El tribunal federal 2 condenó a funcionarios y empresarios a los que considera responsables de la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, cuando un tren se estrelló contra la cabecera de la estación causando la muerte de 51 personas, una de ellas una madre a punto de dar a luz, y provocó heridas de diversa gravedad a otros 789 pasajeros.
Los jueces condenaron al maquinista, a quien el gobierno kirchnerista intentó por todos los medios cargar con la responsabilidad, pero la pena fue mucho menor que la que recibieron figuras emblemáticas de aquella gestión, los funcionarios Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y los hermanos Cirigliano, cercanos al Gobierno. Además, ordenaron investigar al exministro de infraestructura, Julio De Vido, por presunta "administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional y estrago culposo".
El ferrocarril Sarmiento, que cubre los recorridos hacia el oeste de la Capital Federal, había sido escenario de innumerables quejas, algunas de ellas violentas, por parte de usuarios que no podían viajar por el pésimo estado de vías, vagones y locomotoras. Hace casi cuatro años, tras casi dos décadas desde la privatización, la negligencia culminó en catástrofe.
La familia Cirigliano, dedicada al servicio de ómnibus, se convirtió durante el gobierno menemista en uno de los grupos privilegiados por el Estado, amplió sus servicios al ensamble de ómnibus, las concesiones ferroviarias y, ya de la mano de los Kirchner, hasta la importación de gas licuado de Qatar. Ayer, el exconcesionario de Trenes de Buenos Aires, Sergio Claudio Cirigliano, fue condenado a 9 años de prisión; su hermano Roque Ángel Cirigliano a 5 años; el exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, a 8 y su antecesor, Ricardo Jaime, a 6 años de prisión por supuesta administración fraudulenta. El maquinista Marcos Córdoba recibió una condena de tres años y seis meses de prisión, con siete de inhabilitación para conducir.
Subsidios que se esfumaron
Quedó claro que los jueces castigaron la corrupción, con consecuencias criminales, y la diferenciaron de la negligencia en que habría incurrido el empleado a cargo de la formación.
Además, ordenó investigar al exministro de Planificación Julio De Vido por su eventual responsabilidad en la catástrofe ante "las graves falencias del sistema público ferroviario y de las empresas prestatarias".
El tribunal prohibió la salida del país de los 21 condenados -sobre 28 imputados-, pero ninguno quedó detenido porque las condenas se harán efectivas una vez que queden firmes.
El tribunal integrado por Jorge Tassara, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Ana D''Alessio consideró que la defraudación al Estado se produjo a través de un mecanismo de subsidios a las tarifas que no fueron aplicados al mantenimiento de las formaciones. Los fundamentos de la condena serán dados a conocer el 30 de marzo próximo y seguramente serán apeladas ante la Cámara Federal de Casación Penal antes de llegar a la Corte Suprema. Otros condenados fueron Marcelo Calderón (director de Cometrans), 8 años y los directivos de TBA Jorge Álvarez, 8 años; Sergio Tempone (7) Carlo Michele Ferrari (6); Antonio Marcelo Suárez (5); Laura Aída Ballesteros (5); Guillermo Antonio D''Abenigno (5); Jorge Alberto De los Reyes (6); Daniel Guido Lodola (3); Pedro Roque Raineri (4); Oscar Alberto Gariboglio (4); José Doce Portas (4); Carlos Esteban Pont Verges (6); Francisco Adalberto Pafumi (5); Víctor Eduardo Astrella (5); Alejandro Lopardo (4).
El fiscal Fernando Arrigo consideró que "este juicio y este veredicto son una verdadera bisagra para los juicios por corrupción en la Argentina".
María Luján Rey y Paolo Menghini se convirtieron en voceros de los familiares de las víctimas. Su hijo Lucas, de 20 años, quedó atrapado en un espacio entre vagones y tardaron dos días en encontrarlo. "Es lo que esperábamos; el poder político que cubrió a los responsables y que hasta el último día justificó cada palabra que decían y hoy los mira desde Santa Cruz tiene una respuesta de la Justicia", dijo Menghini tras escuchar la sentencia. "La lucha terminará el día que las condenas queden firmes y los condenados tras las rejas", agregó. Alexia Caligaris, sobreviviente del choque, se quejó: ""Nueve años no me alcanzan, se tienen que pudrir en la cárcel. El que afana tendría que estar preso de por vida".
