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Murió un exjerarca de la dictadura en el norte salteño

El general Héctor Ríos Ereñú tenía dos condenas a perpetua por crímenes de lesa humanidad. Fue jefe del Ejército durante la gestión Raúl Alfonsín.
Jueves, 22 de junio de 2017 00:00

Con la muerte del teniente general Héctor Ríos Ereñú desaparece otros de los jerarcas de la última dictadura en la provincia de Salta. Tenía 86 años y falleció el martes en Buenos Aires. En mayo pasado le habían dado la segunda condena a perpetua por crímenes de lesa humanidad ocurridos en el norte salteño durante su gestión como jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28 Tartagal.

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Con la muerte del teniente general Héctor Ríos Ereñú desaparece otros de los jerarcas de la última dictadura en la provincia de Salta. Tenía 86 años y falleció el martes en Buenos Aires. En mayo pasado le habían dado la segunda condena a perpetua por crímenes de lesa humanidad ocurridos en el norte salteño durante su gestión como jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28 Tartagal.

El primer hecho por el que la Justicia Federal le aplicó la máxima pena a Ríos Ereñú se produjo en diciembre de 1975, durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, en consonancia con otros sucesos de igual magnitud maquinados por las fuerzas armadas en todo el país como preludio al golpe de Estado de 1976. La víctima fue Pedro Urueña, uno de los pocos médicos cardiólogos que había en aquel tiempo en Tartagal.

El cuerpo del profesional apareció despedazado por un explosivo en el camino a Tonono, lo mismo que el del dirigente de la Juventud Peronista de General Mosconi Jorge Mario Santillán, en agosto de 1976. Durante el juicio realizado en 2013, Ríos Ereñú manifestó que jamás tuvo conocimiento de esos sucesos. Sin embargo, la Justicia determinó que el militar no pudo ser ajeno a esos sucesos porque era la máxima autoridad del Ejército en la frontera norte.

Con estos antecedentes, el general nacido en Santa Fe en 1930 fue investigado por otros secuestros, asesinatos y desapariciones de personas ocurridas en la zona tras el golpe de Estado. En este caso los abogados querellantes lograron probar con más fuerza que, en la lucha contra la subversión, Ríos Ereñú era el jefe de la Sub Area 322.1, con jurisdicción en San Martín, Orán y Rivadavia. Con el esquema diseñado por las fuerzas armadas el entonces teniente coronel tenía bajo su mando a la Gendarmería, la Policía Federal y la Policía de la Provincia. Si bien el militar insistió en que desconocía la decena de crímenes que le imputaban, los abogados querellantes y la fiscalía demostraron una vez más que, por el cargo que ostentaba, Ríos Ereñú fue el principal responsable de las eliminación de las víctimas.

Se trataba de militantes de izquierda, dirigentes gremiales y miembros de la Juventud Peronista. Por la magnitud y la repercusión que tuvieron, hubo tres casos que de ninguna manera pudieron haber sido desconocidos por el hombre fuerte del Ejército. La exdiputada Nicolasa Montilla (PJ) fue secuestrada delante de su hijo pequeño y la empleada, en Tartagal. El cuerpo de la mujer apareció baleado horas más tarde fuera de la ciudad. En Embarcación, la docente Silvia Sáez de Vuistaz fue raptada en presencia de su esposo por un grupo armado y está desaparecida. Raúl Benjamín Osores, dirigente rural, se entregó a la Gendarmería para que liberaran a su pareja en Embarcación. Pasó por el escuadrón Orán, la cárcel y desapareció de la Jefatura de Policía, adonde lo llevaron con el argumento de que sería liberado.

Superó el tamiz de la democracia

Pese a los crímenes que cargaba sobre sus espaldas, Héctor Ríos Ereñú logró superar el tamiz de la democracia. En 1985 el presidente Raúl Alfonsín lo designó jefe del Ejército, luego de que se pronunciara como defensor de la creación de la Conadep y se manifestara a favor del juzgamiento a las juntas militares que gobernaron al país entre 1976 y 1983. 
Sin embargo, luego se convirtió en el principal defensor del principio de “obediencia debida y punto final”, que dejó sin efecto las penas a los jerarcas de las fuerzas armadas sentenciados por crímenes de lesa humanidad. 
En 1987, tras los sucesos de Semana Santa, Ríos Ereñú fue separado del cargo en el marco del acuerdo entre Alfonsín y el jefe de los cara pintada Aldo Rico. Hasta ese momento era visto como un militar de la democracia y fue así que consiguió que, en 1999, el Senado de la Nación lo ascendiera al grado de teniente general con efecto retroactivo. 
El militar comenzó a caer en desgracia en 2003, cuando las organizaciones de derechos humanos pidieron que sea investigado por los crímenes ocurridos en el norte de Salta cuando se desempeñaba como jefe del Regimiento de Tartagal.

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