La Cámara Federal de Casación Penal dispuso la reapertura de una investigando a Axel Kicillof, Guillermo Moreno y Alejandro Vanoli, por una tumultuosa asamblea del Grupo Clarín en la que estuvieron presentes el 25 de abril de 2013.
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La Cámara Federal de Casación Penal dispuso la reapertura de una investigando a Axel Kicillof, Guillermo Moreno y Alejandro Vanoli, por una tumultuosa asamblea del Grupo Clarín en la que estuvieron presentes el 25 de abril de 2013.
Los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi, con la disidencia de Mariano Borinsky, anularon un fallo de la anterior instancia y dispusieron que se siga investigando el hecho en el que participaron el ministro de Economía, el exsecretario de Comercio Interior y el presidente del Banco Central de la República Argentina.
El fallo, con fecha de este jueves, recién se dio a conocer ayer en plena veda electoral y en la previa al balotaje presidencial de mañana domingo.
La causa iniciada por una denuncia del Grupo Clarín había sido archivada en primera instancia por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, tras un dictamen del fiscal que consideró la inexistencia de delito. La Cámara Federal dispuso que el magistrado se pronuncie sobre el fondo, esto es, si había o no delito, y Canicoba Corral volvió a archivar la denuncia, al considerar que no existió.
El fallo fue ratificado por los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, pero la querella apeló ante Casación Penal, que ahora dio vuelta la situación.
Los jueces Riggi y Catucci votaron por reabrir la investigación que tiene en la mira a Kicillof, Moreno, Vanoli y también a Daniel Reposo, actual jefe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
Los funcionarios, en su carácter de representantes de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, participaron de la cuestionada asamblea del Grupo Clarín en abril de 2013.
Según la denuncia hecha por la empresa, los integrantes del Gobierno "mantuvieron una actitud hostil, con groseras agresiones para con las autoridades de la asamblea y accionistas". Incluso, advirtieron que Moreno hizo referencias a su "intención de quedarse con la empresa".
La acusación apuntó también a que Moreno permitió el ingreso de personal no autorizado a la asamblea, como fue el caso de su esposa, Marta Casales.
Para los denunciantes, se intimidó y amedrentó a los presentes, "logrando infundir temor de sufrir un mal grave e inminente".
En el fallo, los jueces advirtieron "que tampoco es posible descartar a esta altura la posible configuración del delito de abuso de autoridad".
Según se "desprende de los términos de la denuncia, los funcionarios públicos que estaban legalmente facultados a intervenir en la asamblea, habrían ingresado al establecimiento conjuntamente con un grupo de personas que no se encontraban autorizadas a participar de la reunión".