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La Justicia procesó a Aníbal Fernández, Manzur y Gollán por el plan Qunita

Miércoles, 17 de febrero de 2016 01:30
El juez federal Claudio Bonadio procesó ayer a los funcionarios vinculados con la licitación del programa de reparto de kits para embarazadas que lanzó el kirchnerismo. Además trabó embargos por $440 millones.
El gobernador de Tucumán, Juan Manzur; el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ex ministro de Salud Daniel Gollán quedaron más complicados en la causa que investiga la licitación del plan de reparto de kits para embarazadas Qunita. El juez federal Claudio Bonadio procesó a estos tres funcionarios kirchneristas y a otras 20 personas por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
El Programa Qunita del Ministerio de Salud, lanzado a principio de 2015, se destinó, según su página web, a "todas las mujeres embarazadas de la Argentina que reciben la Asignación por Embarazo (AUE) que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)".
La diputada porteña Graciela Ocaña hizo una denuncia a partir de lo publicado por el sitio Eliminando Variables y comenzó una investigación judicial. Para el juez Bonadio, la licitación fue dirigida por los funcionarios públicos para beneficiar con un millonario contrato a empresas que no tenían experiencia en negocios similares. La firma Fasano (sin actividad en el rubro de las cunas y artículos para bebés) fue favorecida con un contrato de 903 millones de pesos para proveer de 115.000 de los 140.000 kits que contempla el programa Qunita.
Además de la cuna de encastre y construida en fibrofácil, el kit contenía, entre otras cosas, prendas para bebés, un colchón, sábanas, chupete, mordillo, sonajero y termómetro.
La empresa Fasano, que se quedó con la mayor parte del negocio, fue la que más caro cobró cada kit al Estado: 7.850 pesos. Los integrantes de las otras firmas que se favorecieron con el contrato Delta Obras y Proyectos, Compañía Comercial Narciso, Grupo Diela SRL, Dromotech, y Fibromad también están entre los acusados.
Suspendieron entrega
Desde el Ministerio de Salud de la Nación ordenaron el cese del reparto de kits para embarazadas que lanzó el kirchnerismo. La provincia de Buenos Aires ya acató la decisión
La decisión nació a partir de un informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que pone en duda la seguridad de las cunas y bolsas de dormir que incluye el programa.

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El juez federal Claudio Bonadio procesó ayer a los funcionarios vinculados con la licitación del programa de reparto de kits para embarazadas que lanzó el kirchnerismo. Además trabó embargos por $440 millones.
El gobernador de Tucumán, Juan Manzur; el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ex ministro de Salud Daniel Gollán quedaron más complicados en la causa que investiga la licitación del plan de reparto de kits para embarazadas Qunita. El juez federal Claudio Bonadio procesó a estos tres funcionarios kirchneristas y a otras 20 personas por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
El Programa Qunita del Ministerio de Salud, lanzado a principio de 2015, se destinó, según su página web, a "todas las mujeres embarazadas de la Argentina que reciben la Asignación por Embarazo (AUE) que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)".
La diputada porteña Graciela Ocaña hizo una denuncia a partir de lo publicado por el sitio Eliminando Variables y comenzó una investigación judicial. Para el juez Bonadio, la licitación fue dirigida por los funcionarios públicos para beneficiar con un millonario contrato a empresas que no tenían experiencia en negocios similares. La firma Fasano (sin actividad en el rubro de las cunas y artículos para bebés) fue favorecida con un contrato de 903 millones de pesos para proveer de 115.000 de los 140.000 kits que contempla el programa Qunita.
Además de la cuna de encastre y construida en fibrofácil, el kit contenía, entre otras cosas, prendas para bebés, un colchón, sábanas, chupete, mordillo, sonajero y termómetro.
La empresa Fasano, que se quedó con la mayor parte del negocio, fue la que más caro cobró cada kit al Estado: 7.850 pesos. Los integrantes de las otras firmas que se favorecieron con el contrato Delta Obras y Proyectos, Compañía Comercial Narciso, Grupo Diela SRL, Dromotech, y Fibromad también están entre los acusados.
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