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Megacausa: A tres años del fallo aún no hay condena firme

Martes, 20 de diciembre de 2016 00:31
Las fotos de las víctimas del terrorismo de Estado, en la sala de Grandes Juicios. Foto Lucas Alascio. 
Hace tres años, la sala de grandes juicios de Ciudad Judicial explotaba ante la lectura de la sentencia de la denominada Megacausa de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Siete condenas a prisión perpetua y penas de cárcel, de 5 a 10 años, se repartían entre policías, militares y un civil por crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la última dictadura cívico-militar.
A tres años de aquella histórica jornada, los familiares y organismos de derechos humanos siguen esperando que la sentencia quede firme.
La significación del juicio fue grande ya que se trataba de crímenes de la dictadura que no pertenecían a las páginas de los ámbitos nacionales. Fueron desapariciones, torturas, fusilamientos, robos de bebés y hasta dinamitaciones que se le aplicaron sistemáticamente a vecinos de Salta. Las víctimas fueron estudiantes y docentes de la UNSa, jóvenes militantes, profesionales, gremialistas, campesinos, un soldado y un periodista. Fueron en total 34 las víctimas contempladas en el proceso.
Concluía así el juicio federal más extenso en la historia de Salta, con más de 80 audiencias y casi dos años de desarrollo.
Los familiares de víctimas, los querellantes y los fiscales festejaron ese fallo que le daba justicia a la historia reciente de nuestra provincia; sin embargo aún no es historia oficial.
Los abogados defensores apelaron el fallo y las condenas ingresaron en un limbo jurídico.
Ya entrado 2014, el Tribunal de Casación de la Nación resolvió retrotraer a su estado original la situación de los 15 condenados por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Salta y ordenó la excarcelación de todos ellos.
Con condenas de prisión perpetua se fueron a sus casas el exjefe de la Guarnición Ejército Salta, Carlos Alberto Mulhall; los exjefes de la Policía de la Provincia, Miguel Raúl Gentil y Virtom Modesto Mendíaz; el exdirector de Seguridad de esta fuerza, Joaquín Guil; y el expolicía federal y guardiacárcel, Juan Carlos Alzugaray. Todos ellos estuvieron alojados en la unidad penitenciaria federal de General Güemes. Se debe recordar también al teniente coronel Joaquín Cornejo Alemán, quien falleció a los pocos meses de recibir la condena.
Fueron años de espera desde que se cometieron los crímenes. Otros tantos en la instrucción del juicio, que originó un debate que comenzó el 21 de mayo de 2012 y se extendió por más de 19 meses, en los que se cumplieron más de 80 audiencias y declararon 277 testigos. Siempre hubo motivos para que se dilataran los procesos.
Los trágicos sucesos ocurrieron hace 40 años. Del lado de los acusados tuvieron impunidad biológica el coronel retirado Ricardo Benjamín Isidro de la Vega, imputado por el secuestro del conscripto Víctor Brizzi, entre otros como Carlos Alberto Mulhall, Joaquín Cornejo Alemán, Ubaldo Tomislav Vujovich Villa o Abel Vicente Murúa, de la banda de comisarios.
Del otro lado, los familiares también se fueron muriendo en ese limbo judicial. El dolor más grande durante el proceso de Megacausa fue la pérdida de Doly Mabel Perini de Gallardo. "La Coca", como la conocían todos, fue una de las fundadoras de La Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas de Salta y dejó este mundo en septiembre de ese año sin escuchar la condena.
"Yo creo que los familiares ya no esperan justicia. Ésta debe ser contemporánea a los actores y a sus necesidades. Pasaron 40 años de las torturas, secuestros y los asesinatos. Yo creo que tan sólo nos resta esperar un resultado judicial que determine la responsabilidad a fin de que sea educativo para el futuro y las nuevas generaciones. Que la historia quede plasmada para que nadie pueda alterar los hechos. Para que esto no suceda en Salta nunca más", dijo con sonrisa reflexiva el abogado David Leiva.
Algunos detalles
El 3 de julio de 2014, la Sala III de la Cámara de Casación, con el voto de Liliana Catucci y Eduardo Rafael Riggi, dejó en suspenso la prisión efectiva de quince represores. Entre las víctimas se encuentran Benjamina Aramayo, Martín Miguel Cobos, Víctor Mario Brizzi, Carlos Estanislao Figueroa Rojas, Héctor Domingo Gamboa y Gemma Ana María Fernández Arcieri de Gamboa, como algunos de los casos más conmovedores.
