El juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila procesó a un empleado del PAMI acusado de ser el testaferro del gobernador Ricardo Colombi y a otras tres personas por supuesto enriquecimiento ilícito y otros delitos de corrupción, en una causa en la que se investiga la donación de dos casas que recibió el mandatario en la Capital provincial.
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El juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila procesó a un empleado del PAMI acusado de ser el testaferro del gobernador Ricardo Colombi y a otras tres personas por supuesto enriquecimiento ilícito y otros delitos de corrupción, en una causa en la que se investiga la donación de dos casas que recibió el mandatario en la Capital provincial.
La causa, que podría complicar la situación judicial del actual gobernador, fue iniciada en 2009 tras una denuncia del joven empresario Hernán González Moreno, quien apareció muerto con un disparo en la cabeza ese mismo año cuando faltaban cuatro días para las elecciones provinciales en las que Colombi volvió a ganar la gobernación de la provincia.
El juez Federal procesó a Hernán Marcelo Lazlo, investigado como el supuesto testaferro, a su esposa María Elena Hadad y a las escribanas Roxana Edith Cabral y Gladys Dionisia Baez, por presunto falseamiento de declaración jurada patrimonial, asociación Ilícita fiscal y enriquecimiento ilícito.
El procesamiento fue dictado con el pago de una caución personal y sin prisión preventiva porque estas
cuatro personas consiguieron la eximición de prisión, aunque tiene prohibido salir del país, confirmaron fuentes judiciales.
Lazlo está acusado de haber comprado dos propiedades, valuadas en más de 3 millones de pesos, en el mismo día en que le cedió las dos casas a Colombi, a través de un poder de disposición, en firmas de escrituras en las que habrían participado su esposa y las dos escribanas involucradas.
Marcelo Lazlo es militante radical y empleado de la planta permanente de la delegación correntina del PAMI, por lo que la Justicia investiga cómo hizo con su salario para comprar dos propiedades del centro correntino y si el dinero salió de manos de Colombi.
Un dato particular de la causa es que una de las escrituras fue fechada un 31 de noviembre de 2006, día que no existe para el calendario porque ese mes tiene solo hasta la fecha 30.
Colombi, que terminó su primer mandato de gobernador en diciembre de 2005, en el momento de las compras era diputado nacional por la UCR, mientras que su primo Arturo Colombi lo había sucedido en el Ejecutivo correntino.
El actual gobernador también está imputado por los graves delitos investigados en esta causa por la adquisición de las dos casas, aunque no puede ser procesado ni citado a declarar por el juez Soto Dávila porque consiguió un polémico recurso de habeas corpus de un juez provincial, Luis Cocchia.
Ese habeas corpus, que le impide al juez federal citarlo a indagatoria, fue cuestionado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por Soto Dávila "por falta de competencia" de la Justicia provincial en esta causa, según explicaron fuentes judiciales.
Colombi, que defenderá su reelección en los comicios del 15 de septiembre próximo, también fue denunciado en abril pasado por la AFIP por una supuesta evasión impositiva de 500 mil pesos en Impuesto a las Ganancias.
El caso del empresario González Moreno, el denunciante, generó en Corrientes una gran conmoción cuando apareció muerto dentro de su automóvil en medio de un campo en el interior de la provincia, en la semana previa a las elecciones, en una causa que se caratuló como "supuesto suicidio".