El proyecto de modificación de la ley de abastecimiento viene cobrando fuerza en los últimos días, sobre todo, a medida que su tramitación avanza por los salones del Congreso Nacional. Y mientras avanza, las voces en contra se van sumando.
A nivel local hay preocupación, pero hasta ahora no hay acciones formales para levantar la voz en conjunto como ya lo han hecho a nivel nacional instituciones como la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio y la Sociedad Rural Argentina.
El proyecto, incluye, entre otros puntos, un endurecimiento del Estado en lo que respecta al abastecimiento de bienes y cumplimiento de servicios y hasta genera un marco regulatorio para el proceso de formación de precios. Prevé también sanciones por incumplimiento que van desde multas, clausura, inhabilitación, decomiso y, en caso de reincidencia, clausura definitiva para quienes eleven injustificadamente los precios, acaparen materias primas y productos y nieguen o restrinjan arbitrariamente la venta de bienes o una prestación de servicios, entre otros puntos.
En Salta existe un intercambio de opiniones entre las empresas y comercios, pero no han emitido hasta el momento comunicados. Sin embargo, a nivel particular, algunos ya manifestaron su preocupación. Entre ellos se encuentra Juan José Soler, presidente de Cerámica del Norte quien, en comunicación con El Tribuno expresó: "Es un proyecto que trae aparejado un incremento del mercado negro y profundiza la especulación. Son leyes retrógradas en un país donde la política debe ser dinámica, donde la oferta y la demanda deben ir dando lugar al equilibrio de precios equitativos. Todo instrumento que quiera pasar a un grado alto de intervencionismo es nefasto y solo consigue resultados negativos. Son herramientas de represión que no logran el fin último de tener los productos en las góndolas, así como es ficticio determinar el valor desde un despacho".
Soler recordó que la ley nace en la década del 70, frente a un altísimo intervencionismo del Estado que generó mas situaciones negativas que positivas. "Es más un instrumento de presión que de soluciones rápidas. Una herramienta que el Estado tiene para cuando la variable económica se escapa de las manos. Porque cuando se empiezan a perder los instrumentos de control empiezan a aparecer los de acción represiva", sentenció.
Por su parte, Daniel Chávez Díaz, presidente de la Unión Industrial de Salta, consideró que el proyecto no favorece el ambiente de negocios y no va a contribuir a que la economía mejore. "Es una forma de avanzar en términos de intervención del Estado que no queremos en absoluto, porque son medidas que terminan caratulando a la Argentina como un país no amigable. Hay que tener mucho cuidado", consideró.
"A nivel local hay un movimiento de la mesa multisectorial de entidades. Coincidimos en que la situación del país no es de las mejores. Aunque todavía no se discutió específicamente el proyecto mencionado, esto está en la agenda", agregó. Chávez Díaz aclaró que no tiene muchas expectativas en que el Gobierno de la Provincia se movilice en este sentido. "Tenemos que sincerarnos y saber que de verdad el gobierno provincial puede hacer poco y nada. Quienes mueven la aguja son los agentes a nivel federal. También queremos que mejoren la institucionalidad y el federalismo, que no se está aplicando".
A nivel local hay preocupación, pero hasta ahora no hay acciones formales para levantar la voz en conjunto como ya lo han hecho a nivel nacional instituciones como la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio y la Sociedad Rural Argentina.
El proyecto, incluye, entre otros puntos, un endurecimiento del Estado en lo que respecta al abastecimiento de bienes y cumplimiento de servicios y hasta genera un marco regulatorio para el proceso de formación de precios. Prevé también sanciones por incumplimiento que van desde multas, clausura, inhabilitación, decomiso y, en caso de reincidencia, clausura definitiva para quienes eleven injustificadamente los precios, acaparen materias primas y productos y nieguen o restrinjan arbitrariamente la venta de bienes o una prestación de servicios, entre otros puntos.
En Salta existe un intercambio de opiniones entre las empresas y comercios, pero no han emitido hasta el momento comunicados. Sin embargo, a nivel particular, algunos ya manifestaron su preocupación. Entre ellos se encuentra Juan José Soler, presidente de Cerámica del Norte quien, en comunicación con El Tribuno expresó: "Es un proyecto que trae aparejado un incremento del mercado negro y profundiza la especulación. Son leyes retrógradas en un país donde la política debe ser dinámica, donde la oferta y la demanda deben ir dando lugar al equilibrio de precios equitativos. Todo instrumento que quiera pasar a un grado alto de intervencionismo es nefasto y solo consigue resultados negativos. Son herramientas de represión que no logran el fin último de tener los productos en las góndolas, así como es ficticio determinar el valor desde un despacho".
Soler recordó que la ley nace en la década del 70, frente a un altísimo intervencionismo del Estado que generó mas situaciones negativas que positivas. "Es más un instrumento de presión que de soluciones rápidas. Una herramienta que el Estado tiene para cuando la variable económica se escapa de las manos. Porque cuando se empiezan a perder los instrumentos de control empiezan a aparecer los de acción represiva", sentenció.
