Distintos estamentos judiciales criticaron la decisión de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbo, de cubrir los nuevos cargos establecidos en la reforma del Códico Procesal Penal y anunciaron una "encubierta" intención de "controlar" las investigaciones penales contra actuales funcionarios públicos.
La Asociación de Magistrados y Funcionario manifestó que la "puesta en funcionamiento de estas Fiscalías Generales podría encubrir la intención de controlar las investigaciones penales existentes, especialmente las que tienen como sujetos imputados a funcionarios públicos por hechos de corrupción".
El comunicado de la entidad agregó que de acuerdo a las modificaciones establecidas por Anexo II de la ley 27.063 una Comisión Bicameral debe realizar el proyecto de implementación y que resulta necesario reformular la organización del Ministerio Público Fiscal.
Luego de esta reorganización, que permita al Ministerio Público desarrollar las nuevas funciones como titular de la acción penal, recién se "podrán fijar las necesidades reales en materia de recursos humanos y materiales y la fecha de entrada en vigencia de la reforma procesal", señaló la Asociación de Magistrados.
Por su parte, la asociación de abogados Será Justicia aseguró que las designaciones evidencian "la pretensión de convertir a los ficales nombrados en un obstáculo para la investigación de delitos, especialmente, los referidos a hechos de corrupción donde se involucre a altos funcionarios".
La Asociación de Magistrados y Funcionario manifestó que la "puesta en funcionamiento de estas Fiscalías Generales podría encubrir la intención de controlar las investigaciones penales existentes, especialmente las que tienen como sujetos imputados a funcionarios públicos por hechos de corrupción".
El comunicado de la entidad agregó que de acuerdo a las modificaciones establecidas por Anexo II de la ley 27.063 una Comisión Bicameral debe realizar el proyecto de implementación y que resulta necesario reformular la organización del Ministerio Público Fiscal.
Luego de esta reorganización, que permita al Ministerio Público desarrollar las nuevas funciones como titular de la acción penal, recién se "podrán fijar las necesidades reales en materia de recursos humanos y materiales y la fecha de entrada en vigencia de la reforma procesal", señaló la Asociación de Magistrados.
Por su parte, la asociación de abogados Será Justicia aseguró que las designaciones evidencian "la pretensión de convertir a los ficales nombrados en un obstáculo para la investigación de delitos, especialmente, los referidos a hechos de corrupción donde se involucre a altos funcionarios".
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La Asociación de Magistrados y Funcionario manifestó que la "puesta en funcionamiento de estas Fiscalías Generales podría encubrir la intención de controlar las investigaciones penales existentes, especialmente las que tienen como sujetos imputados a funcionarios públicos por hechos de corrupción".
El comunicado de la entidad agregó que de acuerdo a las modificaciones establecidas por Anexo II de la ley 27.063 una Comisión Bicameral debe realizar el proyecto de implementación y que resulta necesario reformular la organización del Ministerio Público Fiscal.
Luego de esta reorganización, que permita al Ministerio Público desarrollar las nuevas funciones como titular de la acción penal, recién se "podrán fijar las necesidades reales en materia de recursos humanos y materiales y la fecha de entrada en vigencia de la reforma procesal", señaló la Asociación de Magistrados.
Por su parte, la asociación de abogados Será Justicia aseguró que las designaciones evidencian "la pretensión de convertir a los ficales nombrados en un obstáculo para la investigación de delitos, especialmente, los referidos a hechos de corrupción donde se involucre a altos funcionarios".
La Asociación de Magistrados y Funcionario manifestó que la "puesta en funcionamiento de estas Fiscalías Generales podría encubrir la intención de controlar las investigaciones penales existentes, especialmente las que tienen como sujetos imputados a funcionarios públicos por hechos de corrupción".
El comunicado de la entidad agregó que de acuerdo a las modificaciones establecidas por Anexo II de la ley 27.063 una Comisión Bicameral debe realizar el proyecto de implementación y que resulta necesario reformular la organización del Ministerio Público Fiscal.
Luego de esta reorganización, que permita al Ministerio Público desarrollar las nuevas funciones como titular de la acción penal, recién se "podrán fijar las necesidades reales en materia de recursos humanos y materiales y la fecha de entrada en vigencia de la reforma procesal", señaló la Asociación de Magistrados.
Por su parte, la asociación de abogados Será Justicia aseguró que las designaciones evidencian "la pretensión de convertir a los ficales nombrados en un obstáculo para la investigación de delitos, especialmente, los referidos a hechos de corrupción donde se involucre a altos funcionarios".