El martes 21 asumirán los nuevos ministros del gabinete de Juan Manuel Urtubey. No solo habrá cambio de muchos nombres y dos ministerios menos, sino que también se dará a conocer una nueva mecánica de trabajo y una normativa muy severa para aplicar la política que definen como "austeridad para el crecimiento".
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El martes 21 asumirán los nuevos ministros del gabinete de Juan Manuel Urtubey. No solo habrá cambio de muchos nombres y dos ministerios menos, sino que también se dará a conocer una nueva mecánica de trabajo y una normativa muy severa para aplicar la política que definen como "austeridad para el crecimiento".
El recambio coincide con el acuerdo alcanzado con la Nación en el pacto fiscal, celebrado por los gobernadores, incluido Urtubey, pero no tanto porque "prometa una bonanza sino porque evitó una catástrofe". El déficit es una pesadilla que atraviesa el territorio nacional y pone en situación límite a las administraciones provinciales. La de Salta está lejos de ser una excepción.
Los términos del acuerdo
Las provincias se comprometieron a colaborar en la reducción del déficit en 1,5% del PBI en cinco años. La administración nacional deberá aportar un 4%, por lo menos. Ese objetivo solo puede lograrse "optimizando gastos y aumentando recursos", y eso, en una época de vacas flacas.
El equilibrio casi mágico consiste en reducir impuestos para alentar la inversión productiva y achicar al mismo tiempo las erogaciones.
Macri les pide que los tres niveles del Estado se encolumnen; por eso, la primera tarea será convencer a los intendentes sobre las bondades de reemplazar los tributos locales por la tasa de inspección municipal, propuesta por Urtubey, bien recibida por Rogelio Frigerio y Macri y que consiste en acuerdos entre la AFIP y los municipios para recaudar recursos junto con el IVA.
El problema es que se trata de un "acto de fe" porque todo depende de que cada uno cumpla el compromiso. También el Gobierno nacional.
Las garantías
Más allá de las expresiones de entusiasmo, lo que destacan los funcionarios es que al allanarse todas las demandas pendientes se logra ofrecer mayores garantías a la inversión. Se elimina la "contingencia", que supone un volumen de juicios cruzados entre Nación y provincias del orden de los 650 mil millones de pesos, de los cuales, 400 mil millones correspondían a la demanda por el Fondo del Conurbano.
Si la Corte dictaminaba a favor de María Eugenia Vidal, el fallo sería incumplible. Las provincias cedieron. En el acuerdo, Salta recibirá 1.700 millones de pesos por año, más bonos por unos cinco mil millones a lo largo de once años.
Otro logro que celebraron los gobernadores, aunque pasó desapercibido fue el acuerdo para el revalúo de inmuebles. Al no existir ajustes por inflación, el propietario del inmueble subvaluado deduce mucho menos de Ganancias; y, para peor, cuando vende ese bien, paga Ganancias por su valor real: si el bien de cien mil pesos se vende a dos millones, se interpreta que el vendedor ganó 1.900.000 pesos. El estímulo parece irresistible. Los gobernadores lograron que ese revalúo, que estiman será equivalente a la mitad del blanqueo del año pasado, sea coparticipado.
Los deberes
Lo que viene está muy lejos de ser "manteca al techo".
Al aplicarse todo el impuesto al cheque para financiar el sistema jubilatorio y, al mismo tiempo, al permitir que la totalidad de ese monto cada contribuyente lo deduzca de Ganancias, los ingresos de Salta van a disminuir.
Por eso, Urtubey ya anunció que en los próximos días se conocerá un decreto drástico en materia de austeridad administrativa. Los nuevos ministros ya están informados sobre los lineamientos.
El cambio de gabinete viene acompañado de una promesa de cambios drásticos en Salta para "optimizar " la administración y "alentar la producción". Una tónica que define objetivos novedosos.