Una mañana agitada se vivió ayer en la fronteriza localidad de Profesor Salvador Mazza, con dos cortes de calles por protestas sociales y laborales, que tuvieron como corolario una amenaza de bomba a la Fiscalía Penal local luego de que ordenara a los manifestantes que liberaran el tránsito en ambos piquetes.
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Una mañana agitada se vivió ayer en la fronteriza localidad de Profesor Salvador Mazza, con dos cortes de calles por protestas sociales y laborales, que tuvieron como corolario una amenaza de bomba a la Fiscalía Penal local luego de que ordenara a los manifestantes que liberaran el tránsito en ambos piquetes.
Alrededor de las 9.48, la auxiliar fiscal Rebeca Russo recibió en su celular una llamada en la que le advertía sobre "una bolsa con una tirita" que serían explosivos y habrían sido dejados en un lugar de la Fiscalía Penal a cargo de Armando Cazón.
La llamada la realizó un hombre, con voz temblorosa.
"¿Cómo se llama Ud.?", le preguntó la auxiliar fiscal.
"José Ramiro; soy de la misión que está pasando el puente, respondió el hombre.
"¿Qué misión?", volvió a preguntar.
"Buena Aventura", dijo él.
Lo que siguió fue informar al fiscal Cazón y luego solicitar la intervención de la Policía. Cuando llegaron los efectivos, el edificio sobre avenida San Martín, casi en diagonal a la Municipalidad (donde los empleados comunales realizaban un corte), fue desalojado para permitir la inspección policial.
Pasó poco más de una hora hasta que los efectivos que revisaron todo el inmueble confirmaron que se trataba de una falsa alarma.
La auxiliar Russo hizo, entonces, la denuncia policial.
Contexto especial
"Es llamativo el momento en el que se realiza la falsa amenaza de bomba: yo acababa de ordenar a la Policía que intimaran tanto a los empleados municipales como a los manifestantes que estaban sobre el puente Guandacarenda, que liberaran el paso de vehículos", explicó ayer el fiscal Cazón, en diálogo con El Tribuno.
La notificación para que desalojaran el acceso a Salvador Mazza y la avenida principal ya se había difundido por los medios de comunicación local, y la tensión social era evidente por el temor a un desalojo de las calles obstruidas.
"Respetamos el derecho de huelga en la medida que no sea abusivo, que no afecten derechos de terceros. A mí una amenaza como la de ayer no me va amedrentar, porque tengo la obligación como funcionario público de dar respuesta a la población", sostuvo Cazón.
Llamaron de un teléfono público
La llamada sobre la amenaza de bomba que recibió la auxiliar fiscal en su celular quedó registrada con el número 1111111111, característico de los teléfonos de cabinas o de los ubicados en la vía pública. Tras comprobar que se trataba de una falsa alarma, el fiscal penal Armando Cazón abrió una investigación, y para ello solicitó los videos de las cámaras de seguridad de las cabinas y de las calles donde funcionan teléfonos públicos.
Convulsionados
Ayer el fronterizo pueblo vivió un virtual sitio: dos cortes de calles impidieron el ingreso y la salida de vehículos. Los empleados municipales cortaron la avenida San Martín, frente a la Municipalidad, en reclamo por el pago de sus salarios.
En el acceso al pueblo, sobre el puente Guandacarenda, un grupo de piqueteros liderados por Raúl Zigarán cortaron el paso en reclamo de empleo a las petroleras.
Ambos cortes se abrieron tras la orden de la Fiscalía Penal.