Chehade ya estaba suspendido como congresista y alejado de hecho de la segunda vicepresidencia, luego de que a principios de noviembre anunciara su decisión de tomar una virtual licencia mientras se sustanciaran las investigaciones y después de que el presidente Ollanta Humala le pidiera que diera “un paso al costado”.
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Chehade ya estaba suspendido como congresista y alejado de hecho de la segunda vicepresidencia, luego de que a principios de noviembre anunciara su decisión de tomar una virtual licencia mientras se sustanciaran las investigaciones y después de que el presidente Ollanta Humala le pidiera que diera “un paso al costado”.
La renuncia a la vicepresidencia y la eventual destitución como legislador no impiden la continuidad de las investigaciones judiciales, que pueden derivar en la acusación a Chehade por delitos tales como cohecho activo, tráfico de influencia, patrocinio ilegal y falsedad genérica, entre otros.
La carta de renuncia, dirigida ayer al presidente del Congreso, Daniel Abugattás, fue divulgada por el parlamento luego de que la noticia hubiera trascendido anoche y se convirtiera en el título principal de la portada de todos los diarios peruanos de hoy.
“He reflexionado, y en aras de no causar perjuicio a la buena imagen del gobierno, y en pro de seguir construyendo una mejor gobernabilidad institucional he decidido renunciar de manera irrevocable al cargo de segundo vicepresidente de la república”, dice el texto, cuya reproducción facsimilar fue publicada esta tarde por el diario La República en su sitio web.
En el texto, de tres párrafos, el funcionario cuestionado atribuye las circunstancias que lo llevaron a dimitir a que “se desató, por cierto sector, una injusta y desmedida campaña mediática y política” en su contra.
“Mi compromiso continuará siendo el de seguir apoyando y colaborando incondicionalmente al gobierno desde mi cargo de congresista de la república”, agrega Chehade.
Sin embargo, la Comisión Permanente del Congreso se aprestaba a sesionar esta tarde, a partir de las 16 (las 18 en la Argentina), para considerar, entre otros asuntos, el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que el 7 de diciembre recomendó la destitución de Chehade como legislador.
“Si las bancadas no cambian su voto de manera imprevista”, la Comisión Permanente aprobará el dictamen de la Subcomisión, publicó La República en su edición impresa de hoy.
Si así fuera, en un plazo de tres días deberá formarse una comisión acusadora que fundamente la denuncia ante el pleno del Congreso unicameral, que es el que deberá votar finalmente, por mayoría simple, si Chehade debe ser destituido e inhabilitado.
Chehade es un abogado de 41 años que ganó celebridad por haber sido, entre 2005 y 2008, consultor de la Procuraduría Anticorrupción en los casos del ex presidente Alberto Fujimori y su poderoso asesor Vladimiro Montesinos.
No obstante, el procurador de esa época, Iván Montoya, aseguró en noviembre pasado a Panamericana de Televisión que Chehade era “una persona ambiciosa que nunca manejó casos emblemáticos” y que “no tuvo mayor injerencia en el proceso de extradición” de Fujimori.
A mediados de octubre, el sitio web IDL Reporteros publicó que a comienzos de ese mes, Chehade había organizado una comida en un restaurante del barrio de Miraflores para que su hermano Miguel y su amigo Miguel Barandiarán pidieran a tres altos jefes de la Policía Nacional el desalojo ilegal de una azucarera en conflicto judicial para beneficiar al poderoso grupo empresario Wong.
La denuncia repercutió inmediatamente en la prensa y en los ámbitos políticos, y el oficialismo adoptó desde el primer momento la postura de favorecer todas las investigaciones y no “blindar” al vicepresidente.
Un par de días más tarde, Humala aseguró que respaldaba “totalmente” la investigación que ya había iniciado el Ministerio Público y el 6 de noviembre, por televisión, dijo que Chehade “haría bien en dar un paso al costado”.
Dos días después, el vicepresidente publicó una carta en la que manifestó que había decidido alejarse de esa función mientras duraran las investigaciones pero señaló que no creía “pertinente” renunciar porque se consideraba “inocente”.
Sucesivamente, Chehade fue suspendido como miembro del bloque parlamentario de la coalición gobernante Gana Perú y luego como legislador, por 120 días a partir del 5 de diciembre y sin goce de haberes.
El 7 de diciembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales emitió el dictamen en el que recomienda la destitución de Chehade como congresista y también su inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años.