El Gobierno reconoció ante la Justicia que dejó de medir la pobreza hace dos años, al responder un pedido formulado por la jueza María José Sarmiento.
La magistrada del fuero Contencioso Administrativo Federal había requerido que el Indec difundiera las cifras luego de un recurso de amparo presentado por la diputada Victoria Donda (Frente Progresistas).
En 2013, el Gobierno discontinuó los datos de pobreza con el argumento de que existía un "problema de empalme" a partir del cambio en el método de medición de la inflación.
En su respuesta a la jueza, la Dirección de Legales del Ministerio de Economía afirmó que el "índice particular cuya publicación pretende la amparista (por Donda) directamente no se produce".
La presentación del Palacio de Hacienda agregó que la no elaboración del indicador para medir una determinada variable "no configura agravio alguno, máxime cuando el Indec produce y publica otros índices de los que se puede desprender la información pretendida por la peticionante".
La presentación puso a disposición una serie de indicadores para que la jueza, la diputada Donda o quien quiera calcule la pobreza con la metodología que prefiera.
Cuando se conoció el recurso de amparo presentado por Donda, el ministro Axel Kicillof salió a pedirle a la legisladora que "si quiere salir en los medios, que se ponga las plumas" y luego debió salir a aclarar que en realidad no tuvo intención de hacer un comentario machista.
La jueza Sarmiento, al formular el pedido a Economía, se había basado en el decreto 1.172 para el acceso a la información pública firmado por Néstor Kirchner en 2003 y aseguró que "toda persona física o jurídica, pública o privada tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio letrado".
La magistrada deberá resolver ahora si da por válida la respuesta del Gobierno y si la rechaza, puede pedir que la causa se abra a prueba y citar testigos que muestren cálculos de pobreza o avanzar en una sentencia sobre la cuestión de fondo.
Se estima que el indicador tiraba un resultado en torno al 25 % por lo que nunca lo hicieron público.
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El Gobierno reconoció ante la Justicia que dejó de medir la pobreza hace dos años, al responder un pedido formulado por la jueza María José Sarmiento.
La magistrada del fuero Contencioso Administrativo Federal había requerido que el Indec difundiera las cifras luego de un recurso de amparo presentado por la diputada Victoria Donda (Frente Progresistas).
En 2013, el Gobierno discontinuó los datos de pobreza con el argumento de que existía un "problema de empalme" a partir del cambio en el método de medición de la inflación.
En su respuesta a la jueza, la Dirección de Legales del Ministerio de Economía afirmó que el "índice particular cuya publicación pretende la amparista (por Donda) directamente no se produce".
La presentación del Palacio de Hacienda agregó que la no elaboración del indicador para medir una determinada variable "no configura agravio alguno, máxime cuando el Indec produce y publica otros índices de los que se puede desprender la información pretendida por la peticionante".
La presentación puso a disposición una serie de indicadores para que la jueza, la diputada Donda o quien quiera calcule la pobreza con la metodología que prefiera.
Cuando se conoció el recurso de amparo presentado por Donda, el ministro Axel Kicillof salió a pedirle a la legisladora que "si quiere salir en los medios, que se ponga las plumas" y luego debió salir a aclarar que en realidad no tuvo intención de hacer un comentario machista.
La jueza Sarmiento, al formular el pedido a Economía, se había basado en el decreto 1.172 para el acceso a la información pública firmado por Néstor Kirchner en 2003 y aseguró que "toda persona física o jurídica, pública o privada tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio letrado".
La magistrada deberá resolver ahora si da por válida la respuesta del Gobierno y si la rechaza, puede pedir que la causa se abra a prueba y citar testigos que muestren cálculos de pobreza o avanzar en una sentencia sobre la cuestión de fondo.
Se estima que el indicador tiraba un resultado en torno al 25 % por lo que nunca lo hicieron público.