A partir de este año se podrá penar con multas (de hasta 30 mil pesos) y con arresto (de hasta 60 días) a los padres o familiares que agredan verbal o físicamente a los docentes y personal no docente de escuelas públicas y privadas de la provincia de Buenos Aires. Al respecto, El Tribuno conversó con algunos dirigentes gremiales, que coincidieron en que la medida no resuelve el problema de fondo. En contrapartida, pidieron mayor inversión en educación y que se encare con seriedad un trabajo sistemático en las escuelas para prevenir y hacerle frente a la violencia.
Eduardo Albornoz, exdirector de la técnica 3117 Maestro Daniel Oscar Reyes de barrio San Remo, admitió que durante su gestión la agresión a los docentes fue una de sus grandes preocupaciones. "Yo creo que la ley puede ser un argumento de limitación para que los padres sepan a qué atenerse, pero en realidad hace falta otra cosa, acá tiene que haber obligación del padre o tutor para que asista al establecimiento de forma periódica y que tenga un programa de acción institucional. Con eso salvaríamos muchas cosas", señaló.
La docente Josefa Cardozo, de Orán, apuntó contra la ley aprobada por los diputados bonaerenses: "Eso no resuelve nada, es meter el problema bajo la alfombra y no escuchar a los docentes. En muchos casos los padres están peores que los chicos, hoy sumidos en la droga, o trabajan en las fincas y no tienen tiempo para contener a sus hijos".
En lugar de una ley Cardozo se inclina por la creación de equipos interdisciplinarios que puedan trabajar de forma sistemática en la prevención de la violencia. "Desde nuestro sector planteamos un gabinete cada 300 alumnos", dijo.
Sergio Coronel, secretario gremial de Sitepsa, indicó que durante el 2016 el gremio tomó conocimiento por colegas de, por lo menos, una docena de casos de agresión a docentes. "Por lo general estos no son denunciados debido al temor que le tienen al directivo o supervisor, quienes siempre minimizan estas cuestiones para que no se hagan públicas", comentó.
Para el sindicalista los hechos de violencia contra los docentes se incrementaron en los últimos años, dado a que el mismo gobierno escolar dejó de lado al docente. Directivos, supervisores y autoridades ministeriales no les dan el respaldo suficiente a los maestros. "Muchas veces tienen más peso las declaraciones de los padres que las de los docentes", aseveró Coronel.
Josefa Cardozo comparó a las escuelas con las cárceles. "Por los hechos de inseguridad en general, las escuelas tuvieron que poner rejas para protegerse de alguna forma y en la puerta controlan el ingreso y egreso de la gente", dijo la docente, miembro del PO. El control en el acceso es fundamental para la seguridad de toda la comunidad educativa.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla
A partir de este año se podrá penar con multas (de hasta 30 mil pesos) y con arresto (de hasta 60 días) a los padres o familiares que agredan verbal o físicamente a los docentes y personal no docente de escuelas públicas y privadas de la provincia de Buenos Aires. Al respecto, El Tribuno conversó con algunos dirigentes gremiales, que coincidieron en que la medida no resuelve el problema de fondo. En contrapartida, pidieron mayor inversión en educación y que se encare con seriedad un trabajo sistemático en las escuelas para prevenir y hacerle frente a la violencia.
Eduardo Albornoz, exdirector de la técnica 3117 Maestro Daniel Oscar Reyes de barrio San Remo, admitió que durante su gestión la agresión a los docentes fue una de sus grandes preocupaciones. "Yo creo que la ley puede ser un argumento de limitación para que los padres sepan a qué atenerse, pero en realidad hace falta otra cosa, acá tiene que haber obligación del padre o tutor para que asista al establecimiento de forma periódica y que tenga un programa de acción institucional. Con eso salvaríamos muchas cosas", señaló.
La docente Josefa Cardozo, de Orán, apuntó contra la ley aprobada por los diputados bonaerenses: "Eso no resuelve nada, es meter el problema bajo la alfombra y no escuchar a los docentes. En muchos casos los padres están peores que los chicos, hoy sumidos en la droga, o trabajan en las fincas y no tienen tiempo para contener a sus hijos".
En lugar de una ley Cardozo se inclina por la creación de equipos interdisciplinarios que puedan trabajar de forma sistemática en la prevención de la violencia. "Desde nuestro sector planteamos un gabinete cada 300 alumnos", dijo.
Sergio Coronel, secretario gremial de Sitepsa, indicó que durante el 2016 el gremio tomó conocimiento por colegas de, por lo menos, una docena de casos de agresión a docentes. "Por lo general estos no son denunciados debido al temor que le tienen al directivo o supervisor, quienes siempre minimizan estas cuestiones para que no se hagan públicas", comentó.
Para el sindicalista los hechos de violencia contra los docentes se incrementaron en los últimos años, dado a que el mismo gobierno escolar dejó de lado al docente. Directivos, supervisores y autoridades ministeriales no les dan el respaldo suficiente a los maestros. "Muchas veces tienen más peso las declaraciones de los padres que las de los docentes", aseveró Coronel.
Josefa Cardozo comparó a las escuelas con las cárceles. "Por los hechos de inseguridad en general, las escuelas tuvieron que poner rejas para protegerse de alguna forma y en la puerta controlan el ingreso y egreso de la gente", dijo la docente, miembro del PO. El control en el acceso es fundamental para la seguridad de toda la comunidad educativa.