El Ejecutivo salteño vetó ayer un artículo de la ley que el oficialismo aprobó en un trámite exprés en la Legislatura para que el Banco Macro siga conservando el manejo de la plata pública de la Provincia por otros diez años más.
La medida elimina la lista de algunos servicios pensados originalmente para poblaciones con necesidad de contar con sucursales y cajeros automáticos que habían incluido senadores y diputados alineados con el Gobierno. Hasta ayer, para el Macro era obligatorio cumplir con esos requisitos. En voz baja y pidiendo reserva de nombre, un legislador de un partido que desde el 2007 viene apoyando a Urtubey, explicó ayer que la lista se había incluido en la ley "para garantizar que miles de salteños accedan al servicio bancario sin tener que viajar a la capital".
Sin duda, el veto es "un cachetazo" y puede llegar a tener consecuencias políticas en los departamentos, se quejó.
Esta frase exteriorizó la desazón que sienten los diputados y senadores que de forma sumisa defendieron la premura de Urtubey y del ministro de Economía, Carlos Parodi, por aprobar la prórroga al Banco Macro como agente financiero de la Provincia.
En la sesión del 26 de junio pasado, Enrique Gramaglia, se jactaba en el Senado que desde la política y no desde la función ejecutiva, los senadores y los diputados oficialistas introducían en la ley "ponencias que reflejan el interés en beneficio del conjunto de la sociedad".
El concepto que trasmitió el renovador en el Senado y que luego replicaron en la Cámara Baja los diputados que obedecen al Gobierno, es que a los pueblos más alejados del interior salteño les iban a llover sucursales y cajeros.
Ahora, los oficialistas tendrán que explicar en sus departamentos que la ley no garantiza que el servicio bancario llegue tal como se había planificado.
Según se pudo determinar en varias oficinas de la Legislatura, es tal el desencanto entre los oficialistas, que hasta llegan a coincidir con el PO respecto a que "Urtubey parece un gerente más del Macro".
Precisamente, el veto del Ejecutivo de Salta libera a ese banco de obligaciones que se habían establecido en la norma.
El texto de la ley, que le interesa a Urtubey y a Parodi, lleva el número 7.826. Fue promulgada a través del decreto 2.264, que se publicó ayer en el Boletín Oficial.
Debido al veto del artículo 6º, la ley 7.826 volverá a la Legislatura y las cámaras resolverán si insisten, o no, con la sanción original.
Un sondeo realizado ayer permite anticipar que ante la fuerte observación que se hizo a través del decreto, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, los legisladores "levantamanos" terminarán aceptando que el Ejecutivo puede frenar unilateralmente un articulado legislativo.
Esto se expresa en los considerandos del decreto que firmó Urtubey, junto a Parodi y al secretario general de la Gobernación, Simón Padros. Se puntualizó que la competencia exclusiva para negociar las condiciones y otros aspectos, en el vínculo de la Provincia con el Macro, es del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, es improcedente que se haya incorporado un anexo que impone condiciones que exceden la competencia del Poder Legislativo la que solo consiste en autorizar la prórroga.
De todas maneras, los legisladores oficialistas dicen que son ellos los que tendrán que dar la cara en sus respectivos departamentos.
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El Ejecutivo salteño vetó ayer un artículo de la ley que el oficialismo aprobó en un trámite exprés en la Legislatura para que el Banco Macro siga conservando el manejo de la plata pública de la Provincia por otros diez años más.
La medida elimina la lista de algunos servicios pensados originalmente para poblaciones con necesidad de contar con sucursales y cajeros automáticos que habían incluido senadores y diputados alineados con el Gobierno. Hasta ayer, para el Macro era obligatorio cumplir con esos requisitos. En voz baja y pidiendo reserva de nombre, un legislador de un partido que desde el 2007 viene apoyando a Urtubey, explicó ayer que la lista se había incluido en la ley "para garantizar que miles de salteños accedan al servicio bancario sin tener que viajar a la capital".
Sin duda, el veto es "un cachetazo" y puede llegar a tener consecuencias políticas en los departamentos, se quejó.
Esta frase exteriorizó la desazón que sienten los diputados y senadores que de forma sumisa defendieron la premura de Urtubey y del ministro de Economía, Carlos Parodi, por aprobar la prórroga al Banco Macro como agente financiero de la Provincia.
En la sesión del 26 de junio pasado, Enrique Gramaglia, se jactaba en el Senado que desde la política y no desde la función ejecutiva, los senadores y los diputados oficialistas introducían en la ley "ponencias que reflejan el interés en beneficio del conjunto de la sociedad".
El concepto que trasmitió el renovador en el Senado y que luego replicaron en la Cámara Baja los diputados que obedecen al Gobierno, es que a los pueblos más alejados del interior salteño les iban a llover sucursales y cajeros.
Ahora, los oficialistas tendrán que explicar en sus departamentos que la ley no garantiza que el servicio bancario llegue tal como se había planificado.
Según se pudo determinar en varias oficinas de la Legislatura, es tal el desencanto entre los oficialistas, que hasta llegan a coincidir con el PO respecto a que "Urtubey parece un gerente más del Macro".
Precisamente, el veto del Ejecutivo de Salta libera a ese banco de obligaciones que se habían establecido en la norma.
El texto de la ley, que le interesa a Urtubey y a Parodi, lleva el número 7.826. Fue promulgada a través del decreto 2.264, que se publicó ayer en el Boletín Oficial.
Debido al veto del artículo 6º, la ley 7.826 volverá a la Legislatura y las cámaras resolverán si insisten, o no, con la sanción original.
Un sondeo realizado ayer permite anticipar que ante la fuerte observación que se hizo a través del decreto, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, los legisladores "levantamanos" terminarán aceptando que el Ejecutivo puede frenar unilateralmente un articulado legislativo.
Esto se expresa en los considerandos del decreto que firmó Urtubey, junto a Parodi y al secretario general de la Gobernación, Simón Padros. Se puntualizó que la competencia exclusiva para negociar las condiciones y otros aspectos, en el vínculo de la Provincia con el Macro, es del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, es improcedente que se haya incorporado un anexo que impone condiciones que exceden la competencia del Poder Legislativo la que solo consiste en autorizar la prórroga.
De todas maneras, los legisladores oficialistas dicen que son ellos los que tendrán que dar la cara en sus respectivos departamentos.
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