Los jueces condenaron al maquinista, a quien el gobierno kirchnerista intentó por todos los medios cargar con la responsabilidad, pero la pena fue mucho menor que la que recibieron figuras emblemáticas de aquella gestión, los funcionarios Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y los hermanos Cirigliano, cercanos al Gobierno. Además, ordenaron investigar al exministro de infraestructura, Julio De Vido, por presunta "administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional y estrago culposo".
El ferrocarril Sarmiento, que cubre los recorridos hacia el oeste de la Capital Federal, había sido escenario de innumerables quejas, algunas de ellas violentas, por parte de usuarios que no podían viajar por el pésimo estado de vías, vagones y locomotoras. Hace casi cuatro años, tras casi dos décadas desde la privatización, la negligencia culminó en catástrofe.
La familia Cirigliano, dedicada al servicio de ómnibus, se convirtió durante el gobierno menemista en uno de los grupos privilegiados por el Estado, amplió sus servicios al ensamble de ómnibus, las concesiones ferroviarias y, ya de la mano de los Kirchner, hasta la importación de gas licuado de Qatar. Ayer, el exconcesionario de Trenes de Buenos Aires, Sergio Claudio Cirigliano, fue condenado a 9 años de prisión; su hermano Roque Ángel Cirigliano a 5 años; el exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, a 8 y su antecesor, Ricardo Jaime, a 6 años de prisión por supuesta administración fraudulenta. El maquinista Marcos Córdoba recibió una condena de tres años y seis meses de prisión, con siete de inhabilitación para conducir.
Subsidios que se esfumaron
Quedó claro que los jueces castigaron la corrupción, con consecuencias criminales, y la diferenciaron de la negligencia en que habría incurrido el empleado a cargo de la formación.
Además, ordenó investigar al exministro de Planificación Julio De Vido por su eventual responsabilidad en la catástrofe ante "las graves falencias del sistema público ferroviario y de las empresas prestatarias".
El tribunal prohibió la salida del país de los 21 condenados -sobre 28 imputados-, pero ninguno quedó detenido porque las condenas se harán efectivas una vez que queden firmes.
El tribunal integrado por Jorge Tassara, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Ana D''Alessio consideró que la defraudación al Estado se produjo a través de un mecanismo de subsidios a las tarifas que no fueron aplicados al mantenimiento de las formaciones. Los fundamentos de la condena serán dados a conocer el 30 de marzo próximo y seguramente serán apeladas ante la Cámara Federal de Casación Penal antes de llegar a la Corte Suprema. Otros condenados fueron Marcelo Calderón (director de Cometrans), 8 años y los directivos de TBA Jorge Álvarez, 8 años; Sergio Tempone (7) Carlo Michele Ferrari (6); Antonio Marcelo Suárez (5); Laura Aída Ballesteros (5); Guillermo Antonio D''Abenigno (5); Jorge Alberto De los Reyes (6); Daniel Guido Lodola (3); Pedro Roque Raineri (4); Oscar Alberto Gariboglio (4); José Doce Portas (4); Carlos Esteban Pont Verges (6); Francisco Adalberto Pafumi (5); Víctor Eduardo Astrella (5); Alejandro Lopardo (4).
El fiscal Fernando Arrigo consideró que "este juicio y este veredicto son una verdadera bisagra para los juicios por corrupción en la Argentina".
María Luján Rey y Paolo Menghini se convirtieron en voceros de los familiares de las víctimas. Su hijo Lucas, de 20 años, quedó atrapado en un espacio entre vagones y tardaron dos días en encontrarlo. "Es lo que esperábamos; el poder político que cubrió a los responsables y que hasta el último día justificó cada palabra que decían y hoy los mira desde Santa Cruz tiene una respuesta de la Justicia", dijo Menghini tras escuchar la sentencia. "La lucha terminará el día que las condenas queden firmes y los condenados tras las rejas", agregó. Alexia Caligaris, sobreviviente del choque, se quejó: ""Nueve años no me alcanzan, se tienen que pudrir en la cárcel. El que afana tendría que estar preso de por vida".
