El 2012 dejó un debate abierto sobre el sistema de respuesta para chicos que necesitan de la salud pública. El caso de un niño de Isonza que falleció por una posible mala praxis en el Hospital Público Materno Infantil y la difusión de una polémica conversación entre médicos que habrían intentado justificarse llevó a la institución a un estado de crisis.

Luciano Martínez tenía siete años y había sido derivado a Salta Capital después de golpearse la cabeza en la escuela. Murió el 28 de junio y días después se conoció una cinta en la que se escuchaba el supuesto diálogo entre varios profesionales que podrían haber tenido alguna responsabilidad en el caso.

“Hay problemas periodísticos, entonces tenemos que definir bien el informe... este chico estuvo demasiado tiempo con un coágulo importante en la cabeza”, son algunas de las frases del audio que no dejó de repetirse en medios locales durante semanas. Los médicos aparentemente intentaban acordar una versión de los hechos que minimizara sus culpas. Alguien los habría grabado sin que lo supieran y el audio no tardó en llegar a la prensa.

Los padres del chico denunciaron que el hospital demoró en hacer los estudios y la cirugía que podrían haberle salvado la vida y se inició una investigación que está lejos de cerrarse en la Justicia.

Más allá del caso particular, la situación generó interrogantes sobre la capacidad de atención en el sistema que debe actuar ante problemas de la infancia que no dan una segunda oportunidad.

Tras la muerte de Luciano Martínez se denunció que un bebé de 11 meses también había fallecido por un retardo en la atención.
Valentino Arrúa sufría una cardiopatía congénita y necesitaba una cirugía que debía hacerse en mayo pero se postergó hasta agosto por falta de personal especializado en la terapia pediátrica.

El niño perdió la vida en el postoperatorio. Las autoridades negaron que el deceso pudiera relacionarse con la tardanza, pero los padres del bebé iniciaron una causa judicial y esperan que se determine si la demora incidió.

Ambos casos impulsaron un debate que generó el alejamiento de Martín de la Arena, el hasta entonces gerente que había defendido la actuación del hospital. En su lugar asumió Carlos Moreno, que debe hacer frente a constantes denuncias de los trabajadores sobre falta de recursos. Federico Chuchuy, el neurocirujano que atendió a Luciano Martínez, fue separado de su puesto y otros tres médicos están siendo investigados en el expediente judicial que se abrió por el niño de Isonza.

Las dudas agravaron un escenario ya complicado. Con capacidad para 220 pacientes por día, la guardia recibe a unos 400 chicos en días pico. Además, los médicos deben atender más de 8.000 partos por año.

El ministro de Salud Enrique Heredia tuvo que hablar sobre el tema en varias veces pero sus explicaciones no parecen suficientes para la mitad de la población de la provincia que todavía no tiene obra social y necesita creer en el hospital infantil.

 

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