Por su parte, Daniel Chávez Díaz, presidente de la Unión Industrial de Salta, consideró que el proyecto no favorece el ambiente de negocios y no va a contribuir a que la economía mejore. "Es una forma de avanzar en términos de intervención del Estado que no queremos en absoluto, porque son medidas que terminan caratulando a la Argentina como un país no amigable. Hay que tener mucho cuidado", consideró.
"A nivel local hay un movimiento de la mesa multisectorial de entidades. Coincidimos en que la situación del país no es de las mejores. Aunque todavía no se discutió específicamente el proyecto mencionado, esto está en la agenda", agregó. Chávez Díaz aclaró que no tiene muchas expectativas en que el Gobierno de la Provincia se movilice en este sentido. "Tenemos que sincerarnos y saber que de verdad el gobierno provincial puede hacer poco y nada. Quienes mueven la aguja son los agentes a nivel federal. También queremos que mejoren la institucionalidad y el federalismo, que no se está aplicando".
La defensa de la Presidenta
El jueves pasado, la presidenta Cristina Fernandez de Kirchner salió en defensa del proyecto de reforma a la ley de abastecimiento que el Poder Ejecutivo envió al Congreso. Dijo que los empresarios podrán plantear su posición en torno al tema en las comisiones legislativas en las que se discutirán.
"No son iniciativas elaboradas por un bando, como dicen algunos empresarios, sino proyectos de ley que las cámaras empresarias y las asociaciones de consumidores van a poder ir a las comisiones del Congreso para discutirlos y para proponer lo que quieran", dijo durante un acto celebrado en Casa de Gobierno, en respuesta a las críticas formuladas durante los últimos días por banqueros, empresarios e industriales de todo el país.
La Presidenta sostuvo que los "usuarios y consumidores deben tener protección" y que el objetivo de esas iniciativas no son para "fundir" a ningún empresario.
"Lo que no queremos es que nos fundan a los argentinos, a los usuarios y consumidores", subrayó la jefa del Estado.
"Es cierto que los usuarios y consumidores deben tener protección, de la misma manera que las empresas quieren protección para invertir. (Pero) los problemas no se discuten en los diarios. Se discuten en las cámaras donde se discuten las leyes", agregó la Presidenta.
Cristina se pronunció de esta forma luego de que la Unión Industrial Argentina (UIA) diera a conocer que la totalidad de los representantes sectoriales y territoriales de la entidad fabril expresaron su rechazo al proyecto de ley de abastecimiento enviado al Poder Legislativo el reciente 5 de agosto.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla
El proyecto de modificación de la ley de abastecimiento viene cobrando fuerza en los últimos días, sobre todo, a medida que su tramitación avanza por los salones del Congreso Nacional. Y mientras avanza, las voces en contra se van sumando.
A nivel local hay preocupación, pero hasta ahora no hay acciones formales para levantar la voz en conjunto como ya lo han hecho a nivel nacional instituciones como la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio y la Sociedad Rural Argentina.
El proyecto, incluye, entre otros puntos, un endurecimiento del Estado en lo que respecta al abastecimiento de bienes y cumplimiento de servicios y hasta genera un marco regulatorio para el proceso de formación de precios. Prevé también sanciones por incumplimiento que van desde multas, clausura, inhabilitación, decomiso y, en caso de reincidencia, clausura definitiva para quienes eleven injustificadamente los precios, acaparen materias primas y productos y nieguen o restrinjan arbitrariamente la venta de bienes o una prestación de servicios, entre otros puntos.
En Salta existe un intercambio de opiniones entre las empresas y comercios, pero no han emitido hasta el momento comunicados. Sin embargo, a nivel particular, algunos ya manifestaron su preocupación. Entre ellos se encuentra Juan José Soler, presidente de Cerámica del Norte quien, en comunicación con El Tribuno expresó: "Es un proyecto que trae aparejado un incremento del mercado negro y profundiza la especulación. Son leyes retrógradas en un país donde la política debe ser dinámica, donde la oferta y la demanda deben ir dando lugar al equilibrio de precios equitativos. Todo instrumento que quiera pasar a un grado alto de intervencionismo es nefasto y solo consigue resultados negativos. Son herramientas de represión que no logran el fin último de tener los productos en las góndolas, así como es ficticio determinar el valor desde un despacho".
Soler recordó que la ley nace en la década del 70, frente a un altísimo intervencionismo del Estado que generó mas situaciones negativas que positivas. "Es más un instrumento de presión que de soluciones rápidas. Una herramienta que el Estado tiene para cuando la variable económica se escapa de las manos. Porque cuando se empiezan a perder los instrumentos de control empiezan a aparecer los de acción represiva", sentenció.
Por su parte, Daniel Chávez Díaz, presidente de la Unión Industrial de Salta, consideró que el proyecto no favorece el ambiente de negocios y no va a contribuir a que la economía mejore. "Es una forma de avanzar en términos de intervención del Estado que no queremos en absoluto, porque son medidas que terminan caratulando a la Argentina como un país no amigable. Hay que tener mucho cuidado", consideró.
