El oficialismo buscará aprobar el jueves próximo en el Consejo de la Magistratura el inicio del proceso de remoción contra el juez federal Daniel Rafecas a raíz de su accionar al frente a la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA.
El presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación del organismo, el diputado oficialista Pablo Tonelli, añadió este martes los expedientes contra Rafecas en una ampliación del orden del día para la próxima audiencia que llevarán a cabo ese día desde las 9.
Se trata de una denuncia presentada en 2015 por la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, a la que luego se le sumaron otros requerimientos realizados por diferentes organismos.
El caso quedó a cargo del consejero y senador de la UCR, Ángel Rozas, quien será el encargado de presidir la parte acusatoria en caso de que finalmente se inicie un juicio político contra Rafecas.
Principalmente, acusan al juez de haber tenido una "intolerable parcialidad" durante su actuación a cargo de la causa contra la exmandataria nacional iniciada por Nisman.
El magistrado consideró en febrero de aquel año que se debía cerrar la investigación tras sostener que no había "un sólo elemento de prueba" contra Cristina Fernández de Kirchner, decisión que luego fue ratificada por la Sala I de la Cámara Federal, en ese momento presidida por Eduardo Freiler, actualmente destituido.
Tiempo después, en agosto de 2016, el magistrado volvió a rechazar un pedido de la DAIA para que se reabriera la causa, lo que motivó la publicación de una solicitada en los diarios bajo el título de "El juez Rafecas debe ser removido", firmada por dirigentes de la comunidad judía, sobrevivientes y familiares de víctimas del atentado, empresarios, periodistas, funcionarios nacionales y diputados nacionales de Cambiemos.
"Desde el punto de vista jurídico, la actuación en el caso Nisman es irreprochable. Es una decisión absolutamente sostenida en lo que establece la ley y la Constitución, que fue confirmada de modo contundente y con argumentos propios en la segunda y tercera instancia. Es inaudito ordenar la remoción de un juez por el contenido de una sentencia", había señalado entonces Rafecas.
Para que se trate el pedido de remoción, Tonelli tendrá que sumar el apoyo durante la sesión de la mitad del resto de los ocho consejeros que conforman la comisión.
En principio contaría con los números necesarios, ya que tendría el respaldo del representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahíques; del abogado Miguel Pidecasas; del senador Rozas y del diputado radical Gustavo Valdés, quien deberá dejar su cargo en diciembre para asumir como gobernador de Corrientes.
Para aprobar luego un juicio político contra Rafecas, el oficialismo necesita conseguir en el plenario del Consejo de la Magistratura nueve votos a favor de entre sus trece integrantes totales.
A finales de octubre, el Colegio de Abogados de la Ciudad junto a las organizaciones Será Justicia y Usina de Justicia presentaron ante esta misma comisión otra denuncia contra Rafecas y contra su par, Ariel Lijo, por el "cajoneo" de causas.
Las entidades entienden que ambos magistrados tienen a su cargo investigaciones iniciadas hace varios años, pero que todavía continúan en trámite y en las cuales no hay procesados o no se los llamó a indagatoria. La semana pasada, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó a Freiler por mal desempeño en sus funciones, tras comprobar un incremento injustificado de su patrimonio, omisiones en su declaración jurada y deudas con la AFIP.
El oficialismo había logrado aprobar en el Consejo el juicio político contra el expresidente de la Sala I de la Cámara Federal gracias a que el plenario del cuerpo contaba con un integrante menos, ya que el senador kirchnerista Ruperto Godoy había sido expulsado por no ser abogado y su reemplazante, Mario Pais, aún no había asumido en funciones.
Con seis votos positivos y uno negativo, el tribunal falló a favor de apartar al juez de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, quien había denunciado que su enjuiciamiento estaba relacionado con su postura en dos causas: Hotesur y la denuncia del fallecido Nisman por "encubrimiento" del Gobierno de Cristina de Kirchner sobre el atentado contra la AMIA.
La decisión fue aprobada por la jueza Inés Cantisani; los senadores nacionales Walter Barrionuevo (Frente para la Victoria- PJ) y Silvia Giacoppo (Cambiemos) y el diputado Hugo Marcucci (UCR), mientras que la diputada del Frente para la Victoria Diana Conti se pronunció en contra y el abogado Raúl Plaggio expresó su disidencia parcial.
