El mayor enigma político brasileño es si el presidente Michael Temer, quien sustituyó a la exmandataria Dilma Rouseff tras su destitución por juicio político, podrá terminar su mandato, que expira en enero de 2019, o si se verá obligado a dimitir y abrir paso a una convocatoria a elecciones anticipadas, para las que las encuestas ubican como favorita a Marina Silva, una política "outsider", que no se encuentra salpicada por los graves escándalos de corrupción que afectan a la casi totalidad de la dirigencia partidaria. Sería la única que podría ganarle en una segunda vuelta a Luis Ignacio Lula Da Silva cuya nominación, a pesar de todas las acusaciones en su contra, continúa ocupando el primer lugar en los sondeos de opinión, aunque con un nivel de rechazo tan alto que tornaría improbable su victoria en un eventual balotaje.
El desenlace de su crisis política echará luces o sombras sobre el ritmo y las características de la recuperación de la economía brasileña y sobre su impacto en el escenario regional, especialmente en la Argentina, cuya estructura industrial es "Brasildependiente".
Las acusaciones de los directivos de la empresa constructora Odebrecht, quienes en una negociación con la fiscalía de Estado para acogerse a la figura de la "delación premiada", revelaron que durante la campaña electoral de 2014, cuando Temer era compañero de fórmula de Rousseff, los contratistas de obras públicas habían entregado a un representante del entonces candidato a vicepresidente una suma en efectivo de varios millones de dólares, pusieron al primer mandatario contra las cuerdas. Un informe del Instituto Datafolha consigna que el 63% de los consultados opina que el primer mandatario tendría que renunciar. Esto implica que, para la opinión pública, más que un déficit de gestión, existe una crisis de legitimidad.
Pero el "establishment" empresario no quiere arrojarse al vacío. Temer, en estos primeros siete meses de su mandato presidencial, hizo suyo el programa de ajuste estructural de la economía. El Senado ratificó la enmienda constitucional que pone un límite a la expansión del gasto público. Comienza ahora una batalla más ardua: la reforma del sistema de seguridad social, una de las principales fuentes del quebranto de las finanzas públicas. La polémica iniciativa, que supone el aumento de la edad jubilatoria, moviliza en su contra a las centrales sindicales, en particular los poderosos gremios estatales.

¿Cardoso, al gobierno?

Está claro que el trasfondo estructural de lo que ocurre en Brasil, más allá de la prolongada recesión y de la honda crisis política provocada por los escándalos de corrupción, es el agotamiento de un modelo de desarrollo que amalgamó el proteccionismo económico con el capitalismo prebendario, fundado en una alianza entre el poder político y los conglomerados empresarios.
Dicho modelo, que sobrevivió durante décadas de gobiernos civiles y militares y se mantuvo durante los dos mandatos de Lula y el primero de Rousseff, no responde a las exigencias de competitividad que el avance de la globalización plantea a la economía brasileña.
Urgidos por las circunstancias, Lula y Rousseff ensayaron algunas tímidas reformas aperturistas, que resultaron insuficientes pero a la vez le restaron base de sustentación popular. Temer, forzado por la aceleración de la crisis, está obligado a ir más a fondo. De allí que su gobierno haya planteado un programa de privatizaciones, que incluye el Correo, el Instituto de Reaseguros, la Casa de la Moneda y las venta de acciones de unas 230 empresas estatales del sector eléctrico.
El problema es que la falta de legitimidad política conspira contra la viabilidad del programa gubernamental. Temer es un político experto en la negociación (y también en triquiñuelas parlamentarias). Lidera el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, una fuerza política "situacionista", que de socio menor del Partido de los Trabajadores pasó a ser heredero de su debacle. Su carta secreta para conservar el apoyo parlamentario es la búsqueda de algún mecanismo procesal que garantice la inmunidad para los 130 diputados y senadores de todos los partidos que están siendo hoy investigados judicialmente porcorrupción.
La mayoría de la opinión pública percibe y rechaza esos esfuerzos oficiales por acotar las derivaciones de las acusaciones de corrupción que ya se llevaron puesto al gobierno del PT. Esa percepción abre espacio para la demanda de elecciones anticipadas, sobre la que se montan, paradójicamente, dos fuerzas opuestas, ambas confiadas en ganar.
La ventaja de Silva es que por su imagen personal (nordestina, de origen muy humilde, negra, ecologista, ferviente militante evangélica, insospechada de corrupción) emerge como la única candidata capaz de derrotar a Lula en una segunda vuelta. La desventaja es que su lejano pasado izquierdista, que la llevó a ser ministra de Medio Ambiente de Lula durante su primer mandato, no concita la confianza de los sectores empresarios. Para sortear el escollo, se ha rodeado de un selecto grupo de economistas de orientación liberal, vinculados con el mundo financiero.
El PSDB deambula en un intrincado laberinto. Ante la destitución de Rousseff, y después de doce años en la oposición al PT, quedó erigido en el socio indispensable de la frágil coalición gubernamental. El PSDB especuló con que Temer hiciera el "trabajo sucio" y le pavimentara el camino para ganar las elecciones de 2018. Pero el deterioro político hizo que algunos de sus dirigentes pergeñen una jugada imaginativa para frenar el "huracán Silva": la renuncia de Temer y su reemplazo por el octogenario Cardoso, a quien el Congreso designaría para encabezar un "gobierno de unidad nacional" que completaría el interrumpido mandato constitucional de Rousseff y entregaría el poder en enero de 2019.

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