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El Banco de Acción Social enfrentaría dificultades si solventa boleto estudiantil

Domingo, 10 de marzo de 2013 21:14

A poco de ser difundido el proyecto de Ordenanza de la Municipalidad de la Capital que pretende recaudar fondos mediante tasas e impuestos a los juegos de azar para solventar de manera gratuita el boleto estudiantil, el presidente del Banco de Acción Social de la Provincia (BAS), Enrique Nazario, opinó que si bien favorece a la educación no fue estudiado detalladamente teniendo en cuenta las operaciones del BAS. El escrito no toma en cuenta convenios preexistentes realizados para operar con juegos interjurisdiccionales y derivaría en conflictos entre agencias de Capital y el interior, así como fuga de apuestas, sostuvo.
 

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A poco de ser difundido el proyecto de Ordenanza de la Municipalidad de la Capital que pretende recaudar fondos mediante tasas e impuestos a los juegos de azar para solventar de manera gratuita el boleto estudiantil, el presidente del Banco de Acción Social de la Provincia (BAS), Enrique Nazario, opinó que si bien favorece a la educación no fue estudiado detalladamente teniendo en cuenta las operaciones del BAS. El escrito no toma en cuenta convenios preexistentes realizados para operar con juegos interjurisdiccionales y derivaría en conflictos entre agencias de Capital y el interior, así como fuga de apuestas, sostuvo.
 

Luego de instalado el tema en la sociedad y tras analizar una copia del proyecto presentado por los referentes de la Unión Cívica Radical, Enrique Nazario, manifestó que representa una magnífica iniciativa como idea de contribuir con la educación de la población, teniendo en cuenta que la educación favorece significativamente el crecimiento de una sociedad. Sin embargo, desde lo estrictamente legal, Nazario explicó que la Constitución Nacional en su artículo 31 establece un rango de jerarquía de las normas, y por lo tanto, en primer término se encuentra la Constitución Nacional y luego las leyes tanto nacionales como provinciales, y finalmente las ordenanzas por lo que el proyecto avanza en contraposición, siendo inconstitucional.
 

“La administración de los juegos de azar es ejercida desde su legalización por los estados provinciales y localmente se legisló así por Ley 2.908/72, la que es su artículo 5 establece que el BAS es el organismo controlador, fiscalizador y regulador de los juegos de azar en la provincia. Por el artículo 25 de la misma normal legal, el BAS está exento de todo gravamen provincial o municipal, creado o a crearse. “Lejos de entrar en discusión sobre la constitucionalidad de la norma, entiendo que legislar sobre un tema, sin contar con información sobre cómo funciona la actividad, es desatinado”, opinó Enrique Nazario.
 

El presidente del BAS también destacó que el 70 por ciento de los recursos del BAS -tomando como base de la información el último semestre- devienen de la Tómbola y de los que se denominan juegos especiales como el Quini 6, Brinco y Fanatikón, entre otros. Este número es captado mediante 450 terminales, que reportan las apuestas al banco. Hoy cien de esas terminales se encuentran en línea, y de no presentar inconvenientes, antes de agosto todas las terminales estarían en esas condiciones. Por las características del equipamiento y su conectividad, cualquier terminal puede captar una apuesta desde Yuto a La Quiaca, de tal manera que el apostador tendrá un costo mayor en ciudad Capital, por lo que de aplicarse el impuesto que indica la ordenanza, el cliente preferirá apostar en un corredor ambulante de cualquier otro municipio, ello, aunque la terminal de captura se encuentre en la plaza Belgrano.
 

“Seguramente las agencias oficiales, las que se contratan a nivel provincial por licitación pública, fijarán domicilio fuera del ejido capitalino. También se debe tener en cuenta que, en base a la información con la que contamos en el BAS, el 80 por ciento de las apuestas son captadas por vendedores de agencias de otras jurisdicciones municipales”, manifestó Nazario. El titular del BAS agregó que finalmente se provocaría un encarecimiento en el juego del apostador, y sin ninguna duda contribuiría también a la clandestinización del mismo, cuestión casi inexistente a la fecha en la jurisdicción.
 

Otro punto importante es que los que se denominan juegos especiales, se comercializan mediante convenios interjuridiccionales con otras provinciales, como la Lotería Nacional y el Instituto de Juegos de Santa Fe. Tales juegos son también captados con las terminales con las que cuenta el BAS, las que a su vez permiten beneficios devinientes de 4 sorteos federales anuales en los que la rentabilidad se distribuye sin tener en cuenta las ventas de cada jurisdicción. La relación con los entes provinciales que administran dichos juegos, resulta de reciprocidad, no pudiendo el BAS cargar nuevos impuestos, a los vigentes a la suscripción de los contratos respectivos. Respecto de las salas de casino y maquinas de juegos de azar, los denominados tragamonedas son de propiedad de dos empresas operadas por el personal de BAS, y la aplicación de la nueva tasa a contratos preexistentes, incluso a la actual gestión, seguramente recaerá sobre la rentabilidad, no de quienes prestan el servicio sino del propio BAS, invocando para ello las condiciones contractuales vigentes y una pretendida renovación en el vinculo resuelta ni siquiera unilateralmente por el BAS, sino por una disposición municipal. “No es menospreciable tener en cuenta que la provincia a través del BAS percibe el 50 por ciento de la rentabilidad de las salas, siendo este el porcentaje de distribución más alto del país, seguido por la Provincia de Buenos Aires con el 34 por ciento”, detalló el titular de la institución.