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El oficialismo buscará aprobar el jueves próximo en el Consejo de la Magistratura el inicio del proceso de remoción contra el juez federal Daniel Rafecas a raíz de su accionar al frente a la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA.
El presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación del organismo, el diputado oficialista Pablo Tonelli, añadió este martes los expedientes contra Rafecas en una ampliación del orden del día para la próxima audiencia que llevarán a cabo ese día desde las 9.
Se trata de una denuncia presentada en 2015 por la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, a la que luego se le sumaron otros requerimientos realizados por diferentes organismos.
El caso quedó a cargo del consejero y senador de la UCR, Ángel Rozas, quien será el encargado de presidir la parte acusatoria en caso de que finalmente se inicie un juicio político contra Rafecas.
Principalmente, acusan al juez de haber tenido una "intolerable parcialidad" durante su actuación a cargo de la causa contra la exmandataria nacional iniciada por Nisman.
El magistrado consideró en febrero de aquel año que se debía cerrar la investigación tras sostener que no había "un sólo elemento de prueba" contra Cristina Fernández de Kirchner, decisión que luego fue ratificada por la Sala I de la Cámara Federal, en ese momento presidida por Eduardo Freiler, actualmente destituido.
Tiempo después, en agosto de 2016, el magistrado volvió a rechazar un pedido de la DAIA para que se reabriera la causa, lo que motivó la publicación de una solicitada en los diarios bajo el título de "El juez Rafecas debe ser removido", firmada por dirigentes de la comunidad judía, sobrevivientes y familiares de víctimas del atentado, empresarios, periodistas, funcionarios nacionales y diputados nacionales de Cambiemos.
"Desde el punto de vista jurídico, la actuación en el caso Nisman es irreprochable. Es una decisión absolutamente sostenida en lo que establece la ley y la Constitución, que fue confirmada de modo contundente y con argumentos propios en la segunda y tercera instancia. Es inaudito ordenar la remoción de un juez por el contenido de una sentencia", había señalado entonces Rafecas.
Para que se trate el pedido de remoción, Tonelli tendrá que sumar el apoyo durante la sesión de la mitad del resto de los ocho consejeros que conforman la comisión.
En principio contaría con los números necesarios, ya que tendría el respaldo del representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahíques; del abogado Miguel Pidecasas; del senador Rozas y del diputado radical Gustavo Valdés, quien deberá dejar su cargo en diciembre para asumir como gobernador de Corrientes.
Para aprobar luego un juicio político contra Rafecas, el oficialismo necesita conseguir en el plenario del Consejo de la Magistratura nueve votos a favor de entre sus trece integrantes totales.
A finales de octubre, el Colegio de Abogados de la Ciudad junto a las organizaciones Será Justicia y Usina de Justicia presentaron ante esta misma comisión otra denuncia contra Rafecas y contra su par, Ariel Lijo, por el "cajoneo" de causas.
Las entidades entienden que ambos magistrados tienen a su cargo investigaciones iniciadas hace varios años, pero que todavía continúan en trámite y en las cuales no hay procesados o no se los llamó a indagatoria. La semana pasada, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó a Freiler por mal desempeño en sus funciones, tras comprobar un incremento injustificado de su patrimonio, omisiones en su declaración jurada y deudas con la AFIP.
El oficialismo había logrado aprobar en el Consejo el juicio político contra el expresidente de la Sala I de la Cámara Federal gracias a que el plenario del cuerpo contaba con un integrante menos, ya que el senador kirchnerista Ruperto Godoy había sido expulsado por no ser abogado y su reemplazante, Mario Pais, aún no había asumido en funciones.
Con seis votos positivos y uno negativo, el tribunal falló a favor de apartar al juez de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, quien había denunciado que su enjuiciamiento estaba relacionado con su postura en dos causas: Hotesur y la denuncia del fallecido Nisman por "encubrimiento" del Gobierno de Cristina de Kirchner sobre el atentado contra la AMIA.
La decisión fue aprobada por la jueza Inés Cantisani; los senadores nacionales Walter Barrionuevo (Frente para la Victoria- PJ) y Silvia Giacoppo (Cambiemos) y el diputado Hugo Marcucci (UCR), mientras que la diputada del Frente para la Victoria Diana Conti se pronunció en contra y el abogado Raúl Plaggio expresó su disidencia parcial.