La Procuraduría General de Paraguay solicitó ayer la inscripción, a favor del Estado, del predio de Curuguaty donde el 15 de junio murieron 11 campesinos y seis policías, hecho utilizado por colorados y liberales para destituir al presidente constitucional Fernando Lugo.
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La Procuraduría General de Paraguay solicitó ayer la inscripción, a favor del Estado, del predio de Curuguaty donde el 15 de junio murieron 11 campesinos y seis policías, hecho utilizado por colorados y liberales para destituir al presidente constitucional Fernando Lugo.
El inmueble habría sido ocupado de manera ilegal por el ex senador del Partido Colorado Blas Riquelme, ya que las 2.000 hectáreas figuran como donadas al Estado en 1967 por la Industrial Paraguay, propietaria original de las tierras.
De acuerdo con el asesor de la Procuraduría, Alfredo Romero, Riquelme habría mentido al iniciar con argumentos falsos un juicio de usucapión en 2005, por el cual se reconoce la posesión de una propiedad tras el ejercicio de los derechos y obligaciones sobre ella durante un tiempo establecido.
Por ello, la Justicia podría acusar a Riquelme de ser responsable de la masacre durante el operativo de desalojo de las tierras el 15 de junio, según indicó la agencia de noticias DPA.
Romero precisó que el juicio de usucapión respondería a una "ambición desmedida" de Riquelme y en base a una mentira, ya que tampoco sería cierto que su familia haya ocupado esas tierras desde el año 1978, como consta en el expediente de ese proceso.
"Esa es una mentira que se va a desenmascarar y los responsables tienen que pagar también ante la ley", agregó el asesor de la Procuraduría.