Auténticos colonos de Tolloche esperan que la Justicia les permita constituirse en querellantes para poder ofrecer pruebas e impulsar medidas en la causa penal que se abrió en mayo de 2011 contra ocho imputados de fraude contra la administración pública. Insisten en señalarlos como presuntos “testaferros” del presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy; el legislador anteño Pedro Sández y el intendente de El Quebrachal, Leonardo García.
Son seis colonos que quedaron fuera de las cesiones que hizo la Provincia, en noviembre de 2007, cuando dividió parte de las 55.000 hectáreas del antiguo lote fiscal 37 en parcelas de 500 hectáreas para ser entregadas a ocupantes tradicionales de esas tierras, a un valor simbólico de $50.000.
Ocho de esas entregas fueron revocadas por el Gobierno provincial en mayo del año pasado, luego de que se comprobaran reventas irregulares a valores tres veces más altos, pese a expresas prohibiciones.
Tras las revocatorias que dispuso el Ejecutivo provincial por medio del decreto 2476, los campesinos de la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios de Salta (UPPAS), creada en los años ochenta como parte del plan de colonización de Tolloche, tomaron posesión de dos de los catastros revocados, sobre los que esgrimen legítimos derechos, con una contundente documentación en mano.
En esas lejanas tierras, hostigadas por matones que ofrecen servicios de “desalojos” y otras prestaciones propias del lejano oeste, Teodoro Algañaraz, Alfredo Leonardi, Francisco Giascafré, Carlos Roca, Ricardo Contino y Marcos Hernández resisten, sin ver suficiente interés en el Juzgado que entiende en la causa contra los supuestos “prestanombres”, el Ministerio Público ni la Fiscalía de Estado.
El juez actuante, Pablo Arancibia, no los aceptó como querellantes, entendiendo que el único afectado fue el Estado provincial.
Fueron ellos los que el 12 de mayo de 2011, a través de una solicitada, denunciaron ante el Ministerio Público, los organismos de derechos humanos y la sociedad salteña las reventas ilegales que, una vez confirmadas por la Sindicatura, dieron lugar al decreto revocatorio.
En aquella solicitada, que se publicó en El Tribuno y en otros medios de prensa, los campesinos de Tolloche denunciaron a los dos diputados que integran el Consejo de la Magistratura y al intendente de El Quebrachal como presuntos responsables de un despojo de derechos consumado por medio de parientes y amigos de sus entornos más íntimos. Concretamente, señalaron como uno de los “prestanombres” en las operaciones ilícitas al abogado Luis Alberto Díaz, cuñado de Godoy, asesor de la Cámara de Diputados, abogado del Jury de Enjuiciamiento y apoderado del Partido Justicialista. Según la cédula parcelaria de la matrícula 12449 de Tolloche, Díaz recibió esas 445 hectáreas el 26 de noviembre de 2007, con una hipoteca de $50.000, y las vendió a un santafesino (Antonio Cristian Fenosa) por $180.000 un año y medio después a pesar de que el decreto de la adjudicación prohibía enajenar esas tierras por 10 años. Esta venta fue escriturada por el escribano Nicolás Javier Cornejo.

