Ante la presencia en la provincia de abogados que promocionan el trámite de pensiones a exsoldados convocados a participar del conflicto durante la guerra de Malvinas que no estuvieron en el teatro de operaciones del Atlántico Sur, conocidos como "continentales", el defensor del Pueblo Víctor Galarza emitió una serie de recomendaciones a fin de evitar posibles engaños al solicitar el beneficio.
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Ante la presencia en la provincia de abogados que promocionan el trámite de pensiones a exsoldados convocados a participar del conflicto durante la guerra de Malvinas que no estuvieron en el teatro de operaciones del Atlántico Sur, conocidos como "continentales", el defensor del Pueblo Víctor Galarza emitió una serie de recomendaciones a fin de evitar posibles engaños al solicitar el beneficio.
El ombudsman explicó que la Ley 23.109, considera veterano de guerra a los exsoldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el teatro de operaciones del Atlántico Sur (Toas), cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y el espacio aéreo correspondiente. Ahora bien, existen exsoldados a los que la ley no les reconoce el derecho a una pensión, a diferencia de quienes fueron destinados a la zona misma de combate y estuvieron físicamente en el archipiélago.
A fin de evitar posibles engaños a estos últimos exsoldados no contemplados en la ley- y a sus familiares - y advirtiendo que recientemente visitaron Jujuy abogados de otras provincias que ofrecieron gestionar beneficios dirigidos a este grupo mediante pago de dos cuotas de $600 cada una, el defensor puntualizó que en realidad no se trata del ofrecimiento de una gestión que garantice el acceso a una pensión, sino que se trata de la promoción de una acción judicial para intentar declarar inconstitucional a la Ley 23.109 y otras, para que los ex soldados excluidos logren ser incluidos en sus beneficios.
En este sentido, el defensor aclaró que el tiempo que demandará el trámite puede llevar años de litigio debido a que la contraparte (Estado nacional) planteará todas las defensas a su alcance y que la tramitación de los juicios en juzgados de otras provincias como así también, la mención de jurisprudencia, no garantiza un resultado favorable. Además, debe tenerse en cuenta que cualquiera sea el resultado del juicio, en un futuro se generará una deuda por honorarios y gastos judiciales a favor de los abogados. De no ser pagada la misma, podrá ser reclamada judicialmente a los exsoldados, sus familiares o derechohabientes.
Asimismo, el ombudsman, recordó que el caso es similar a las estafas realizadas por abogados que prometían la recuperación de lo aportado a la ex Caja Nacional de Ahorro y Seguro de la Nación, todo lo cual, resultó ser un montaje para engañar a jubilados, pensionados o ex trabajadores del Estado, situación que fue puesta en conocimiento de la Justicia.
Finalmente, Víctor Galarza señaló que se continuará con las investigaciones pertinentes y que ante la menor duda, se sugiere consultar en esta Institución, antes de firmar cualquier documentación y hacer entregas de dinero.