La degradación de los controles

Una vez más, en peligro las libertades individuales; una vez más, en riesgo cercano de politización de la Justicia; una vez más se debilitan los controles; una vez más, la letra muerta de la ley. La experiencia vivida por la gestión de Alejandra Gils Carbó como procuradora general de la Nación es un indicio de las consecuencias de la degradación de los controles.

Una vez más, en peligro las libertades individuales; una vez más, en riesgo cercano de politización de la Justicia; una vez más se debilitan los controles; una vez más, la letra muerta de la ley. La experiencia vivida por la gestión de Alejandra Gils Carbó como procuradora general de la Nación es un indicio de las consecuencias de la degradación de los controles.

No basta el cumplimiento de la ley por parte de los individuos para que gocen efectivamente de sus derechos y libertades, si quienes ejercen los poderes del Estado simplificando, los políticos- violan aquellas leyes que organizan su funcionamiento, en especial las normas de la Constitución, en la que se proyectan los propósitos de la comunidad organizada, pero donde también se estructura la forma en la que ha de ejercitarse su gobierno que, en el caso de nuestra Carta Magna, adoptó la forma representativa, republicana y federal.

Precisamente, la forma republicana es la que impone a esos poderes públicos, limitaciones y responsabilidades, para tratar de amparar al individuo frente a la superioridad del Estado.

¿Puede caber a algún argentino adulto, el convencimiento de que se han cumplido en los hechos, estas normas que limitan el poder político? El avance de uno de los poderes, franqueando ilegítima e impunemente sus propias incumbencias, ha sido quizá la norma no escrita ni querida, que más se ha cumplido en la historia gobernante de la Argentina. Y, desde luego, ha sido fundamentalmente el Poder Ejecutivo el que ha violado este principio republicano.

"­Vamos por todo!"

En el último gobierno ha alcanzado la pretensión de instaurar un despotismo, esbozado en la expresión "vamos por todo".

Se preguntará entonces el ciudadano, ese que ansía vivir en una sociedad pacífica, solidaria, en la que pueda expresarse con libertad y desarrollar sus capacidades para lograr su realización personal y la de su familia, en un ambiente de paz, de tranquilidad, del respeto recíproco que nace del cumplimiento de la ley: ¿es que no hay forma de que se pongan límites al poder político? ¿no existe algún mecanismo en la Constitución que impida el abuso del poder? ¿Es imposible evitar que el poder político influya tanto en la Justicia, que pueda manipular sus decisiones? Porque, por lo que se ve, el principio republicano con sus presuntas vallas, no ha servido para ponerle un freno, y las garantías que trae esa norma suprema, parece una realidad que solo vive en las letras. ¿No se ha creado ningún órgano que se encargue de velar por mis libertades? Claro que existe. Y es un órgano de control constitucional absolutamente independiente de los tres poderes del Estado. Pero que no ha sido reconocido hasta ahora como tal, ni ha ejercido su mandato con la decisión y la autoridad que le fueron conferidas para ello. Y peor aún, en los períodos anteriores de gobierno, lejos de activarse los frenos para que se respetaran los principios republicanos, ese órgano de control se puso a disposición del Poder Ejecutivo para facilitar sus abusos y para servir como amparo de los funcionarios, que eran apremiados por causas penales originadas en su función. Cuando en la reforma de la Constitución Nacional en 1994, se desvinculó al Ministerio Público del Poder Judicial, constituyéndolo como un órgano extra poder, liberándolo de la dependencia de cualquiera de los tres poderes del Estado, y ratificó tal emancipación al asignarle expresamente la calidad de independiente, además de la autonomía funcional y la autarquía financiera, lo erigió en la mayor institución de control, con jerarquía constitucional impar, para que fuera el custodio de la legalidad, es decir, una especie de "tribuno" de los ciudadanos. Porque solamente éstos gozarán en los hechos, de la garantía de sus libertades, mientras la aplicación de la ley sea tan rigurosa, que nadie escape a su autoridad. Que en eso consiste la legalidad.

La bastardización

El Ministerio Público Fiscal, particularmente, con el procurador general de la Nación a la cabeza, tiene esa misión de ejercer la defensa de la legalidad, y está en condiciones, por su independencia y autarquía funcional, de realizar una permanente vigilancia, que dé la señal de alarma y promueva la actuación de la Justicia, para poner término a la consumación de un atropello institucional, como la de arrogarse uno de los poderes atribuciones que no tiene, o como la intromisión en la administración judicial, politizándola, lo que constituye un grave y peligroso atentado a las libertades individuales. Pero esa misión medular, que parece haber sido depreciada en su actuación desde que fue instituido el Ministerio Público entre las autoridades del gobierno federal, y que fue puesta en manos de un órgano de control al que le otorgó no solo independencia, sino también el rango constitucional, está ahora en peligro de ser degradada a su máxima expresión, contradiciendo abiertamente el precepto de la Carta Magna, por vía de un proyecto de reforma a la ley orgánica, que está siendo tratado en el Congreso. El ministro de Justicia, en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, anunció que, conforme al nuevo Código Procesal Penal, incorporará el sistema acusatorio, los fiscales y en especial el procurador general, en el rol importante que han de tener, van a "acumular un poder enorme", y por eso es preciso que, sobre todo con respecto al procurador, deben generarse mecanismos de control y contra pesos.

La entrega a la militancia

Aquí se advierte lo ignominioso de la conducta de la Dra. Alejandra Gils Carbó, que traicionó el mandato que la Constitución le asignó, poniéndose a disposición del Poder Ejecutivo, abdicando oprobiosamente del control de legalidad, que debía ejercer para poner freno al desmadre de ese poder, continúa lesionando la institucionalidad de la República, y ahora sin que tenga que mover un dedo. Porque, sin duda, ese temor por la “acumulación enorme” de poder del procurador, está respondiendo a esa deshonrosa conducta de la Dra. Gils Carbó. Pero lo que ha fallado y lo que debe controlarse, no es la acumulación de poder, sino la desviación de poder por parte del procurador. No debe limitarse, sino asegurarse el poder del procurador en la defensa de la legalidad. Porque el peligro no reside en el poder que detente el procurador frente al poder político, sino al contrario, en la acción del poder político frente al procurador, precisamente porque es el vigía que lo controla, para que no se atreva a atravesar los límites que le fija el sistema republicano, en desmedro de las libertades. Es preciso afianzar el poder del Ministerio Público como órgano de control de la legalidad, y para exorcizar el temor de quienes no saben ver ese rol principalísimo, que garantiza derechos exigiendo el cumplimiento riguroso de la ley por el poder político, basta con incluir en el artículo 3º del Proyecto de reformas de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal el siguiente inciso: “En cumplimiento estricto del mandato constitucional de velar por la defensa de la legalidad, y en resguardo del sistema republicano de gobierno y de la garantía de las libertades individuales, deberá promover las acciones legales pertinentes, para poner contención a toda acción por parte de alguno de los tres poderes, que signifique un desborde de su competencia en menoscabo de la de otro poder, o para impedir todo intento de ejercer presión o influencia política en la actividad judicial. La falta de cumplimiento a este deber, será una causal para su destitución”. Porque no será posible jamás la realidad de una República y un disfrute de las     libertades, sin que exista el freno al poder y a la manipulación     política de la Justicia, por parte de los órganos de control, en cuyo vértice se encuentra el Ministerio Público Fiscal.