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El tribunal federal 2 condenó a funcionarios y empresarios a los que considera responsables de la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, cuando un tren se estrelló contra la cabecera de la estación causando la muerte de 51 personas, una de ellas una madre a punto de dar a luz, y provocó heridas de diversa gravedad a otros 789 pasajeros.
Los jueces condenaron al maquinista, a quien el gobierno kirchnerista intentó por todos los medios cargar con la responsabilidad, pero la pena fue mucho menor que la que recibieron figuras emblemáticas de aquella gestión, los funcionarios Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y los hermanos Cirigliano, cercanos al Gobierno. Además, ordenaron investigar al exministro de infraestructura, Julio De Vido, por presunta "administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional y estrago culposo".
El ferrocarril Sarmiento, que cubre los recorridos hacia el oeste de la Capital Federal, había sido escenario de innumerables quejas, algunas de ellas violentas, por parte de usuarios que no podían viajar por el pésimo estado de vías, vagones y locomotoras. Hace casi cuatro años, tras casi dos décadas desde la privatización, la negligencia culminó en catástrofe.
La familia Cirigliano, dedicada al servicio de ómnibus, se convirtió durante el gobierno menemista en uno de los grupos privilegiados por el Estado, amplió sus servicios al ensamble de ómnibus, las concesiones ferroviarias y, ya de la mano de los Kirchner, hasta la importación de gas licuado de Qatar. Ayer, el exconcesionario de Trenes de Buenos Aires, Sergio Claudio Cirigliano, fue condenado a 9 años de prisión; su hermano Roque Ángel Cirigliano a 5 años; el exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, a 8 y su antecesor, Ricardo Jaime, a 6 años de prisión por supuesta administración fraudulenta. El maquinista Marcos Córdoba recibió una condena de tres años y seis meses de prisión, con siete de inhabilitación para conducir.
Subsidios que se esfumaron
Quedó claro que los jueces castigaron la corrupción, con consecuencias criminales, y la diferenciaron de la negligencia en que habría incurrido el empleado a cargo de la formación.
Además, ordenó investigar al exministro de Planificación Julio De Vido por su eventual responsabilidad en la catástrofe ante "las graves falencias del sistema público ferroviario y de las empresas prestatarias".
El tribunal prohibió la salida del país de los 21 condenados -sobre 28 imputados-, pero ninguno quedó detenido porque las condenas se harán efectivas una vez que queden firmes.
El tribunal integrado por Jorge Tassara, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Ana D''Alessio consideró que la defraudación al Estado se produjo a través de un mecanismo de subsidios a las tarifas que no fueron aplicados al mantenimiento de las formaciones. Los fundamentos de la condena serán dados a conocer el 30 de marzo próximo y seguramente serán apeladas ante la Cámara Federal de Casación Penal antes de llegar a la Corte Suprema. Otros condenados fueron Marcelo Calderón (director de Cometrans), 8 años y los directivos de TBA Jorge Álvarez, 8 años; Sergio Tempone (7) Carlo Michele Ferrari (6); Antonio Marcelo Suárez (5); Laura Aída Ballesteros (5); Guillermo Antonio D''Abenigno (5); Jorge Alberto De los Reyes (6); Daniel Guido Lodola (3); Pedro Roque Raineri (4); Oscar Alberto Gariboglio (4); José Doce Portas (4); Carlos Esteban Pont Verges (6); Francisco Adalberto Pafumi (5); Víctor Eduardo Astrella (5); Alejandro Lopardo (4).
El fiscal Fernando Arrigo consideró que "este juicio y este veredicto son una verdadera bisagra para los juicios por corrupción en la Argentina".
María Luján Rey y Paolo Menghini se convirtieron en voceros de los familiares de las víctimas. Su hijo Lucas, de 20 años, quedó atrapado en un espacio entre vagones y tardaron dos días en encontrarlo. "Es lo que esperábamos; el poder político que cubrió a los responsables y que hasta el último día justificó cada palabra que decían y hoy los mira desde Santa Cruz tiene una respuesta de la Justicia", dijo Menghini tras escuchar la sentencia. "La lucha terminará el día que las condenas queden firmes y los condenados tras las rejas", agregó. Alexia Caligaris, sobreviviente del choque, se quejó: ""Nueve años no me alcanzan, se tienen que pudrir en la cárcel. El que afana tendría que estar preso de por vida".
