El Código Orgánico Integral Penal (COI) establece nuevos delitos sancionados con penas de cárcel por mala práctica profesional, feminicidio, sicariato, tráfico de inmigrantes y trata de personas. También la venta de licor a menores, el pánico financiero, la desaparición forzosa, la no afiliación de trabajadores a la seguridad social y la retención ilegal de los aportes de los empleados a ese servicio público y el enriquecimiento ilícito, entre otros.
Desde el oficialismo asegurán que el nuevo código penal "revolucionará la justicia", pese al temor de la oposición que considera que la normativa dará un mayor nivel punitivo al Estado. "Es la primera vez que se integran 700 normas penales dispersas en toda la legislación" en un sólo cuerpo legal que, además, tipifica nuevos delitos de la época actual, aseguró la legisladora Paola Pabón, del movimiento Alianza País.
Recordó que la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó en febrero pasado el COIP tras un largo debate que, entre otras cosas, intentaba armonizar la "dispersión absoluta" de las normas penales en otros códigos y leyes.
"Este es un código penal que se lo ha querido ver como punitivo", por parte de la oposición, pero, por el contrario, la Asamblea Nacional "trabajó mucho en buscar la proporcionalidad de las penas", añadió Pabón.
Por su parte, Fundamedios, una fundación sobre libertad de expresión que ha sido crítica con el Gobierno de Rafael Correa, expresó su temor de que la entrada en vigor del COIP pueda "limitar el derecho a la libertad de expresión y ser una herramienta de persecución de ciudadanos críticos con el poder". En un comunicado, señalan que varios tipos penales incluidos "dejan a la interpretación (de los jueces), lo cual podría resultar 'peligroso' en un sistema judicial que ha sido cuestionado por su falta de independencia".
Según esa organización, la discriminación como delito, las sanciones a quienes provoquen pánico financiero, la difusión de información restringida y el delito contra la honradejan abierto un gran portón a la interpretación de los jueces. "Si bien los artículos mencionados podrían constituir una amenaza al derecho a expresarse libremente", lo más cuestionable del Código es, para ellos, "el aumento innecesario de penas".
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El Código Orgánico Integral Penal (COI) establece nuevos delitos sancionados con penas de cárcel por mala práctica profesional, feminicidio, sicariato, tráfico de inmigrantes y trata de personas. También la venta de licor a menores, el pánico financiero, la desaparición forzosa, la no afiliación de trabajadores a la seguridad social y la retención ilegal de los aportes de los empleados a ese servicio público y el enriquecimiento ilícito, entre otros.
Desde el oficialismo asegurán que el nuevo código penal "revolucionará la justicia", pese al temor de la oposición que considera que la normativa dará un mayor nivel punitivo al Estado. "Es la primera vez que se integran 700 normas penales dispersas en toda la legislación" en un sólo cuerpo legal que, además, tipifica nuevos delitos de la época actual, aseguró la legisladora Paola Pabón, del movimiento Alianza País.
Recordó que la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó en febrero pasado el COIP tras un largo debate que, entre otras cosas, intentaba armonizar la "dispersión absoluta" de las normas penales en otros códigos y leyes.
"Este es un código penal que se lo ha querido ver como punitivo", por parte de la oposición, pero, por el contrario, la Asamblea Nacional "trabajó mucho en buscar la proporcionalidad de las penas", añadió Pabón.
Por su parte, Fundamedios, una fundación sobre libertad de expresión que ha sido crítica con el Gobierno de Rafael Correa, expresó su temor de que la entrada en vigor del COIP pueda "limitar el derecho a la libertad de expresión y ser una herramienta de persecución de ciudadanos críticos con el poder". En un comunicado, señalan que varios tipos penales incluidos "dejan a la interpretación (de los jueces), lo cual podría resultar 'peligroso' en un sistema judicial que ha sido cuestionado por su falta de independencia".
Según esa organización, la discriminación como delito, las sanciones a quienes provoquen pánico financiero, la difusión de información restringida y el delito contra la honradejan abierto un gran portón a la interpretación de los jueces. "Si bien los artículos mencionados podrían constituir una amenaza al derecho a expresarse libremente", lo más cuestionable del Código es, para ellos, "el aumento innecesario de penas".