Según informes oficiales citadas por el diario Folha de Sao Paulo, las empresas contratistas y la petrolera estatal -todas bajo sospecha de desvío de fondos, formación de cartel (acuerdo informar entre empresas) y pago de sobornos, entre otros delitos- deben por concepto de préstamos a bancos públicos y privados en Brasil más de US$ 48.148 millones.
El temor del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y de la banca es que una eventual morosidad por parte de esas empresas, así como una posible inhabilitación, afecte toda la economía del país.
De acuerdo a las denuncias investigan el Ministerio Público (Fiscalía) y la policía federal, 16 grandes socias de Petrobras están bajo sospecha de haber formado un cártel para cometer fraudes en licitaciones e inflar los precios de los contratos. Los delitos fueron cometidos en complicidad con altos funcionarios de la estatal y políticos, se indicó.
De confirmarse las denuncias, las empresas implicadas quedarían impedidas de firmar nuevos contratos públicos por hasta cinco años, y aunque la legislación no les impediría, en tal situación, dar continuidad a obras en marcha, tendrían restricciones para acceder a más préstamos bancarios, lo que podría llevar a un eventual cese de pagos.
De hecho, uno de los argumentos esgrimidos por los abogados de los cerca de 20 altos ejecutivos de esas empresas que están procesados es que el país puede quedar paralizado en caso de que las constructoras queden inhabilitadas para actuar en obras públicas. Es por esa razón que la Defensoría Estatal (AGU) instruyó al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) a liberar créditos a estas empresas, al menos por el momento, siempre que quede comprobado que pueden honrar los pagos.
En su justificación, el organismo defensor estatal mencionó, precisamente, el peso de estas grandes empresas en el desarrollo del país.
"Se trata de deudores institucionales con relevante participación en el (producto interno bruto) PIB y responsables de la conducción de inversiones de primordial relevancia para el desarrollo nacional", expresó la AGU al responder una consulta hecha por el banco de fomento sobre la oportunidad de renovar los préstamos.
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Según informes oficiales citadas por el diario Folha de Sao Paulo, las empresas contratistas y la petrolera estatal -todas bajo sospecha de desvío de fondos, formación de cartel (acuerdo informar entre empresas) y pago de sobornos, entre otros delitos- deben por concepto de préstamos a bancos públicos y privados en Brasil más de US$ 48.148 millones.
El temor del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y de la banca es que una eventual morosidad por parte de esas empresas, así como una posible inhabilitación, afecte toda la economía del país.
De acuerdo a las denuncias investigan el Ministerio Público (Fiscalía) y la policía federal, 16 grandes socias de Petrobras están bajo sospecha de haber formado un cártel para cometer fraudes en licitaciones e inflar los precios de los contratos. Los delitos fueron cometidos en complicidad con altos funcionarios de la estatal y políticos, se indicó.
De confirmarse las denuncias, las empresas implicadas quedarían impedidas de firmar nuevos contratos públicos por hasta cinco años, y aunque la legislación no les impediría, en tal situación, dar continuidad a obras en marcha, tendrían restricciones para acceder a más préstamos bancarios, lo que podría llevar a un eventual cese de pagos.
De hecho, uno de los argumentos esgrimidos por los abogados de los cerca de 20 altos ejecutivos de esas empresas que están procesados es que el país puede quedar paralizado en caso de que las constructoras queden inhabilitadas para actuar en obras públicas. Es por esa razón que la Defensoría Estatal (AGU) instruyó al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) a liberar créditos a estas empresas, al menos por el momento, siempre que quede comprobado que pueden honrar los pagos.
En su justificación, el organismo defensor estatal mencionó, precisamente, el peso de estas grandes empresas en el desarrollo del país.
"Se trata de deudores institucionales con relevante participación en el (producto interno bruto) PIB y responsables de la conducción de inversiones de primordial relevancia para el desarrollo nacional", expresó la AGU al responder una consulta hecha por el banco de fomento sobre la oportunidad de renovar los préstamos.