La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy el procesamiento con prisión preventiva del exjefe del Ejército, general César Milani, en el marco de la causa que investiga el secuestro de Pedro y Alfredo Olivera, y por la cual está detenido desde febrero.
Fuentes judiciales informaron que el Tribunal, con las firmas de los jueces Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky, desestimó un recurso de "queja" planteado por la defensa de Milani.
Milani está acusado de integrar una asociación ilícita que secuestró y torturó personas junto al exgeneral de División argentino Luciano Benjamín Menéndez.
En este caso concreto, se lo acusa de la privación ilegal de la libertad de de Pedro Olivera y su hijo, Alfredo, hechos que tuvieron lugar en marzo de 1977.
"La decisión impugnada no es de aquéllas expresamente previstas por el Código Procesal Penal de la Nación" para habilitar la revisión por parte de la Casación, sostiene el fallo firmado por la Casación.
"La defensa se limitó a controvertir los fundamentos brindados por el Tribunal anterior para confirmar el procesamiento con prisión preventiva y traba de embargo del imputado, remitiéndose a cuestiones de hecho y prueba que no constituyen carácter federal", señaló el Tribunal.
Por su parte, el juez Gustavo Hornos se había inclinado por "abrir" el recurso y analizar nuevamente la situación de Milani.
En paralelo, el exmilitar es investigado y fue enviado a juicio oral y público por enriquecimiento ilícito, a raíz de que no pudo justificar la compra de una casa en el barrio La Horqueta, en San Isidro, por un valor declarado de 1.500.000 pesos.
En este proceso, Milani y su amigo, el excapitán del Ejército Eduardo Barreiro, fueron procesados en diciembre de 2016.
Para el juez federal Daniel Rafecas, el exjefe del Ejército es autor penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito, por lo que tras procesarlo le había trabado un embargo sobre sus bienes por 5 millones de pesos.
A la fecha de la compra del inmueble en el año 2010, el exmilitar no registraba en sus declaraciones frente a la AFIP, como frente a la Oficina Anticorrupción, valores que sustentaran o justificaran la procedencia y el origen de los fondos que le permitieran tal adquisición.
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La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy el procesamiento con prisión preventiva del exjefe del Ejército, general César Milani, en el marco de la causa que investiga el secuestro de Pedro y Alfredo Olivera, y por la cual está detenido desde febrero.
Fuentes judiciales informaron que el Tribunal, con las firmas de los jueces Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky, desestimó un recurso de "queja" planteado por la defensa de Milani.
Milani está acusado de integrar una asociación ilícita que secuestró y torturó personas junto al exgeneral de División argentino Luciano Benjamín Menéndez.
En este caso concreto, se lo acusa de la privación ilegal de la libertad de de Pedro Olivera y su hijo, Alfredo, hechos que tuvieron lugar en marzo de 1977.
"La decisión impugnada no es de aquéllas expresamente previstas por el Código Procesal Penal de la Nación" para habilitar la revisión por parte de la Casación, sostiene el fallo firmado por la Casación.
"La defensa se limitó a controvertir los fundamentos brindados por el Tribunal anterior para confirmar el procesamiento con prisión preventiva y traba de embargo del imputado, remitiéndose a cuestiones de hecho y prueba que no constituyen carácter federal", señaló el Tribunal.
Por su parte, el juez Gustavo Hornos se había inclinado por "abrir" el recurso y analizar nuevamente la situación de Milani.
En paralelo, el exmilitar es investigado y fue enviado a juicio oral y público por enriquecimiento ilícito, a raíz de que no pudo justificar la compra de una casa en el barrio La Horqueta, en San Isidro, por un valor declarado de 1.500.000 pesos.
En este proceso, Milani y su amigo, el excapitán del Ejército Eduardo Barreiro, fueron procesados en diciembre de 2016.
Para el juez federal Daniel Rafecas, el exjefe del Ejército es autor penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito, por lo que tras procesarlo le había trabado un embargo sobre sus bienes por 5 millones de pesos.
A la fecha de la compra del inmueble en el año 2010, el exmilitar no registraba en sus declaraciones frente a la AFIP, como frente a la Oficina Anticorrupción, valores que sustentaran o justificaran la procedencia y el origen de los fondos que le permitieran tal adquisición.