La recomposición global de la estructura impositiva es una necesidad planteada por economistas y empresarios desde hace décadas.
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La recomposición global de la estructura impositiva es una necesidad planteada por economistas y empresarios desde hace décadas.
La presión tributaria convierte a la inversión productiva en una aventura y con el elevado costo laboral solo prolifera el empleo en negro.
El gobierno de Mauricio Macri y su ministro Nicolás Dujovne quieren aprovechar el envión electoral para poner en marcha una reforma que es compleja, traumática y puede convertirse en un nuevo fracaso.
Mañana, Macri recibirá a los gobernadores que son la pieza clave para lograr la aprobación de las leyes con la menor cantidad de modificaciones posibles. Deben cambiar, nada menos, las leyes tributarias, previsionales y laborales, y la iniciativa llega con un antecedente: el cambio de fórmula para la actualización de las jubilaciones y pensiones, a la baja para los beneficiarios.
La contrapartida: el Gobierno ratifica que el déficit es insostenible y que el sistema previsional, con los porcentajes actuales, se acerca al quebranto. Frente al déficit, la alternativa de aumentar impuestos es inviable, la reducción de gastos con un 30% de pobreza es muy limitada y que el camino del endeudamiento externo se agotará rápidamente.
Hay que estimular la producción reduciendo impuestos y eliminar el déficit ... haciendo malabarismos.
Ayer, Macri y Dujovne recibieron un espaldarazo de las cámaras empresarias, que apoyan las líneas gruesas del plan global.
Alerta amarilla en Salta
Pero en las provincias, el futuro de las economías regionales enciende luces de alarma. Existe un serio temor de que la reforma termine beneficiando a las economías poderosas de la región central pero ponga en alto riesgo a las pymes y en general a las producciones de las regiones marginales, como el Norte Grande.
Ayer, empresarios de toda la provincia, reunidos en la Cámara de Comercio e Industria, pidieron "participación de las cámaras empresariales en la discusión de las reformas que plantea el actual gobierno nacional". El pronunciamiento consideró "indispensable y vital" ese diálogo entre los dirigentes y los legisladores nacionales por Salta, para analizar "las temáticas que abarcan las reformas tributarias y laborales propuestas, y que tendrían injerencia directa sobre los distintos sectores de la provincia".
En el marco de las celebraciones por el 111§ aniversario de la Cámara de Comercio e Industria de la Provincia de Salta, se realizó un Focus Group denominado "Diálogo Express: reformas y escenarios 2018". Convocados por el presidente Rubén Barrios, concurrieron presidentes y autoridades de cámaras sectoriales nucleadas en la Cámara salteña.
La actividad estuvo moderada por el contador Álvaro Pérez, también dirigente de la Cámara provincial, y participaron los asesores en materia fiscal tributaria Ernesto Maggio y Federico Saavedra.
Hubo representantes de Salta capital, El Carril, de San Lorenzo, Tartagal, Cámara Pyme, Farmacias, Agencias de Turismo, Sociedad Rural Salteña, Comercio Exterior, Asociación Parque Industrial de Salta, Productores Asesores de Seguros, Cámara Argentina de la Producción, Asociación de Ingenieros, Cámara Inmobiliaria y la Cámara de Ópticos.
El país federal
En la economía provincial, la reforma llega con una advertencia: hay que ver si se trata de una transformación o, simplemente, "si van a desvestir a un santo para vestir a otro" y si, como sospechó uno de los participantes, "los que vamos a quedar desvestidos somos nosotros".
Los empresarios salteños advirtieron sobre el principio federal. Es decir, quieren hacer foco en la incidencia directa que podrían tener las reformas tributarias en las provincias, y particularmente en Salta.
Entre los proyectos figura la eventual eliminación del decreto nacional N§ 814/2001, que otorga el pago a cuenta de IVA por una alícuota considerable sobre la masa salarial de la empresa, según la jurisdicción en la que opere. "Este decreto significa hoy un beneficio muy importante para las empresas de la región".
Sobre los impuestos provinciales y municipales son considerados "una carga fiscal distorsiva que afecta en distinta medida a las empresas de los diversos sectores de la economía". Entre estos y los nacionales, habrá que hacer un delicado equilibrio. "El Impuesto a las Actividades Económicas es relevante dentro del proyecto de reforma tributaria. Es un impuesto distorsivo que afecta toda la cadena de producción de bienes y servicios. La reducción o eliminación de este impuesto va a depender de otras alternativas de recaudación que proponga el Gobierno nacional a los fiscos provinciales", sintetizó Maggio.