La cantidad de estaciones de servicio se redujo 30% en los últimos quince años a pesar del enorme crecimiento del parque automotor registrado en ese período y, para enfrentar este panorama, los empresarios del sector exigen una ley que regule la actividad.
Así lo señaló el presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la Argentina (Cecha), Carlos Gold.
El empresario explicó que "a partir de 2005, los costos operativos, en particular los salarios, comenzaron a incrementarse en forma significativa. Por otra parte, el precio de los combustibles se mantuvo congelado durante varios años".
"Desde marzo de 2005 a marzo de 2015 los salarios subieron más de 1.900%, en tanto que los combustibles aumentaron alrededor de un 600%. Esto originó un desfasaje entre ingresos y egresos que llevó a muchas pequeñas empresas a la imposibilidad de seguir operando", añadió.
De acuerdo con un informe elaborado por Cecha, en los últimos 15 años se ha dado en el país una situación paradojal: mientras las políticas basadas en el consumo interno motivaron el crecimiento exponencial del parque automotor en el país, pasando de 10.147.931 millones de unidades en 2000 a 13.580.831 millones en 2015, el acceso al expendio de combustibles se volvió cada vez más limitado por el cierre continuo de estaciones de servicio, que en el año 1999 eran 6366 en todo el territorio nacional y, en la actualidad, esa cifra descendió a 4429.
El proyecto de comercialización
Gold confió en que durante el próximo Gobierno "se trate y eventualmente se apruebe el proyecto de ley de comercialización que hemos presentado oportunamente".
Ese proyecto apunta a:
- Evitar que las estaciones de servicio deban competir con sus propios proveedores y en condiciones claramente desiguales.
- Fomentar que las empresas petroleras vuelquen sus recursos a la producción de combustibles, que requiere importantes inversiones, dejando la comercialización a pequeñas y medianas empresas.
- Impedir que las empresas petroleras puedan fijar el precio, margen de ganancia o cualquier otra condición de comercialización, limitando el manejo de las variables del negocio por parte de los comercializadores.
- Establecer condiciones mínimas de contratación, evitando abuso por parte de las empresas petroleras.
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La cantidad de estaciones de servicio se redujo 30% en los últimos quince años a pesar del enorme crecimiento del parque automotor registrado en ese período y, para enfrentar este panorama, los empresarios del sector exigen una ley que regule la actividad.
Así lo señaló el presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la Argentina (Cecha), Carlos Gold.
El empresario explicó que "a partir de 2005, los costos operativos, en particular los salarios, comenzaron a incrementarse en forma significativa. Por otra parte, el precio de los combustibles se mantuvo congelado durante varios años".
"Desde marzo de 2005 a marzo de 2015 los salarios subieron más de 1.900%, en tanto que los combustibles aumentaron alrededor de un 600%. Esto originó un desfasaje entre ingresos y egresos que llevó a muchas pequeñas empresas a la imposibilidad de seguir operando", añadió.
De acuerdo con un informe elaborado por Cecha, en los últimos 15 años se ha dado en el país una situación paradojal: mientras las políticas basadas en el consumo interno motivaron el crecimiento exponencial del parque automotor en el país, pasando de 10.147.931 millones de unidades en 2000 a 13.580.831 millones en 2015, el acceso al expendio de combustibles se volvió cada vez más limitado por el cierre continuo de estaciones de servicio, que en el año 1999 eran 6366 en todo el territorio nacional y, en la actualidad, esa cifra descendió a 4429.
El proyecto de comercialización
Gold confió en que durante el próximo Gobierno "se trate y eventualmente se apruebe el proyecto de ley de comercialización que hemos presentado oportunamente".
Ese proyecto apunta a:
- Evitar que las estaciones de servicio deban competir con sus propios proveedores y en condiciones claramente desiguales.
- Fomentar que las empresas petroleras vuelquen sus recursos a la producción de combustibles, que requiere importantes inversiones, dejando la comercialización a pequeñas y medianas empresas.
- Impedir que las empresas petroleras puedan fijar el precio, margen de ganancia o cualquier otra condición de comercialización, limitando el manejo de las variables del negocio por parte de los comercializadores.
- Establecer condiciones mínimas de contratación, evitando abuso por parte de las empresas petroleras.