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Hace tres años, la sala de grandes juicios de Ciudad Judicial explotaba ante la lectura de la sentencia de la denominada Megacausa de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Siete condenas a prisión perpetua y penas de cárcel, de 5 a 10 años, se repartían entre policías, militares y un civil por crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la última dictadura cívico-militar.
A tres años de aquella histórica jornada, los familiares y organismos de derechos humanos siguen esperando que la sentencia quede firme.
La significación del juicio fue grande ya que se trataba de crímenes de la dictadura que no pertenecían a las páginas de los ámbitos nacionales. Fueron desapariciones, torturas, fusilamientos, robos de bebés y hasta dinamitaciones que se le aplicaron sistemáticamente a vecinos de Salta. Las víctimas fueron estudiantes y docentes de la UNSa, jóvenes militantes, profesionales, gremialistas, campesinos, un soldado y un periodista. Fueron en total 34 las víctimas contempladas en el proceso.
Concluía así el juicio federal más extenso en la historia de Salta, con más de 80 audiencias y casi dos años de desarrollo.
Los familiares de víctimas, los querellantes y los fiscales festejaron ese fallo que le daba justicia a la historia reciente de nuestra provincia; sin embargo aún no es historia oficial.
Los abogados defensores apelaron el fallo y las condenas ingresaron en un limbo jurídico.
Ya entrado 2014, el Tribunal de Casación de la Nación resolvió retrotraer a su estado original la situación de los 15 condenados por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Salta y ordenó la excarcelación de todos ellos.
Con condenas de prisión perpetua se fueron a sus casas el exjefe de la Guarnición Ejército Salta, Carlos Alberto Mulhall; los exjefes de la Policía de la Provincia, Miguel Raúl Gentil y Virtom Modesto Mendíaz; el exdirector de Seguridad de esta fuerza, Joaquín Guil; y el expolicía federal y guardiacárcel, Juan Carlos Alzugaray. Todos ellos estuvieron alojados en la unidad penitenciaria federal de General Güemes. Se debe recordar también al teniente coronel Joaquín Cornejo Alemán, quien falleció a los pocos meses de recibir la condena.
Fueron años de espera desde que se cometieron los crímenes. Otros tantos en la instrucción del juicio, que originó un debate que comenzó el 21 de mayo de 2012 y se extendió por más de 19 meses, en los que se cumplieron más de 80 audiencias y declararon 277 testigos. Siempre hubo motivos para que se dilataran los procesos.
Los trágicos sucesos ocurrieron hace 40 años. Del lado de los acusados tuvieron impunidad biológica el coronel retirado Ricardo Benjamín Isidro de la Vega, imputado por el secuestro del conscripto Víctor Brizzi, entre otros como Carlos Alberto Mulhall, Joaquín Cornejo Alemán, Ubaldo Tomislav Vujovich Villa o Abel Vicente Murúa, de la banda de comisarios.
Del otro lado, los familiares también se fueron muriendo en ese limbo judicial. El dolor más grande durante el proceso de Megacausa fue la pérdida de Doly Mabel Perini de Gallardo. "La Coca", como la conocían todos, fue una de las fundadoras de La Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas de Salta y dejó este mundo en septiembre de ese año sin escuchar la condena.
"Yo creo que los familiares ya no esperan justicia. Ésta debe ser contemporánea a los actores y a sus necesidades. Pasaron 40 años de las torturas, secuestros y los asesinatos. Yo creo que tan sólo nos resta esperar un resultado judicial que determine la responsabilidad a fin de que sea educativo para el futuro y las nuevas generaciones. Que la historia quede plasmada para que nadie pueda alterar los hechos. Para que esto no suceda en Salta nunca más", dijo con sonrisa reflexiva el abogado David Leiva.
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El 3 de julio de 2014, la Sala III de la Cámara de Casación, con el voto de Liliana Catucci y Eduardo Rafael Riggi, dejó en suspenso la prisión efectiva de quince represores. Entre las víctimas se encuentran Benjamina Aramayo, Martín Miguel Cobos, Víctor Mario Brizzi, Carlos Estanislao Figueroa Rojas, Héctor Domingo Gamboa y Gemma Ana María Fernández Arcieri de Gamboa, como algunos de los casos más conmovedores.

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