El Senado aprobó hoy una nueva prórroga, por cuatro años, de la Ley 26.160, que suspende los desalojos en tierras habitadas por comunidades originarias hasta tanto se termine el relevamiento catastral que ya debió haber completado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). La norma fue ahora girada a Diputados, para su sanción definitiva.
inicia sesión o regístrate.
El Senado aprobó hoy una nueva prórroga, por cuatro años, de la Ley 26.160, que suspende los desalojos en tierras habitadas por comunidades originarias hasta tanto se termine el relevamiento catastral que ya debió haber completado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). La norma fue ahora girada a Diputados, para su sanción definitiva.
El proyecto fue aprobado por unanimidad -62 votos- tras una reunión que mantuvieron diputados y senadores con representantes mapuches, qom, wichis, vilela, sanavirones, guaraníes, huarpes y kollas, que se unieron en el reclamo por la vigencia de la ley, que ya lleva 11 años.
La ley 26.160, sancionada en 2006, declara -en todo el territorio nacional y por el término de cuatro años- la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan las comunidades indígenas, cuya personería jurídica estuviese debidamente registrada por ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas.
La medida suspende por el término de la duración de la emergencia declarada el trámite de ejecución de sentencias de desalojos dictadas en los procesos judiciales que tengan por objeto principal o accesorio la desocupación y/o desalojos de las tierras comprendidas.
La aplicación de la ley fue suspendida en 2009, en 2013 y, si así lo determina Diputados, nuevamente este año.
El debate de la norma no sólo se precipitó por su inminente vencimiento -el próximo 23 de noviembre- sino también por el caso de la desaparición del joven Santiago Maldonado, el 1 de agosto pasado, en el marco de una protesta de la comunidad mapuche en Cushamen, Chubut.
Si bien Cambiemos era proclive a prorrogar la ley contra los desalojos sólo por dos años y medio, el PJ-Frente para la Victoria, que conduce Miguel Pichetto, impuso que el período sea de cuatro años, tal como se viene extendiendo desde 2006.
“Este proyecto no es una concesión, sino un imperativo de derechos humanos”, destacó la pampeana Norma Durango (PJ), e insistió en que “es una obligación del Estado de reconocer la propiedad del territorio de las comunidades ancestrales”.
Durango sostuvo que “el reclamo por la tenencia de la tierra y la necesidad de evitar desalojos es motivo más que suficiente para sancionar la prórroga, garantizando así los derechos consagrados de los pueblos originarios”.
El radical Luis Naidenoff describió con números el panorama actual: precisó que según el informe presentado por el INAI, hay 1.532 comunidades indígenas identificadas en el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena, pero sólo 459 tienen el relevamiento culminado.
“A 11 años de vigencia de la ley, solamente el 30% de las comunidades tienen un relevamiento real y efectivo y están en condiciones de avanzar en la eventual titularidad del dominio”, apuntó el formoseño, y explicó que “el inconveniente que se dio en la práctica es que el Consejo de Participación Indígena no pudo involucrarse” en el proceso.
En una encendida defensa del proyecto, la titular de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, Magdalena Odarda (Coalición Cívica) consideró que “cuatro años es el plazo mínimo en que podemos pensar para terminar con el relevamiento”, y advirtió que, si no se extiende la ley antes de tiempo, “más del 65% de las comunidades quedarán en estado de vulnerabilidad”.
Uno de los discursos más duros fue el de la camporista Anabel Fernández Sagasti, quien la emprendió directo contra el Gobierno: “Es evidente la demonización que están haciendo de los pueblos originarios”, denunció.
“Quieren crear un enemigo interno que no existe. Les pido que no seamos cómplices. La única violencia que existe hoy es la violencia institucional del Ministerio de Seguridad que aún conduce Patricia Bullrich”, sentenció la mendocina a propósito del caso Maldonado.
Por su parte, Alfredo Luenzo indicó que “la comunidad mapuche, que ha sido demonizada, está perfectamente integrada en la provincia de Chubut”. “Muy lejos de la violencia, los pueblos originarios sólo reclaman tener las tierras que les pertenecen”, dijo.
Fernando “Pino” Solanas, militante de la cuestión indígena, enfatizó: “No queremos más desalojos ni desapariciones forzadas como la de Maldonado. No queremos más campañas amarillas con comunicadores y periodistas de prestigio pintados de amarillo para desinformar sobre las causas del conflicto. Esto no le hace bien a la Argentina”.
Hacia el final del debate, Pichetto advirtió que en la Cordillera de los Andes hay “un grupo identificado con la violencia extrema”, y marcó una posición “personal” sobre el caso Maldonado: “Para mi no hay tierra sagrada en Argentina. No puede haber ningún espacio argentino que no esté bajo la jurisdicción de las autoridades. Eso no es tolerable desde el punto de vista de la lógica constitucional”.
“Estoy seguro de que hay una mayoría inmensa de la comunidad mapuche que no comparte para nada la violencia del grupo RAM (Resistencia Ancestral Mapuche)”, señaló el rionegrino.
Ángel Rozas cerró la discusión a pesar de haber renunciado horas antes a la jefatura del interbloque Cambiemos, y sugirió que “si el Ejecutivo cumple con lo prometido, a lo mejor antes de los cuatro años se puede terminar el relevamiento” de tierras.
La sesión fue seguida frente al Congreso por agrupaciones indigenistas y organizaciones sociales, mientras que en el recinto de sesiones se encontraba la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas.