega la información en la posición de incumplimiento de los deberes fijados por la Constitución Provincial, artículo 166 incisos a y c, es decir, actuar en defensa de la legalidad y velar por el respeto de los derechos, deberes, principios y garantías constitucionales”.

Acceso a la información pública, un derecho humano

En diálogo con El Tribuno, la defensora oficial N§ 4, Natalia Buira, indicó que “el derecho de acceso a la información en poder del Estado es un derecho humano que posibilita a las personas investigar los problemas de la comunidad, controlar a los funcionarios y participar en la vida política del Estado”.

“El derecho de acceso a la información pública se sustenta también en el derecho a la participación social efectiva de los ciudadanos”, señaló.

Buira destacó dos casos testigo a nivel nacional en los que la Justicia debió intervenir para que organismos del Estado cumplan con su obligación de, ante solicitudes de ciudadanos, entregar documentos que contengan información pública: se trata de los casos de Ciccone y el de los contratos de la Televisión Pública.

Antecedentes

En el primero, el diputado nacional Ricardo Gil Lavedra debió presentar un recurso de amparo luego de que la Inspección General de Justicia (IGJ) le negara información pública sobre las sociedades vinculadas al caso Ciccone. En el caso intervino la sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que ordenó a la IGJ entregar la información requerida.

En el segundo caso, la jueza María José Sarmiento, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, hizo lugar a la acción de amparo iniciada por la periodista Mariel Fitz Patrick, quien buscaba acceder a los contratos celebrados por el Estado con la productora “Pensado Para Televisión”, que le habían sido negados en enero de este año.
 

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