"A nivel local hay un movimiento de la mesa multisectorial de entidades. Coincidimos en que la situación del país no es de las mejores. Aunque todavía no se discutió específicamente el proyecto mencionado, esto está en la agenda", agregó. Chávez Díaz aclaró que no tiene muchas expectativas en que el Gobierno de la Provincia se movilice en este sentido. "Tenemos que sincerarnos y saber que de verdad el gobierno provincial puede hacer poco y nada. Quienes mueven la aguja son los agentes a nivel federal. También queremos que mejoren la institucionalidad y el federalismo, que no se está aplicando".
A nivel local hay preocupación, pero hasta ahora no hay acciones formales para levantar la voz en conjunto como ya lo han hecho a nivel nacional instituciones como la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio y la Sociedad Rural Argentina.
El proyecto, incluye, entre otros puntos, un endurecimiento del Estado en lo que respecta al abastecimiento de bienes y cumplimiento de servicios y hasta genera un marco regulatorio para el proceso de formación de precios. Prevé también sanciones por incumplimiento que van desde multas, clausura, inhabilitación, decomiso y, en caso de reincidencia, clausura definitiva para quienes eleven injustificadamente los precios, acaparen materias primas y productos y nieguen o restrinjan arbitrariamente la venta de bienes o una prestación de servicios, entre otros puntos.
En Salta existe un intercambio de opiniones entre las empresas y comercios, pero no han emitido hasta el momento comunicados. Sin embargo, a nivel particular, algunos ya manifestaron su preocupación. Entre ellos se encuentra Juan José Soler, presidente de Cerámica del Norte quien, en comunicación con El Tribuno expresó: "Es un proyecto que trae aparejado un incremento del mercado negro y profundiza la especulación. Son leyes retrógradas en un país donde la política debe ser dinámica, donde la oferta y la demanda deben ir dando lugar al equilibrio de precios equitativos. Todo instrumento que quiera pasar a un grado alto de intervencionismo es nefasto y solo consigue resultados negativos. Son herramientas de represión que no logran el fin último de tener los productos en las góndolas, así como es ficticio determinar el valor desde un despacho".
Soler recordó que la ley nace en la década del 70, frente a un altísimo intervencionismo del Estado que generó mas situaciones negativas que positivas. "Es más un instrumento de presión que de soluciones rápidas. Una herramienta que el Estado tiene para cuando la variable económica se escapa de las manos. Porque cuando se empiezan a perder los instrumentos de control empiezan a aparecer los de acción represiva", sentenció.
Por su parte, Daniel Chávez Díaz, presidente de la Unión Industrial de Salta, consideró que el proyecto no favorece el ambiente de negocios y no va a contribuir a que la economía mejore. "Es una forma de avanzar en términos de intervención del Estado que no queremos en absoluto, porque son medidas que terminan caratulando a la Argentina como un país no amigable. Hay que tener mucho cuidado", consideró.
"A nivel local hay un movimiento de la mesa multisectorial de entidades. Coincidimos en que la situación del país no es de las mejores. Aunque todavía no se discutió específicamente el proyecto mencionado, esto está en la agenda", agregó. Chávez Díaz aclaró que no tiene muchas expectativas en que el Gobierno de la Provincia se movilice en este sentido. "Tenemos que sincerarnos y saber que de verdad el gobierno provincial puede hacer poco y nada. Quienes mueven la aguja son los agentes a nivel federal. También queremos que mejoren la institucionalidad y el federalismo, que no se está aplicando".
La defensa de la Presidenta
El jueves pasado, la presidenta Cristina Fernandez de Kirchner salió en defensa del proyecto de reforma a la ley de abastecimiento que el Poder Ejecutivo envió al Congreso. Dijo que los empresarios podrán plantear su posición en torno al tema en las comisiones legislativas en las que se discutirán.
"No son iniciativas elaboradas por un bando, como dicen algunos empresarios, sino proyectos de ley que las cámaras empresarias y las asociaciones de consumidores van a poder ir a las comisiones del Congreso para discutirlos y para proponer lo que quieran", dijo durante un acto celebrado en Casa de Gobierno, en respuesta a las críticas formuladas durante los últimos días por banqueros, empresarios e industriales de todo el país.
La Presidenta sostuvo que los "usuarios y consumidores deben tener protección" y que el objetivo de esas iniciativas no son para "fundir" a ningún empresario.
"Lo que no queremos es que nos fundan a los argentinos, a los usuarios y consumidores", subrayó la jefa del Estado.
"Es cierto que los usuarios y consumidores deben tener protección, de la misma manera que las empresas quieren protección para invertir. (Pero) los problemas no se discuten en los diarios. Se discuten en las cámaras donde se discuten las leyes", agregó la Presidenta.
Cristina se pronunció de esta forma luego de que la Unión Industrial Argentina (UIA) diera a conocer que la totalidad de los representantes sectoriales y territoriales de la entidad fabril expresaron su rechazo al proyecto de ley de abastecimiento enviado al Poder Legislativo el reciente 5 de agosto.