El Episcopado dio a conocer hoy un protocolo para que víctimas y familiares directos de desaparecidos de la última dictadura puedan consultar los archivos que posee la Iglesia sobre esa etapa, luego de que fueran digitalizados.
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El Episcopado dio a conocer hoy un protocolo para que víctimas y familiares directos de desaparecidos de la última dictadura puedan consultar los archivos que posee la Iglesia sobre esa etapa, luego de que fueran digitalizados.
Se trata de unos 3.000 documentos, entre los que e incluyen cartas, telegramas y notas informales, que fueron conservados en la Conferencia Episcopal Argentina, la Nunciatura Apostólica y en la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Son pedidos que llegaron a la Iglesia para conocer el paradero de detenidos y desaparecidos durante la dictadura y reclamar gestiones ante los militares.
La CEA que conduce el arzobispo de Santa Fe, monseñor José María Arancedo, se había comprometido a difundir el material relativo a la época de la dictadura militar en la última Asamblea Plenaria, con el aval del Papa Francisco.
"Recordamos que el 25 de octubre pasado, a través de un comunicado conjunto de la Conferencia Episcopal y la Santa Sede, se anunció que habían finalizado los trabajos de catalogación y digitalización del material de archivo", sostuvo la entidad eclesiástica. Y agregó que la tarea se desarrolló "teniendo como premisa el servicio a la verdad, a la justicia y a la paz, continuando con el diálogo abierto a la cultura del encuentro en el pueblo argentino".
"Con este protocolo se inicia la posibilidad de consultas y, de acuerdo a lo anunciado oportunamente, podrán solicitar información: las víctimas, los familiares de los desaparecidos y detenidos y, en caso de eclesiásticos y religiosos, sus respectivos obispos y superiores mayores", manifestó la CEA.
La consulta se realizará sobre el material donde aparece mencionada la persona sobre la cual se busca información: las solicitudes serán recibidas en la sede de la CEA, Suipacha 1032, de lunes a viernes de 9 a 17.
El protocolo especifica que el interesado deberá completar una solicitud dirigida al secretario General de la CEA, Carlos Malfa, quien "procederá a la consulta del material solicitado" y "en caso de rechazo parcial o total de la solicitud, se notificará por escrito".
En caso de que se entregue al solicitante copia de algún documento, los nombres de otras víctimas extrañas al interesado, serán "oportunamente oscurecidos en respeto a la confidencialidad de los datos privados", acota el documento.
Si las autoridades judiciales desean obtener información conservada en los archivos de la Santa Sede o de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires, deberán presentar una rogatoria internacional a través de los canales diplomáticos habituales.
El protocolo se conoce poco después de la polémica por la decisión de los obispos de poner en marcha un proceso de "reconciliación" sobre los hechos ocurridos durante la última dictadura, para lo cual escuchó testimonios de familiares de desaparecidos y militares, lo que generó el inmediato repudio de los organismos de derechos humanos.
Una medida "tardía y parcial"
Organizaciones de derechos humanos consideraron "parcial y tardía" "parcial" que la desclasificación de los archivos de la Iglesia llegue 40 años después. El Episcopado comenzó en 2005 el trabajo de ordenamiento y digitalización de la documentación en su poder y el proceso se profundizó en 2012, por impulso de Jorge Bergoglio y los requerimientos judiciales.
Víctimas y familiares del terrorismo de Estado podrán acceder a unos 3.000 casos en documentos como telegramas, cartas y notas informales.
La mayoría de documentos son pedidos de ayuda de familiares de víctimas de la dictadura, las respuestas a esas peticiones, las gestiones de la propia Iglesia ante el ministerio del Interior u otros organismos, y también ocasionales agradecimientos por las intervenciones.