POR IGNACIO IGARZABAL

¿Cómo afecta a la actividad productiva de la madera el fallo de la Justicia que impide la tala en el Departamento Santa Bárbara?

El problema más importante que se ha suscitado con el sector es que éste amparo ambiental que promovía la detención de los desmontes en que el juez de Cámara (Benjamín) Villafañe en su fallo por utilizar la palabra tala, hizo que la Secretaría de Medio Ambiente también pare los obrajes, los aprovechamientos forestales. En general la gente no distingue en lo que es un desmonte y lo que es un aprovechamiento forestal, que es el que tiene una autorización y es un sistema de explotación del bosque en el cual solamente se sacan algunos individuos del bosque, que son los individuos maduros manteniendo a los jóvenes. Todas las normas pretenden que ese aprovechamiento sea sustentable, es decir que uno le saca al bosque lo que el bosque puede reponer a lo largo del tiempo. Al no hacerse esta distinción, la Secretaría de Medio Ambiente ha suspendido los permisos de los obrajes y al mismo tiempo no va a generar nuevas autorizaciones, hasta tanto no se revea la medida judicial. Para nosotros, desde la Asociación, más allá del impacto que genera en la industria directamente, promueve la actividad ilegal porque todas las personas que tenían permisos legalmente otorgados que trabajan con guías hoy no lo van a poder seguir haciendo y es una señal muy mala para el sector, en el sentido que mucha gente que, para vivir y seguir trabajando en el monte, va a tener que estar en un grado de ilegalidad mayor al que ya tiene el sector. Nosotros desde la Asociación tratamos de combatir la acción ilegal, el robo de madera.

¿Qué es lo que se está intentando hacer para que se revierta la situación actual debido al recurso de amparo que les impide trabajar?

En conversaciones que hemos tenido con el Gobierno, en el sentido de cuál es el alcance de la medida y por qué estamos siendo alcanzados nosotros, y en la llegada a los medios decimos que queremos hacer conocer nuestra realidad, que nosotros no marchamos contra el medio ambiente, que creemos que el amparo no está dirigido al sector forestal, y que muchos sectores ambientales nos ven como socios y no como oponentes. A su vez le decimos a la sociedad que no estamos en contra del medio ambiente, simplemente nosotros hacemos uso de los bosques y lo tratamos de hacer lo mejor posible. Las medidas son dar a conocer la actividad, demostrar este problema cuán profundo es, van a haber medidas judiciales que seguramente serán de algún tipo de ponencia dentro de la causa, trataremos de hablar con el juez o con el secretario para explicarle nuestra situación. Hemos hecho algunas presentaciones en Fiscalía de Estado porque el amparo es contra el Estado Provincial, con lo cual nosotros hemos acercado información a la Fiscalía Técnica para demostrar que la actividad de los desmontes no tiene nada que ver con la actividad de los obrajeros, del aprovechamiento sustentable del bosque.

¿Cuáles son esas diferencias?

Hay dos cuestiones distintas, un desmonte implica la remoción del bosque y sobre ese suelo hacer cualquier cosa distinta a una actividad sobre bosque nativo. Hay tres tipos de desmontes básicamente, uno es para agricultura, otro para ganadería y otro para sistemas mixtos o sistemas forestales, por ejemplo uno puede hacer un desmonte sembrar pinos y eucaliptos, y debajo tener ganado lo cual es un uso distinto al de bosque nativo. Nosotros decimos que la actividad forestal selectiva en base a bosque nativo lo que hace es preservarlo, porque nosotros lo necesitamos, es nuestro medio de vida. Existe además dentro de la Ley 26.331, que es la famosa Ley Bonasso, la posibilidad de capturar fondos para mejorar los sistemas de aprovechamiento que podrían garantizar una mejor sustentabilidad. A nosotros nos interesa que los bosques sean permanentes proveedores de madera. Hay muchas técnicas que no se venían usando básicamente por desconocimiento que pueden ser incorporadas, y encima existe un pago al servicio ambiental a bosque nativo para poder usarlo mejor. Pero todo esto se va a ver truncado si la gente no ve claramente que tiene una seguridad jurídica que se lo permita hacer. Si realmente se lo opera bien al bosque no va a haber una confusión como en este caso y va a haber inversión a muy largo plazo. Nosotros creemos que acá hay un problema de no distinguir una cosa de la otra, y nos interesa mucho separarlas, nosotros tenemos nuestro espacio que es muy grande que podemos manejar desde punto de vista forestal siempre de manera sustentable.

La actividad forestal sustentable es un acuerdo entre generaciones, yo saco hoy pero dejo árboles para que saquen mañana, mis hijos y mis nietos; así funciona en el mundo, hay muchos bosques nativos que se aprovechan bajo este criterio de se saca lo que el bosque dentro de 20 años el bosque pueda reponer.

El amparo nace en Palma Sola…

La situación en Palma Sola nosotros creemos que está ligado a un problema ambiental, a un problema social y a un problema de tenencia de la tierra, nosotros no vamos a estar en esta discusión, porque pensamos que si a un poblador de Palma Sola viene un productor y le aplica un agroquímico sobre la cabeza, tiene un derecho a reclamo, nosotros pensamos que cualquier actividad, inclusive la nuestra, no puede hacer lo que quiera. Para eso están los órganos del Gobierno que tienen que controlar que lo que uno dice que va a ser después se cumpla. Nosotros creemos que un control eficiente es una muy buena señal para que el sector haga las cosas como debe.

¿Con controles se podrían haber evitado los inconvenientes?

El problema en Palma Sola es muy complejo, que no está apuntado a nuestro sector, hay un tema muy complejo en nuestra provincia y es que el Este de Jujuy (Palma Sola, Vinalito y Yuto) es el área que todavía queda espacio de posibilidad de expansión de la frontera agrícola. Eso va a genera tensiones y una exteriorización de esas tensiones es el amparo, pero imagino que habrá medios y formas de llegar a acuerdos. Desde el punto de vista forestal no son zonas aprovechables, nosotros trabajamos en ámbitos distintos, en otro tipo de bosques donde estas tensiones no existen. Inclusive el amparo es sobre San Bárbara que es el departamento verde más grande de la provincia, y eso está focalizado en una zona muy estrecha de ese departamento. El grueso de los bosques del Departamento Santa Bárbara no está en el área de conflicto.

¿Cuál es el área de conflicto?

Es en Palma Sola y alrededores, en la zona de Lucrecia, Siete Agua y en todos los exlotes fiscales, que estarían ubicados en la zona norte del departamento. El grueso del sector extractivo son sobre todo en el centro, y los propietarios que están en estas áreas no tienen nada que ver en estos conflictos, pero hay una discusión de la cual no somos el eje del problema.
 

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