Los jueces condenaron al maquinista, a quien el gobierno kirchnerista intentó por todos los medios cargar con la responsabilidad, pero la pena fue mucho menor que la que recibieron figuras emblemáticas de aquella gestión, los funcionarios Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y los hermanos Cirigliano, cercanos al Gobierno. Además, ordenaron investigar al exministro de infraestructura, Julio De Vido, por presunta "administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional y estrago culposo".
El ferrocarril Sarmiento, que cubre los recorridos hacia el oeste de la Capital Federal, había sido escenario de innumerables quejas, algunas de ellas violentas, por parte de usuarios que no podían viajar por el pésimo estado de vías, vagones y locomotoras. Hace casi cuatro años, tras casi dos décadas desde la privatización, la negligencia culminó en catástrofe.
La familia Cirigliano, dedicada al servicio de ómnibus, se convirtió durante el gobierno menemista en uno de los grupos privilegiados por el Estado, amplió sus servicios al ensamble de ómnibus, las concesiones ferroviarias y, ya de la mano de los Kirchner, hasta la importación de gas licuado de Qatar. Ayer, el exconcesionario de Trenes de Buenos Aires, Sergio Claudio Cirigliano, fue condenado a 9 años de prisión; su hermano Roque Ángel Cirigliano a 5 años; el exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, a 8 y su antecesor, Ricardo Jaime, a 6 años de prisión por supuesta administración fraudulenta. El maquinista Marcos Córdoba recibió una condena de tres años y seis meses de prisión, con siete de inhabilitación para conducir.
Subsidios que se esfumaron
Quedó claro que los jueces castigaron la corrupción, con consecuencias criminales, y la diferenciaron de la negligencia en que habría incurrido el empleado a cargo de la formación.
Además, ordenó investigar al exministro de Planificación Julio De Vido por su eventual responsabilidad en la catástrofe ante "las graves falencias del sistema público ferroviario y de las empresas prestatarias".
El tribunal prohibió la salida del país de los 21 condenados -sobre 28 imputados-, pero ninguno quedó detenido porque las condenas se harán efectivas una vez que queden firmes.
El tribunal integrado por Jorge Tassara, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Ana D''Alessio consideró que la defraudación al Estado se produjo a través de un mecanismo de subsidios a las tarifas que no fueron aplicados al mantenimiento de las formaciones. Los fundamentos de la condena serán dados a conocer el 30 de marzo próximo y seguramente serán apeladas ante la Cámara Federal de Casación Penal antes de llegar a la Corte Suprema. Otros condenados fueron Marcelo Calderón (director de Cometrans), 8 años y los directivos de TBA Jorge Álvarez, 8 años; Sergio Tempone (7) Carlo Michele Ferrari (6); Antonio Marcelo Suárez (5); Laura Aída Ballesteros (5); Guillermo Antonio D''Abenigno (5); Jorge Alberto De los Reyes (6); Daniel Guido Lodola (3); Pedro Roque Raineri (4); Oscar Alberto Gariboglio (4); José Doce Portas (4); Carlos Esteban Pont Verges (6); Francisco Adalberto Pafumi (5); Víctor Eduardo Astrella (5); Alejandro Lopardo (4).
El fiscal Fernando Arrigo consideró que "este juicio y este veredicto son una verdadera bisagra para los juicios por corrupción en la Argentina".
María Luján Rey y Paolo Menghini se convirtieron en voceros de los familiares de las víctimas. Su hijo Lucas, de 20 años, quedó atrapado en un espacio entre vagones y tardaron dos días en encontrarlo. "Es lo que esperábamos; el poder político que cubrió a los responsables y que hasta el último día justificó cada palabra que decían y hoy los mira desde Santa Cruz tiene una respuesta de la Justicia", dijo Menghini tras escuchar la sentencia. "La lucha terminará el día que las condenas queden firmes y los condenados tras las rejas", agregó. Alexia Caligaris, sobreviviente del choque, se quejó: ""Nueve años no me alcanzan, se tienen que pudrir en la cárcel. El que afana tendría que estar preso de por vida".