En la ciudad judicial de Salta empezará mañana, a las 9, un juicio penal que definirá la suerte de las acciones civiles con las que laderos políticos de Anta, patrocinados por Natalia Godoy, la hija del presidente de la Cámara de Diputados, pretenden adueñarse de una finca de 42 mil hectáreas.
Estarán en el banquillo el escribano Sergio Juan Vélez y el ingeniero José Emilio Nioi, procesados ambos desde junio de 2008 como presuntos coautores de un intento de estafa con el uso reiterado de instrumentos públicos falsos. Están acusados de haber inscripto nombre de Nioi, con documentación adulterada, la extensa propiedad que tiene como titular registral a una empresa de capitales andorranos.
De acuerdo con los antecedentes de la causa, la finca fue adquirida legal y regularmente en 1980 por Pyrenées Sudamericana SA, una firma que posteriormente cambió su denominación a Agropecuaria Andorrana SA y que desarrolló en los últimos 34 años un valioso campo agropecuario cerca de Nuestra Señora de Talavera.
En 2006, sin embargo, Vélez y Nioi, "inscribieron parte de la finca a nombre de este último, como si fuera el dueño, con documentación adulterada, engañando al personal de la Dirección de Inmuebles, y falsificando la firma de una empleada de apellido Orive", según la acusación que desembocó en los procesamientos el 11 de junio de 2008. Fue personal de Inmuebles el que, al descubrir la maniobra, formuló la denuncia penal.
La causa se tramitó ante el Juzgado de Instrucción Sumaria de Quinta Nominación y fue elevada a juicio el 17 de junio de 2009, pero, por distintas presentaciones, el debate en la Cámara Primera del Crimen se demoró cinco años.
La audiencia se abrirá finalmente mañana y se extenderá hasta el 23, según las notificaciones que libró el Tribunal de Juicio N§ 1, presidido por Héctor Guillermo Alavila.
Los profesionales procesados comparten diversos antecedentes prontuariales y también, según trascendió en las últimas horas, el vínculo de concuñados.
Ambos son bastante conocidos en el ambiente tribunalicio, donde Vélez tiene antecedentes por falsificación de instrumento público, falsedad ideológica de instrumento público, insolvencia fraudulenta, usura, estafa, defraudación y estelionato. Nioi, por su parte, acumuló denuncias en su contra por violación de domicilio, amenazas, falsedad ideológica, uso de instrumentos públicos falsos y estafas.
Con la maniobra que se dilucidará ahora en juicio, Vélez y Nioi aparecen como favorecedores de los juicios que patrocina la abogada Natalia Godoy para prescribir tierras en Anta.
La letrada, hija del presidente de Diputados, Santiago Godoy, se presentó en diversos juicios intentando hacerse con otras fracciones del mismo campo por prescripción, lo que ya había sido advertido por El Tribuno en informes anteriores.
Se supo ahora que la abogada Godoy, quien dice representar a empleados de Luciano Saravia, amigo de Godoy padre, reconoce como vecinos a Nioi y a Vélez, quienes inscribieron parte de la finca de Andorrana como propia. Se sospecha que detrás de ese "reconocimiento" habría una asociación en bloque para apropiarse de distintas fracciones del campo en pugna.
Saravia llegó a reconocer la propiedad de parte del campo en la persona de Nioi, cuyo padre, junto con el escribano Vélez, estuvo preso en los 70 por intentar una maniobra similar.
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Un antecedente clave
Con un falso juicio intentaron anotar fincas que ya no existían.
Mediante la falsificación de un juicio, entre fines de los 80 y comienzos de los 90, hubo un intento de anotar en Inmuebles tres fincas que dejaron de existir en 1946 a nombre de Lino Marcolongo. La intención era que terminarán en manos de José Emilio Nioi.
Este antecedente, seguramente, no pasará desapercibido en las audiencias que arrancan mañana en la Justicia.
En el Registro de Inmuebles de Anta se fabricaron asientos en los que se inscribió un falso juicio de escrituración del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Metán.
A través del fraguado expediente, caratulado "Marcolongo, Lino c/ Ravanelli, José Nicolás s/ Escrituración", se ordenaba la inscripción de Marcolongo como titular registral de las tres fincas (Indio Muerto, San Javier y Las Barrancas) ya desaparecidas por mensura judicial de 1946, por lo que ese avance era sobre tierras de Pyrenées.
En una posterior operación, Marcolongo, representado por Carlos Alberto Diaz Rauch, "vendió" esas fincas a José Emilio Nioi. Dicha escritura pública contenía datos falsos, ya que se asentaba la compraventa de campos inexistentes.
Por ese motivo, el entonces jefe del departamento Jurídico de Inmuebles, Carlos Alberto Sayús, rechazó el 4 de febrero de 1991 la escritura pública que había certificado el escribano Sergio Brizuela Wilde. Ese instrumento había ingresado al organismo el 9 de agosto de 1989. El funcionario advirtió además que los asientos referidos al título de Marcolongo resultaban falsos por haberse falsificado las firmas y señaló que el juicio de escrituración nunca existió.

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