Son 4.000 hectáreas ganaderas que valen 2 millones de dólares

Las parcelas desadjudicadas totalizan 4.000 hectáreas de tierras aptas para desarrollos ganaderos. Ubicadas junto a la ruta nacional 16, nexo estratégico del corredor vial bioceánico, tienen un precio real de plaza que no baja de los 500 dólares la hectárea. Por ello, si los adquirentes demostraran que compraron estas tierras de buena fe, la revocación de los contratos y la anulación de las ventas podría dar pie a demandas contra el Estado provincial, por sumas cercanas a los 2 millones de dólares.
A partir del decreto revocatorio que dictó el gobernador Juan Manuel Urtubey en mayo de 2011, la Fiscalía de Estado inició acciones en la Justicia Civil y Comercial en procura de la anulación de las escrituraciones irregulares de las ocho parcelas revendidas en Tolloche.
Los puesteros que encabeza Teodoro Algañaraz no vieron hasta ahora el mismo empeño de la Fiscalía de Estado en la causa penal, que hasta aquí la tiene como única querellante aceptada por el juez Arancibia.
Los colonos que esperan impacientes el pronunciamiento de la Corte también hicieron notar que, en su momento, la Procuración General de la Provincia dio impulso a las acciones, sin que la Fiscalía interviniente requiriera medidas que se consideran indispensables, como la pericia caligráfica solicitada en las supuestas firmas del fallecido juez de paz Meneses. Los puesteros también esperan que se llame a declarar a los compradores de las parcelas revendidas en Tolloche, para saber quiénes y en qué condiciones se las ofrecieron. No tienen noticias tampoco de que hayan convocado a declarar ante el juez penal a los dos notarios que escrituraron las reventas de los ocho lotes.
En las indagatorias, los imputados optaron por el silencio, aunque en una posterior ampliatoria el cuñado de Godoy asumió que nunca fue un residente tradicional de Tolloche, sino que se trató de una “mala interpretación” consignada en el acta de constatación por el fallecido juez de paz Meneses. En este marco, manifestó que adquirió los derechos posesorios en 2003 a Francisco Cuéllar. “Este supuesto lugareño es un primo hermano del diputado Sández que jamás ocupó un lote fiscal en Tolloche”, aseguraron los genuinos colonos del convulsionado sur anteño.

Un “colono” capitalino que olvidó su estado civil

Puesteros de la zona insisten en que el cuñado de Godoy es un desconocido en esas tierras, aunque en la escritura que firmó en noviembre de 2007 manifestó vivir desde siempre en la fracción que recibió en Tolloche. También declaró su estado civil como “soltero”, cuando está casado desde el 12 de enero de 1978 con Graciela Godoy, la hermana del titular de la Cámara baja, con quien reside desde siempre en la capital salteña.
En los padrones electorales, Díaz figura con domicilios en San Luis y Parque La Vega. A su vez, como abogado, figura en la matrícula del Colegio profesional con domicilio en 20 de Febrero 566, primer piso. En los registros de la AFIP, en tanto, aparece como monotributista de la categoría B ($ 24.000 anuales), con domicilio histórico en Mendoza 345 y domicilio fiscal en Córdoba 445.
Aunque todas sus direcciones se corresponden con la capital provincial, Díaz accedió a las tierras de la mano de un acta de constatación, supuestamente firmada por el fallecido juez de paz de la zona, Pedro José Meneses. Alfredo Leonardi, uno de los genuinos colonos que reclaman las parcelas desadjudicadas, jura que la firma de Meneses “fue falsificada” y espera que la Justicia apure una pericia caligráfica. “Entregué documentación con una firma auténtica de Meneses y es muy distinta a las que están puestas en las actas que presentaron los testaferros del poder político para hacerse de las parcelas”, insistió Leonardi.

Otros presuntos “prestanombres”

El grupo de campesinos que encabeza Teodoro Algañaraz, un colono de la UPPAS que recibió un transplante de hígado en enero de 2010, también fue el que alertó sobre las maniobras ilegales constatadas con otros siete catastros. Estas parcelas fueron adjudicadas en noviembre de 2007 a Jorge Ramón Díaz (cuñado del intendente García); Sebastián Díaz (empleado de Control Sanitario); Félix David (mecánico municipal); José Palma (empleado del Matadero); Julio Ríos (pariente de Sández) y los hermanos Néstor y Daniel Maldonado (indigentes que viven en el paraje Alto Alegre y forman parte del entorno íntimo del legislador de Anta y del intendente de El Quebrachal.
Curiosamente, todas estas parcelas se revendieron el mismo día (el 24 de abril de 2004), apenas cuatro meses después de haber sido adjudicadas a distintos beneficiarios (los supuestos testaferros). Aún más, todas las operaciones fueron certificadas por el mismo escribano (Simón Dubois), pactadas a un mismo precio ($168.000) y adquiridas por integrantes de una misma familia (de apellido Ameriso) con residencia en la localidad bonaerense de San Isidro.
 

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