María Luján Sodero informó que las diligencias penales surgen de acusaciones vertidas por dos exintegrantes de un instituto religioso denominado Discípulo de San Juan Bautista, quienes acusaron a los sacerdotes Rubén Agustín Rosa Torino y a Nicolás Parma por supuestos abusos sexuales, hechos que habrían ocurrido entre los años 2009 y 2013.
A partir de estas denuncias, la fiscalía llevó adelante varias diligencias en busca de establecer los hechos denunciados. Respecto a la acusación realizada por uno de ellos en contra de Rosa y Parma, la fiscal dispuso una serie de medidas judiciales, entre ellas la ubicación y declaración de testigos mencionados por el denunciante.
Asimismo, y con respecto a la acusación de la otra denunciante, también en contra de Rosa y Parma, la fiscalía trabaja para ubicar a los testigos que ésta aportó, algunos de los cuales se encuentran fuera de la provincia y del país.
No obstante, mañana la ex integrante del instituto religioso volverá a presentarse en la fiscalía, ya que se espera que brinde una ampliación de su testimonio, pues en su denuncia sostuvo que otros miembros de la comunidad también habrían sido víctimas de abusos sexuales.
Los dos denunciantes refirieron hechos de abuso sexual, consistentes en tocamientos, como así también violencia verbal y psicológica a partir de sucesos en los que eran humillados, ya sea por su condición dentro de la comunidad.
Declararon que algunos miembros eran tratados como esclavos y que no recibían atención médica o contención, cuando sufrían alguna enfermedad. Incluso revelaron otros detalles respecto al manejo de dinero de parte de los acusados.
También señalaron haber dado a conocer los supuestos abusos y otros hechos de sometimientos a distintas autoridades de la Iglesia. Una de las denunciantes, agregó al respecto, haber recibido mensajes y ofrecimiento de dinero de parte de uno de los acusados.
Estos hechos, y otros más que forman parte de las denuncias, son motivo de investigación por parte de la fiscalía. Al respecto, la fiscal ordenó una serie de diligencias y medidas probatorias que permitan reunir elementos a fin de determinar si las acusaciones permiten avanzar con el proceso penal en curso.
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María Luján Sodero informó que las diligencias penales surgen de acusaciones vertidas por dos exintegrantes de un instituto religioso denominado Discípulo de San Juan Bautista, quienes acusaron a los sacerdotes Rubén Agustín Rosa Torino y a Nicolás Parma por supuestos abusos sexuales, hechos que habrían ocurrido entre los años 2009 y 2013.
A partir de estas denuncias, la fiscalía llevó adelante varias diligencias en busca de establecer los hechos denunciados. Respecto a la acusación realizada por uno de ellos en contra de Rosa y Parma, la fiscal dispuso una serie de medidas judiciales, entre ellas la ubicación y declaración de testigos mencionados por el denunciante.
Asimismo, y con respecto a la acusación de la otra denunciante, también en contra de Rosa y Parma, la fiscalía trabaja para ubicar a los testigos que ésta aportó, algunos de los cuales se encuentran fuera de la provincia y del país.
No obstante, mañana la ex integrante del instituto religioso volverá a presentarse en la fiscalía, ya que se espera que brinde una ampliación de su testimonio, pues en su denuncia sostuvo que otros miembros de la comunidad también habrían sido víctimas de abusos sexuales.
Los dos denunciantes refirieron hechos de abuso sexual, consistentes en tocamientos, como así también violencia verbal y psicológica a partir de sucesos en los que eran humillados, ya sea por su condición dentro de la comunidad.
Declararon que algunos miembros eran tratados como esclavos y que no recibían atención médica o contención, cuando sufrían alguna enfermedad. Incluso revelaron otros detalles respecto al manejo de dinero de parte de los acusados.
También señalaron haber dado a conocer los supuestos abusos y otros hechos de sometimientos a distintas autoridades de la Iglesia. Una de las denunciantes, agregó al respecto, haber recibido mensajes y ofrecimiento de dinero de parte de uno de los acusados.
Estos hechos, y otros más que forman parte de las denuncias, son motivo de investigación por parte de la fiscalía. Al respecto, la fiscal ordenó una serie de diligencias y medidas probatorias que permitan reunir elementos a fin de determinar si las acusaciones permiten avanzar con el proceso penal en curso.