-Jujuy tiene diferentes delitos ambientales que fueron denunciados como es la consecuencia de la minería a cielo abierto y plantas transformadoras. ¿Puede realizar una evaluación de esta situación que se replica en diferentes jurisdicciones?

 -Jujuy tiene el  desgraciado antecedente de ser la única provincia que ha sido denunciada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito de la minería. Es el caso conocido de Abra Pampa de los niños contaminados con plomo, provocada por la minería mal utilizada, son una constante. Hemos abierto muchas causas penales. Y los ciudadanos comunes son los que se encargan de impulsar estas investigaciones. Mi trabajo consiste en asesorarlos técnicamente: qué es un delito ambiental, cómo hacer una denuncia, cómo presentarse como querellante y provocar la iniciativa en el ciudadano que son ellos los que deben preocuparse por la administración de justicia. El sistema de administración de justicia federal en Jujuy tiene graves falencias y estos delitos les cuesta mucho investigar.  

-Estos delitos prescriben….  

-Básicamente son delitos continuados en tanto y en cuanto duren los efectos. Por ejemplo en la escuela de Mina El Aguilar, hicimos junto a Gendarmería una investigación y el agua que se les da a los niños tiene plomo  por encima de los niveles permitidos. Y eso no es que me lo informe Gendarmería, sino son las propias autoridades de Jujuy. Estas causas son lentas, porque hay muchos intereses económicos, políticos y la gente de Jujuy debe mirar un poco más adelante. Hay que mirar el tema del litio, la contaminación de las aguas con el litio. La producción del litio mezcla el agua dulce con el agua salada, y arruina las napa y  transforma en insalubre el agua de Jujuy.  El otro problema grave en Jujuy es el  “fracking” como en Vaca Muerta en Neuquén, con la extracción de petróleo, donde estuve días pasados.  


-¿Qué es lo determinante para el “fracking”?

 

-Es un problema grave porque es una contaminación  de la tierra y el agua. Me preocupa ver estos problemas, y la gente del interior como en Rinconada, en la Puna, ve cómo se rompe el dique de relave, y cómo están contaminando incluso parques nacionales, reservas naturales. Ese es el ejemplo más vivido de lo que puede ser el futuro de Jujuy  con el “fracking”. La gente del interior sabe cómo actuar, están informadas, aunque tienen problema para acceder al servicio de justicia. Estuve con varios pobladores de la Puna que tienen llamas, también con el guardaparques de la Laguna de Pozuelos, quise llegar a la mina Pan de Azúcar que tiene el dique de relave que se rompió y cae al río y cada vez que llueve cae a la laguna y se contamina y estamos contaminando el agua de Bolivia. Me preocupa que las autoridades no hayan ido a medir el grado de contaminación de ese río.

 

-Ud. dijo que el servicio de justica tiene deficiencia…

-Hay que decirlo, el servicio de justicia es malo pero el ciudadano a pie de las comunidades tiene conocimiento y está preocupado porque está en contacto con la naturaleza. El que no está en esa situación y está desinteresado de estos problemas es el hombre de la ciudad. Me preocupa que no se haga en el ámbito del suministro de aguas, el análisis de metales pesados que debe hacerse periódicamente del agua que se toma en Jujuy. No existe. En Concepción de Tucumán hicimos el estudio y descubrimos niveles muy altos  de mercurio que se les daba a los niños. Hay que hacer ese trabajo preventivo.

-Ese trabajo de “prevención” no se cumple en las empresas de servicio…

 -No se da, porque no es redituable desde el punto de vista  económico; y como el ciudadano no protesta…el efecto es a largo plazo. Un caso interesante fue en Córdoba donde se abrió una causa penal y se condenó a dos personas por la contaminación con “glifosato”. Esos son disparadores de cáncer, entonces es preocupante que aumentan los niveles y no analizamos la problemática ambiental.

-La instalación de plantas transformadoras en el corazón de un barrio, cerca de la comunidad es otro delito ambiental muy cuestionado…


  -La lucha de los vecinos de barrio Malvinas acá en Jujuy, ese caso específico debería llevarse por la vía penal. Es un caso típico de un delito que puede tener muchas consecuencias en la salud de las personas. Hay que abrir la causa penal de una vez por todas, hemos visto que un juez en un primer momento en una acción civil impide, después se declara incompetente. Es claro la administración de  justicia es muy voluble a la presión política. Entonces es el ciudadano que tiene que calzarse las botas de la ley, con el servicio de administración de justicia. Cuando obra una causa penal contra un funcionario público que es cómplice de un delito de contaminación ambiental, las consecuencias son distintas. Por ejemplo en Tucumán hemos condenado a propietarios de un sanatorio a tres años por la contaminación con residuos patogénicos; y hoy nadie tira una jeringa fuera de lugar. Hemos condenado a un intendente por ser cómplice en el manejo de residuos tóxicos. En todos los lugares donde hay condenas por delitos ambientales se advierte que el funcionario público dice “en esto no me arriesgo, acá hay un interés que es mi propia libertad y no puedo arriesgarme”. Entonces creo que en Jujuy está faltando un fallo ejemplar.

-Cuesta que la justicia condene a los que cometen delitos ambientales que son considerados delitos de lesa humanidad, el poder económico siempre está detrás…

 -Le hace falta mucha actividad a los tribunales, la Justicia Federal en Jujuy en materia de delitos de lesa humanidad siempre se ha mostrado ausente. Preocupa, porque los delitos de lesa humanidad no solo son los de 30 años atrás, sino son los que se están cometiendo hoy también. No podemos volver a repetir la historia, y es el ciudadano que debe aprender de aquella histórica experiencia y presentarse con esa misma fuerza hoy en los juzgados federales. Ninguna causa penal prospera por el sólo impulso propio de un fiscal, voy destinado al fracaso, es necesario que la gente participe. Estoy feliz de venir a Jujuy porque no me trae un Colegio de Abogados, ni la Universidad sino la comunidad afectada de Lozano, Capital, Perico porque tiene una problemática. Me preocupan los enfrentamientos en Tilcara, una problemática que le llamo la “contaminación social”, el Estado se retira de muchas comunidades en materia que son esenciales: salud, educación, trabajo. El estado se retira, llegan las empresas y le entrega a una comunidad una escuela nueva, un dispensario, una ambulancia.

-Es una “responsabilidad social” que manifiesta la empresa, pero ¿no es el consentimiento de la comunidad?


-Claro disfrazada, y el pobre intendente que no tiene de dónde sacar plata, y ve esta “ayuda” como un mal menor, recibe. Pero esta manera de comprar la voluntad de las comunidades es lo que provoca los enfrentamientos. Hay una falsa discusión donde pareciera que es posible hacer dinero a costa de la salud de las personas y eso es gravísimo.

 

-La minería  “responsable” es política de estado. ¿Cuál es su opinión sobre la extracción del litio?

 -¿Ud. ha visto que en Jujuy se está por instalar una fábrica de baterías de litio? ¿O una fábrica de autos que digan que se fabricarán autos híbridos con baterías de litio? Lo que hacen es extraer el litio se lo llevan a Japón, y después nos venden el producto elaborado. Entonces estamos repitiendo la historia de hace 400 años. Y nos saquean los recursos. China no nos compra aceite de soja, compra soja. La  mina La Lumbrera no tiene planta refinadora de cobre como Chile exige al lado de la mina. Conclusión nos sacan el producto en bruto, dejan el 4 % como gran ganancia.  

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