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“El servicio de telefonía móvil de la Argentina ha demostrado en los últimos años ser uno de los peores y más caros del mundo” afirmó el senador Gerardo Morales quien puso de relieve que los reclamos de los usuarios por deficiencias en los servicios inundan las Oficinas de Defensa de los Usuarios.
Ante este panorama, Morales, quien preside el Bloque de Senadores de la UCR presentó esta semana un proyecto ley para que la telefonía móvil sea declarada servicio público.
“Los altos precios no han garantizado un buen servicio. Las quejas de los usuarios en las oficinas de Defensa del Consumidor indican todo lo contrario: el servicio es malo, y las empresas no responden por ello. Y esto se debe principalmente a la falta de inversión por parte de las prestadoras del servicio que destinan un escaso porcentaje de sus ganancias a la inversión en infraestructura y mejoras” explicó el senador jujeño.
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El proyecto precisa los objetivos de la norma, las obligaciones de las empresas prestatarias, los derechos de los usuarios, establece el derecho a reclamar indemnizaciones de los usuarios, crea un organismo de control específico, así como una Comisión Bicameral ad hoc, todos esfuerzos destinados a garantizar a los usuarios un mejor servicio, potenciar el control y resolver las diversas problemática que enfrentan los usuarios de la telefonía celular, cuyos reclamos aumentan de manera ostensible, sin que encuentren en la mayoría de los casos, vías rápidas de resolución..
El proyecto tiene como objetivos “promover y asegurar la protección de los derechos de los usuarios de la telefonía móvil; asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y eficiencia de los servicios que defina la Autoridad de Aplicación, por las empresas prestatarias; asegurar el cumplimiento de los principios de continuidad, regularidad, uniformidad, universalidad, accesibilidad y obligatoriedad en la prestación del servicio. Además también busca “fomentar las inversiones necesarias para la mejora en la calidad del servicio, que aseguren la incorporación de las innovaciones tecnológicas propias de la dinámica del sector”.
La norma apunta asimismo a “asegurar el acceso al servicio y la no discriminación en su utilización en todo el territorio nacional; proteger el ambiente y la salud de la población; garantizar tarifas justas y razonables y garantizar al usuario la libertad de elección y el derecho de rescisión del contrato”.
Con respecto a los derechos de los usuarios, el proyecto plantea los de “recibir el servicio adecuado conforme a lo establecido en toda la legislación aplicable; exigir la prestación del servicio en los niveles de calidad y eficiencia conforme los estándares vigentes; recibir información respecto de cualquier circunstancia que implique una interrupción del servicio, una modificación en la prestación del mismo o en el régimen tarifario aplicable; recurrir a la autoridad competente para realizar los reclamos pertinentes ante cualquier incumplimiento en la prestación del servicio”.
