El Ministerio de Seguridad bonaerense envió ayer a 300 efectivos de Infantería al predio de 60 hectáreas tomado en la localidad de Merlo, en el oeste del Gran Buenos Aires, a la espera de una orden judicial que disponga el desalojo de las tierras.
En medio de cruces políticos y acusaciones entre los dirigentes del distrito, el ministro Alejandro Granados apostó al personal de la Policía Bonaerense sobre la ruta 1003, donde comienzan a desparramarse precarias viviendas sin ningún tipo de servicio, y los puso a disposición del fiscal Fernando Capello.
Según explicó el funcionario de Daniel Scioli, al personal ya afectado se sumarán este miércoles otros 300 efectivos, para rodear de forma total las 60 hectáreas que tiene el predio usurpado desde los días previos a las elecciones del pasado 25 de octubre.
"Cuando la Justicia nos ordene desalojar, desalojamos", expresó Granados, que detalló que no cree que vaya a haber problemas para retirar a la gente del lugar, "ya que no están afincados".
Sostuvo que se trata de "gente que vive en el mismo barrio" y afirmó que son entre "550 y 600 familias", al rechazar que fueran 3 mil, como se denunció en principio.
Granados consideró que la situación de ocupación se originó a partir de "un vivo que quiso perjudicar a alguien y que hizo correr la voz de que se podían tomar esos terrenos".
Cuando arribaron los efectivos de Infantería, pasadas las 14.30, algunos vecinos que se encontraban en la zona empezaron a retirar colchones, camas, maderas y elementos utilizados para la construcción precaria de las viviendas.
La toma de tierras tiene dos tramos: las 60 hectáreas de terrenos vacíos y una zona lindera donde se estaban construyendo unas 340 viviendas correspondientes a un plan federal. Por ese segundo sector, este martes el juez federal de Morón Juan Pablo Salas le pidió al gobierno provincial que impida el ingreso de nuevos intrusos y de materiales al predio tomado.
En el mismo fallo, el magistrado consideró que el predio pertenece a la órbita del gobierno bonaerense, por lo que se declaró incompetente en la causa, que ahora pasó a manos de la Justicia provincial de Morón.
Tanto el gobernador Daniel Scioli como la mandataria electa, María Eugenia Vidal, repudiaron la usurpación, en medio de las negociaciones entre ambos para el traspaso del poder el próximo 10 de diciembre.
A la vez, continuaron los cruces entre el intendente de Merlo, Raúl Othacehé, uno de los barones derrotados en agosto, y el electo Gustavo Menéndez, quienes se señalan mutuamente como responsables de alentar la toma de tierras.
Menéndez sostuvo que le están dejando "una bomba de tiempo" en Merlo, aunque se comprometió a "desactivarla" a partir del 10 de diciembre próximo, mientras que Othacehé salió duro al cruce del intendente electo, lo responsabilizó por la toma y señaló que "está ligado a las drogas y a la delincuencia".
"Esta es la política que no queremos", expresó por su parte la gobernadora electa María Eugenia Vidal, para referirse a este tema.
Se espera que la Justicia ordene el desalojo porque los propietarios están reclamando con todo su derecho.
Vidal: "Síntoma de un fin de ciclo"
El asentamiento ilegal en las 60 hectáreas del predio ubicado sobre la ruta 1003 fue repudiado por el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, y también por la mandataria electa, María Eugenia Vidal, quien responsabilizó a la gestión provincial por la usurpación.
El candidato presidencial del Frente para la Victoria se expresó, sin embargo, "absolutamente en contra de las tomas ilegales" y afirmó que está "trabajando para normalizar la situación sin ningún tipo de violencia". "Nosotros estamos absolutamente en contra de las tomas ilegales. Cuando hay este tipo de situación, obviamente estamos con el intendente electo (Gustavo Menéndez) trabajando en esta cuestión, y fundamentalmente para normalizar esto sin ningún tipo de violencia", sostuvo el mandatario provincial.
Por su parte, Vidal aseguró que la "responsabilidad" de la toma de tierras es de Scioli y del intendente de Merlo, Raúl Othacehé, uno de los barones derrotados en el conurbano, que dejará su cargo el próximo 10 de diciembre.
"No es la primera toma que me toca enfrentar, pero hoy es responsabilidad del Gobierno de la Provincia y el intendente actual de Merlo enfrentar esa situación", subrayó Vidal, al hacer referencia a la situación similar que tuvo lugar años atrás en el parque Indoamericano de la Ciudad.
En declaraciones a la prensa durante un acto junto al candidato presidencial Mauricio Macri, la gobernadora electa catalogó la usurpación como un "síntoma de fin de ciclo".
