Las comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda de Diputados realizarán un plenario el próximo martes, desde las 17.30, para debatir sobre la prórroga de la Ley 26.160, que evita desalojos en tierras habitadas por comunidades indígenas.
La iniciativa cuenta con media sanción del Senado donde fue aprobada por unanimidad el pasado 27 de septiembre, y establece un plazo de cuatro años más. A pesar de que en la Cámara alta el oficialismo quería prorrogar la norma por un tiempo menor, el bloque mayoritario del PJ-FpV impuso que sea por cuatro años, tal como se viene extendiendo desde 2006.
La ley suspende los desalojos hasta tanto se termine el relevamiento catastral que ya debió haber completado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Pero, según informaron representantes de pueblos originarios, desde su sanción hasta la actualidad solamente el 30% de las comunidades reconocidas en el país tienen el relevamiento catastral terminado.
Previo a su tratamiento en el recinto del Senado, miembros de las comunidades mapuche, qom, wichís, villela, sanavirones, guaraníes, warpes y kollas, habían reclamado por la prórroga de la ley durante una audiencia pública que se realizó en el Salón Delia Parodi de Diputados.
El debate de la norma no sólo se precipitó por su inminente vencimiento -el próximo 23 de noviembre- sino también por el caso de la desaparición del joven Santiago Maldonado, el 1 de agosto pasado, en el marco de una protesta de la comunidad mapuche en Cushamen, Chubut.
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Las comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda de Diputados realizarán un plenario el próximo martes, desde las 17.30, para debatir sobre la prórroga de la Ley 26.160, que evita desalojos en tierras habitadas por comunidades indígenas.
La iniciativa cuenta con media sanción del Senado donde fue aprobada por unanimidad el pasado 27 de septiembre, y establece un plazo de cuatro años más. A pesar de que en la Cámara alta el oficialismo quería prorrogar la norma por un tiempo menor, el bloque mayoritario del PJ-FpV impuso que sea por cuatro años, tal como se viene extendiendo desde 2006.
La ley suspende los desalojos hasta tanto se termine el relevamiento catastral que ya debió haber completado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Pero, según informaron representantes de pueblos originarios, desde su sanción hasta la actualidad solamente el 30% de las comunidades reconocidas en el país tienen el relevamiento catastral terminado.
Previo a su tratamiento en el recinto del Senado, miembros de las comunidades mapuche, qom, wichís, villela, sanavirones, guaraníes, warpes y kollas, habían reclamado por la prórroga de la ley durante una audiencia pública que se realizó en el Salón Delia Parodi de Diputados.
El debate de la norma no sólo se precipitó por su inminente vencimiento -el próximo 23 de noviembre- sino también por el caso de la desaparición del joven Santiago Maldonado, el 1 de agosto pasado, en el marco de una protesta de la comunidad mapuche en Cushamen, Chubut.