Boudou pidió ser sobreseído

El vicepresidente Amado Boudou pidió ayer ante la Cámara Federal su sobreseimiento en la causa en la que está procesado por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho por el caso Ciccone. A través de un escrito presentado por sus abogados, el Vicepresidente criticó duramente la actuación del juez federal Ariel Lijo, a quien acusó de tergiversar testimonios de la causa, y solicitó que se revoque el procesamiento que pesa en su contra por el proceso irregular de salvataje y venta de la imprenta. El escrito fue presentado en el mismo día en que el fiscal Guillermo Marijuan, en el marco de otra causa por irregularidades en la documentación de un vehículo que compró en 1993, pidió que el titular del Senado vaya a juicio oral y público. También recurrieron mediante un escrito los imputados José María Nuñez Carmona, el amigo del vicepresidente Boudou; el antiguo dueño de la empresa, Nicolás Ciccone, y el exjefe de asesores de la AFIP Rafael Resnick Brenner, aunque este último lo hizo en forma oral mediante sus abogados. En su presentación, los abogados de Nicolás Ciccone pidieron el 'inmediato sobreseimiento' y la 'nulidad absoluta' del fallo de Lijo, a quien cuestionaron por haber interrogado a su cliente primero como testigo, para que aportara datos a la causa que luego lo iban a incriminar, cuando en realidad el magistrado sabía de antemano podía ser un imputado. Resta aún que recurran el fallo del juez Lijo el cuñado de Ciccone, Guillermo Reinwick, y el exfuncionario del Ministerio de Economía Guillermo Forcieri, este último a raíz que fue procesado semanas más tarde que el resto y cuenta con otra fecha ante la Cámara Federal. Ahora, los jueces Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah están en condiciones de resolver si confirman el procesamiento de Boudou y demás acusados, lo que podría producirse a partir de noviembre próximo. Lijo considera que el Vicepresidente adquirió Ciccone Calcográfica en forma encubierta y por medio de gente de su confianza, para luego beneficiarse con eventuales contratos que la empresa iba a tener con el Estado para la impresión de bille.

El vicepresidente Amado Boudou pidió ayer ante la Cámara Federal su sobreseimiento en la causa en la que está procesado por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho por el caso Ciccone. A través de un escrito presentado por sus abogados, el Vicepresidente criticó duramente la actuación del juez federal Ariel Lijo, a quien acusó de tergiversar testimonios de la causa, y solicitó que se revoque el procesamiento que pesa en su contra por el proceso irregular de salvataje y venta de la imprenta. El escrito fue presentado en el mismo día en que el fiscal Guillermo Marijuan, en el marco de otra causa por irregularidades en la documentación de un vehículo que compró en 1993, pidió que el titular del Senado vaya a juicio oral y público. También recurrieron mediante un escrito los imputados José María Nuñez Carmona, el amigo del vicepresidente Boudou; el antiguo dueño de la empresa, Nicolás Ciccone, y el exjefe de asesores de la AFIP Rafael Resnick Brenner, aunque este último lo hizo en forma oral mediante sus abogados. En su presentación, los abogados de Nicolás Ciccone pidieron el 'inmediato sobreseimiento' y la 'nulidad absoluta' del fallo de Lijo, a quien cuestionaron por haber interrogado a su cliente primero como testigo, para que aportara datos a la causa que luego lo iban a incriminar, cuando en realidad el magistrado sabía de antemano podía ser un imputado. Resta aún que recurran el fallo del juez Lijo el cuñado de Ciccone, Guillermo Reinwick, y el exfuncionario del Ministerio de Economía Guillermo Forcieri, este último a raíz que fue procesado semanas más tarde que el resto y cuenta con otra fecha ante la Cámara Federal. Ahora, los jueces Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah están en condiciones de resolver si confirman el procesamiento de Boudou y demás acusados, lo que podría producirse a partir de noviembre próximo. Lijo considera que el Vicepresidente adquirió Ciccone Calcográfica en forma encubierta y por medio de gente de su confianza, para luego beneficiarse con eventuales contratos que la empresa iba a tener con el Estado para la impresión de bille.