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El Ministerio de Seguridad bonaerense envió ayer a 300 efectivos de Infantería al predio de 60 hectáreas tomado en la localidad de Merlo, en el oeste del Gran Buenos Aires, a la espera de una orden judicial que disponga el desalojo de las tierras.
En medio de cruces políticos y acusaciones entre los dirigentes del distrito, el ministro Alejandro Granados apostó al personal de la Policía Bonaerense sobre la ruta 1003, donde comienzan a desparramarse precarias viviendas sin ningún tipo de servicio, y los puso a disposición del fiscal Fernando Capello.
Según explicó el funcionario de Daniel Scioli, al personal ya afectado se sumarán este miércoles otros 300 efectivos, para rodear de forma total las 60 hectáreas que tiene el predio usurpado desde los días previos a las elecciones del pasado 25 de octubre.
"Cuando la Justicia nos ordene desalojar, desalojamos", expresó Granados, que detalló que no cree que vaya a haber problemas para retirar a la gente del lugar, "ya que no están afincados".
Sostuvo que se trata de "gente que vive en el mismo barrio" y afirmó que son entre "550 y 600 familias", al rechazar que fueran 3 mil, como se denunció en principio.
Granados consideró que la situación de ocupación se originó a partir de "un vivo que quiso perjudicar a alguien y que hizo correr la voz de que se podían tomar esos terrenos".
Cuando arribaron los efectivos de Infantería, pasadas las 14.30, algunos vecinos que se encontraban en la zona empezaron a retirar colchones, camas, maderas y elementos utilizados para la construcción precaria de las viviendas.
La toma de tierras tiene dos tramos: las 60 hectáreas de terrenos vacíos y una zona lindera donde se estaban construyendo unas 340 viviendas correspondientes a un plan federal. Por ese segundo sector, este martes el juez federal de Morón Juan Pablo Salas le pidió al gobierno provincial que impida el ingreso de nuevos intrusos y de materiales al predio tomado.
En el mismo fallo, el magistrado consideró que el predio pertenece a la órbita del gobierno bonaerense, por lo que se declaró incompetente en la causa, que ahora pasó a manos de la Justicia provincial de Morón.
Tanto el gobernador Daniel Scioli como la mandataria electa, María Eugenia Vidal, repudiaron la usurpación, en medio de las negociaciones entre ambos para el traspaso del poder el próximo 10 de diciembre.
A la vez, continuaron los cruces entre el intendente de Merlo, Raúl Othacehé, uno de los barones derrotados en agosto, y el electo Gustavo Menéndez, quienes se señalan mutuamente como responsables de alentar la toma de tierras.
Menéndez sostuvo que le están dejando "una bomba de tiempo" en Merlo, aunque se comprometió a "desactivarla" a partir del 10 de diciembre próximo, mientras que Othacehé salió duro al cruce del intendente electo, lo responsabilizó por la toma y señaló que "está ligado a las drogas y a la delincuencia".
"Esta es la política que no queremos", expresó por su parte la gobernadora electa María Eugenia Vidal, para referirse a este tema.
Se espera que la Justicia ordene el desalojo porque los propietarios están reclamando con todo su derecho.
Vidal: "Síntoma de un fin de ciclo"
El asentamiento ilegal en las 60 hectáreas del predio ubicado sobre la ruta 1003 fue repudiado por el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, y también por la mandataria electa, María Eugenia Vidal, quien responsabilizó a la gestión provincial por la usurpación.
El candidato presidencial del Frente para la Victoria se expresó, sin embargo, "absolutamente en contra de las tomas ilegales" y afirmó que está "trabajando para normalizar la situación sin ningún tipo de violencia". "Nosotros estamos absolutamente en contra de las tomas ilegales. Cuando hay este tipo de situación, obviamente estamos con el intendente electo (Gustavo Menéndez) trabajando en esta cuestión, y fundamentalmente para normalizar esto sin ningún tipo de violencia", sostuvo el mandatario provincial.
Por su parte, Vidal aseguró que la "responsabilidad" de la toma de tierras es de Scioli y del intendente de Merlo, Raúl Othacehé, uno de los barones derrotados en el conurbano, que dejará su cargo el próximo 10 de diciembre.
"No es la primera toma que me toca enfrentar, pero hoy es responsabilidad del Gobierno de la Provincia y el intendente actual de Merlo enfrentar esa situación", subrayó Vidal, al hacer referencia a la situación similar que tuvo lugar años atrás en el parque Indoamericano de la Ciudad.
En declaraciones a la prensa durante un acto junto al candidato presidencial Mauricio Macri, la gobernadora electa catalogó la usurpación como un "síntoma de fin de ciclo".