El Informe de Idesa, que hoy publica El Tribuno en estas mismas páginas y que está centrado en la distribución del gasto que ejecuta el Poder Ejecutivo Nacional, muestra la enorme inequidad que sufre, entre otras, nuestra provincia.
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El Informe de Idesa, que hoy publica El Tribuno en estas mismas páginas y que está centrado en la distribución del gasto que ejecuta el Poder Ejecutivo Nacional, muestra la enorme inequidad que sufre, entre otras, nuestra provincia.
Es preciso señalar aquí, que en algunos foros y tertulias locales vienen plantándose, al menos desde 2011, similares inquietudes.
Sin que estos esfuerzos intelectuales salteños hayan encontrado el más mínimo eco en las autoridades locales, centradas en minúsculas querellas electorales y obsesionadas por conservar, ampliar y reproducir el poder que detentan desgajado del interés general.
Cuando, obedeciendo a un impulso tan repentino como esporádico e ineficaz, estas autoridades se atreven a plantear reivindicaciones federalistas, lo hacen centrándose en la coparticipación de impuestos, pero nunca en la coparticipación en el gasto público nacional.
Salta y los salteños hemos visto perder participación relativa en todos los indicadores nacionales e internacionales que miden la producción, la productividad, el empleo y el bienestar, mientras crecían y crecen -en paralelo- la pobreza y el estancamiento económico.
Vale decir, mientras el espíritu emprendedor era asfixiado por la burocracia, la presión fiscal y el amiguismo.
Casi sin excepción, los documentos emanados del Poder Ejecutivo Provincial y los debates en nuestra decaída legislatura, se han revelado incapaces de formular un diagnóstico que ponga sobre la mesa y dimensione nuestros problemas y, como sería de desear, formule propuestas e itinerarios para resituar a Salta en la Nación y en el mundo.
Millones de dólares gastados en consultorías y en asesores no han servido para evidenciar lo que ahora el grupo de intelectuales y expertos cordobeses nucleados en Idesa denuncia como un agravio a la forma federal de organización constitucional de la Argentina.
El Gobierno de Salta, y el de otras provincias del norte, han consentido décadas de política económica unitaria y perjudicial para nuestros legítimos intereses.
Salta lo hizo cuando toleró una política hidrocarburífera que liquidó nuestras reservas y cedió recursos a la Nación a precio de saldo.
Lo hizo cuando convalidó una política energética que subvencionó el consumo de electricidad de los grandes núcleos urbanos y de sus industrias.
Lo hizo cuando aceptó sin rechistar las medidas macroeconómicas que desataron la inflación que, a la par que empobreció a los consumidores, permitió que el poder central se beneficiaria de los recursos generados por el impuesto inflacionario.
Lo hizo cuando aceptó sin reparos los planes de infraestructura que volcaron enormes recursos en favor de la "zona núcleo" (la Pampa Húmeda y su entorno industrial) y derramaron migajas sobre nuestras redes de comunicación y de transporte, nuestra capacidad de embalsamiento de aguas, nuestra infraestructura urbanística que vegeta en el subdesarrollo más feroz.
Lo hizo cuando ignoró los efectos del centralismo en las relaciones laborales, en el diseño de las cargas tributarias y en la distribución del crédito.
Lo hizo cuando aceptó las restricciones de la ley de bosques sin reclamar las compensaciones debidas.
Lo llamativo es que tamañas concesiones no hayan provocado la reacción de los actores sociales ni políticos salteños. Me refiero, como no, a las organizaciones patronales y sindicales, a las universidades, a los colegios profesionales y a quienes hoy protagonizan una campaña electoral que pronto olvidaremos por su pertinaz carencia de ideas, de propuestas y de liderazgos enérgicos de proyección federalista.
Mueve a inquietud tanto temor, tanto silencio y tanta negligencia.